Cinque Terre

Julián Andrade

Escritor y periodista.

El fraude a la Constitución

La idea de consultar a la ciudadanía sobre si los expresidentes deben ser indagados y, en su caso, llevados a juicio, es un disparate, como ya habían apuntado diversos analistas, pero es algo más: un fraude a la Constitución, como deja claro el ministro Luis María Aguilar Morales en el proyecto que elaboró al respecto, que será discutido próximamente.

En el fondo, detrás de la solicitud de consulta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que existe es la idea de que la Constitución puede activar su propia destrucción si así lo quiere el pueblo. Pero no, el entramado legal contiene corazas que impiden su destrucción.

¿Por qué sería un fraude? Porque la propia Constitución obliga a la aplicación de la ley para quienes cometen delitos y previene las garantías necesarias para las víctimas.

Imaginemos: si la mayoría decidiera que los expresidentes que pudieron cometer un delito no deben ser investigados y juzgados, se dejaría en la indefensión a quienes fueron dañados o perjudicados por las acciones de los gobernantes. Es más, se impediría cualquier tipo de investigación en el futuro, porque se establecería, en los hechos, una suerte de amnistía.

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Pero si la ciudadanía decidiera proceder contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se violaría la presunción de inocencia, se rompería con la igualdad de la ley, se pervertiría el debido proceso y se atentaría contra los derechos humanos.

El error, como se aprecia, es esférico, y por ello lo catalogó el ministro Aguilar Morales como un “concierto de inconstitucionalidades”. Es decir, no hay ángulo salvable desde la perspectiva del derecho y ello es muy grave.

En el fondo, el ministro señala lo que ya se sabía: si el presidente López Obrador conoce de delitos cometidos por exservidores públicos y tiene pruebas, debe presentar las denuncias para que las autoridades competentes hagan su trabajo.

También sabemos que no cuenta con indicios que puedan ser llevados ante un tribunal, pero ello no impidió que se buscara un atajo que es todavía más pernicioso por lo que pudiera implicar para el futuro de la sociedad democrática de derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación impedirá la consulta, pero en Palacio Nacional debería reflexionar sobre la utilidad del derecho para no entrar en callejones sin salida que solo causan división y crispación.

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