Cinque Terre

José Buendía Hegewisch

¡“Houston” llamando al Congreso! ¡Responda!

El costo para el gobierno y Congreso de patear hacia delante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) o de diluirlo se ha encarecido con la presentación de otras 324 mil 667 firmas de la Ley #3de3. Ya antes un frente opositor en el Senado había exhibido las resistencias del PRI-Verde. En efecto, el tema se estancó antes de entrar otro vendaval del exterior con los Papeles de Panamá que exhiben inversiones de élites locales políticas y económicas alrededor del mundo en paraísos fiscales, entre ellos el contratista de la Casa BlancaJuan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, el mayor escándalo sobre corrupción del sexenio.


Las organizaciones civiles detrás de la Ley #3de3 presionarán para que salga en este periodo de sesiones y ahora promueven tuits o postear en el FB de los senadores en una especie de estrategia de “primavera” mexicana contra la corrupción.  Las bancadas del PRD y el PAN firmaron un acuerdo para procesar el dictamen por parlamento abierto para trasparentar a las organizaciones la negociación. En reacción a todo ello, las comisiones en el Senado han acordado una ruta para aprobar el SNA en dos semanas, aunque hay un centenar de observaciones de cambios a la iniciativa.


El activismo y la presión de los empresarios ha logrado mover la voluntad de los legisladores del PRI y Verde tres pasos atrás de la despreocupación del “al fin en México nunca pasa nada”. Ni hubo responsables por la investigación de la Casa Blanca, las denuncias de tráfico de influencias por inmuebles de miembros del gabinete de Peña Nieto o señalamientos de la ASF por desvío de recursos en gobiernos de los estados como el del priista Javier Duarte. Nadie espera que algo ocurra con la revelación de los Papeles de Panamá sobre lavado de dinero y evasión que implican a empresarios mexicanos cuando el propio SAT ha advertido que las “faltas” no necesariamente implican actos ilegales de corrupción. La impunidad es el flanco más débil del país en su imagen exterior y nadie cree que se resuelva sólo con nuevas leyes.


La percepción sobre la corrupción radica  en que nunca hay responsables. La crisis de impunidad que atraviesan las instituciones demuestran que el avance de transparencia de hace más de una década  no alcanza para combatir la corrupción. Los escándalos periodísticos como las filtraciones de la Casa Blanca y los Papales de Panamá se quedan en condenas mediáticas y la idea de que la autoridad miente con desvergüenza para preservar redes de complicidades. México ocupa el segundo lugar de 59 entre los países más impunes, según el Índice Global de Impunidad. El mayor aporte de la Ley #3de3 es  comprender la corrupción como un problema sistémico y privilegiar mecanismos de investigación y fiscalización para romper los ciclos de impunidad. Su aprobación forma parte de un catálogo de seis leyes secundarias para el funcionamiento del SNA, que nació de una reforma constitucional y que por mandato de ley debía entrar en funciones en mayo. Aunque ni los plazos legales habían servido para convencer a los legisladores de salir de su zona de confort.


La mayor presión de organizaciones civiles y de empresarios deja ver si ha llegado la hora de transformarse a las instituciones de fiscalización y procuración de justicia, sin las cuales cualquier ley será omisa frente a la corrupción.  El costo de la impunidad amenaza al propio Estado. Por eso creer que crezca la conciencia de que el cambio en ellas no admite dilaciones.



Este artículo fue publicado en excélsior el 07 de Abril de 2016, agradecemos a José Bunedía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página

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