Antes de entrar al tema de esta columna, permítame hacer un reconocimiento expreso y políticamente incorrecto al presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su último informe de gobierno y el final de su sexenio. El lunes, durante el evento realizado en el Palacio Nacional, el presidente manifestó su convicción de que las reformas estructurales aprobadas durante su gobierno fueron su principal logro. Coincido plenamente con él. Ya en este espacio he manifestado mi opinión en el sentido de que mucho del malestar social dirigido a la persona del presidente fue producto de una campaña magistralmente orquestada por los grupos de interés, cuyos privilegios fueron trastocados por las reformas, ya sean maestros, electricistas, telefonistas o magnates. Todo aquel al que las reformas obligaron a salir de su zona de confort se dedicó a magnificar los errores del presidente o simplemente a atribuirle de manera personal las responsabilidades y los delitos de otros. Sé que, como los salmones, voy contra corriente y que mi reconocimiento al presidente Peña será respondido con tuitazos incendiarios. No importa. Cuando los ánimos se aplaquen y la realidad demuestre que un presidente no lo sabe todo ni lo puede todo, la historia reconocerá las reformas del presidente Peña Nieto. Por algo, ninguno de sus antecesores se había atrevido a tocar esos sectores tabú del imaginario político de México. Va, por tanto, un solitario aplauso al presidente por lo que se atrevió a hacer y un abrazo solidario por todos los muertos (literal) que le colgaron de manera tendenciosa.
De entre las reformas promovidas por el presidente Peña, la de telecomunicaciones es la que con mayor rapidez y claridad se ha visto reflejada en el bienestar de los mexicanos. Con la desaparición de la larga distancia, la disminución dramática en las tarifas de interconexión, la compartición de infraestructura, la prohibición del efecto club y el ingreso de nuevos competidores, los precios y calidad de los servicios de telecomunicaciones han mejorado de manera muy significativa. Aún queda pendiente el fomento a la competencia efectiva, dado que la concentración de mercado en un solo agente sigue siendo excesiva. 6 de cada 10 pesos de los ingresos totales del sector corresponden exclusivamente a América Móvil. Del lado de la radiodifusión, se otorgaron cientos de nuevas concesiones de radio y televisión y con la multiprogramación hay la posibilidad técnica de que muchos más salgan al aire.
No obstante, es cierto que aún quedan decenas de millones de personas sin acceso constante y permanente a las telecomunicaciones, sobre todo en zonas rurales. El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está analizando opciones creativas para ampliar la cobertura de los servicios, ya sea a través del arrendamiento de espectro a concesionarios comunitarios o indígenas o mediante la creación de un fondo de cobertura social, a partir del cual se puedan otorgar subsidios quirúrgicamente dirigidos a comunidades específicas, o bien, a través de una mezcla de ambas.
En los foros de análisis especializados en telecomunicaciones, hay quienes se oponen a la creación de fondos de cobertura social y consideran que es más eficiente imponer compromisos de cobertura a los operadores comerciales. De hecho, en la última licitación de frecuencias en la banda de 2.5 GHz, el Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso a AT&T y Telefónica Movistar obligaciones especiales de cobertura rural. Del mismo modo, en días pasados Sebastián Cabello, director para América Latina de GSMA, declaró que los fondos de cobertura social que se han tratado de implementar en la región han fracasado, porque lo recaudado termina yéndose al gasto corriente del gobierno y no al sector. En mi opinión, es más eficiente recaudar un impuesto etiquetado para la cobertura social y licitar los servicios entre todos los operadores de manera pública y transparente que imponer obligaciones de cobertura a unos sí y a otros no, o que el pretexto de la cobertura social sirva para mantener estática a la competencia en las zonas que son comercialmente rentables. Esta última historia ya la vivimos durante el sexenio de Fox y sólo sirvió para imponer barreras artificiales de entrada al mercado, sin que se pudiera saber cuántos recursos efectivamente se destinaban a la cobertura social.
Este artículo fue publicado en El Economista el 5 de septiembre de 2018, agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
