Si sus palabras, las de terminar con la corrupción y la impunidad, fuesen genuinas, Andrés Manuel López Obrador utilizaría apenas algunas horas de su tiempo para, apoyado por sus múltiples asesores, elaborar una denuncia en contra de uno, de varios o de todos los expresidentes que aún viven. Con la denuncia en sus manos y acompañado de los medios de comunicación, encaminaría sus pasos hacia alguna de las muchas agencias de la Fiscalía General de la República y, ante el fiscal de turno, presentaría dicha denuncia acompañada de las respectivas pruebas, de todas con las que cuente y de otras de las que pudiese allegarse para hacer más consistente su solicitud de aplicación irrestricta de la ley ante presuntos agravios al patrimonio público y a los bienes de la Nación cometidos por los exmandatarios y otros altos funcionarios que lo fueron de la administración pública federal. Con la demanda debidamente presentada, realizaría una conferencia de prensa en cadena nacional para informar a la nación del contenido de la demanda presentada, de las pruebas añadidas y, con ello, dar evidencia del deber cumplido y veracidad a sus discursos en contra de la corrupción.
Pero esto no sucederá nunca porque López Obrador no tiene ningún propósito que sea genuino para que la ley y la justicia se apliquen ante los actos de corrupción que pudieron haber cometido los expresidentes. En sentido contrario, lo que en verdad busca López Obrador es engañar a la gente y, de nueva cuenta, lograr desviar su atención hacia el escándalo circense, hacia lo vano y pueril, para así intentar velar la gravedad de la crisis social que padece el país, la creciente ingobernabilidad y la perdida de solvencia ética y política que experimenta su gobierno.
La consulta popular que anuncia López Obrador es una gran farsa porque la vigencia de la ley no se consulta y porque las leyes, la Constitución y el Estado de derecho no pueden ser sustituidas por consultas, aunque en ellas participen millones de electores.
En 1947, en plena dictadura, Francisco Franco llevó a cabo un referéndum para restablecer el reino de España, para imponer un Estado católico y para legitimarse como jefe del Estado. Las masas españolas asistieron a las urnas y ratificaron la dictadura, que asumió el poder mediante un golpe de Estado y una cruenta guerra civil que desterró y quitó la vida a cientos de miles de españoles.
Las formas de democracia participativa, los plebiscitos, los referendos, las consultas, no pueden ser utilizadas para desconocer las leyes y de esa manera legitimar dictaduras.
