Cinque Terre

Luis de la Barreda Solórzano

Hágase mi voluntad

El autócrata quisiera que, como Dios, cuando él dijera fiat lux la luz se hiciera sin dilación y sin que nadie pudiese escudriñar el proceso por el cual se obedeció su orden indiscutible.

Y también quisiera ser obedecido, sin que nadie chistara, en todas y cada una de sus decisiones sin que éstas fueran examinadas, valoradas, discutidas, antes de ser ejecutadas.

El autócrata busca actuar sin que se atienda más que a su arbitrio, sin tener que ceñirse a los latosos procedimientos y requisitos que le impone la ley, ese estorbo que tanto le irrita, pues obstaculiza el cumplimiento ipso facto de sus designios.

Con el acuerdo que declara de seguridad nacional la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno federal, el Presidente ha vuelto a proceder como un autócrata.

Con ese acuerdo, la realización de esas obras quedará exenta de toda restricción, de toda supervisión y de todo control. Nadie podrá obtener información al respecto ni contar con medios legales para inconformarse.

El acuerdo hiere el corazón del Estado de derecho, que sólo es viable si la autoridad, toda autoridad, se ciñe a las pautas que le marca la ley, sobre la cual no puede estar acuerdo o decreto alguno.

La obligación de la autoridad de ajustar sus actos a lo que dispone la ley tiene como finalidades, entre otras, impedir arbitrariedades de los servidores públicos, consagrar los derechos de los particulares frente a los actos de abuso de poder, otorgar a todo individuo herramientas jurídicas para defenderse de los atropellos autoritarios.

Si los actos de autoridad no pueden ser conocidos por los ciudadanos o éstos no disponen de mecanismos para protegerse de las tropelías de la autoridad, se abren de par en par las puertas a la corrupción y la arbitrariedad.

En Latinus, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje que revela graves irregularidades en los contratos asignados por el Ejército en la realización de la obra del aeropuerto de Santa Lucía. No hubiera sido posible ese reportaje sin que se tuviera acceso a esos contratos.

La respuesta del Presidente no ha sido la de refutar la noticia o solicitar a la Fiscalía General de la República que tome cartas en el asunto, sino la de expedir un acuerdo en virtud del cual sus proyectos y obras de infraestructura serán inaccesibles a los ciudadanos, que, además, no podrán ampararse contra tales proyectos y obras.

Como advierte Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el acuerdo “da un golpe a la transparencia y a la rendición de cuentas, además de abrir espacios para los, de por sí, ya alarmantes niveles de corrupción e impunidad en nuestro país”.

El acuerdo es evidentemente inconstitucional. Hace nugatorios el derecho al amparo y los derechos a la información, a la protección del medio ambiente, a la competencia a través de licitaciones que garanticen la óptima contratación y a la defensa de las comunidades que pudieran resultar afectadas.

El acuerdo impide que los ciudadanos seamos debidamente informados de cómo se estarán utilizando los recursos públicos, es decir, el dinero que sale de nuestros bolsillos a través de los impuestos.

El acuerdo es perfectamente afín a las numerosas muestras de autoritarismo que ha dado el Presidente, pero es incompatible con un Estado de derecho democrático, en el que no cabe excluir a los ciudadanos de la información sobre obras que se realizan con las aportaciones de todos ellos ni privarlos de la posibilidad de recurrir al juicio de amparo si consideran que esas obras violan sus derechos.

En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inconstitucionalidad del acuerdo, pero sabemos que, por los tiempos del alto tribunal, esa declaratoria puede demorar y, mientras tanto, los ciudadanos estaremos indefensos ante las obras de infraestructura del gobierno federal.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 02 de diciembre de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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