Mucho ha sido escrito sobre el cese (expedito pero denegado) de Jorge F. Hernández por parte de la SRE ante la defensa que de la lectura por placer hiciera luego de las ya injuriantemente célebres declaraciones del director de Materiales Educativos de la SEP Marx Arriaga, quien caracterizara dicha práctica como asociada al “capitalismo de consumo”. Me parece, sin embargo, que a manera de muñecas rusas –o acaso soviéticas– el problema entraña otro igualmente importante, y de resolución moral e intelectual mucho menos expedita.
Jorge F. Hernández. Foto: Twitter
Arriaga hizo la declaración de marras en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, a la que acudió a dictar una conferencia ante un público de docentes en formación. La reacción de Hernández a ésta, en cambio, se produjo no en un espacio institucional sino en dos privados: publicó primero un artículo –en el que ni siquiera alude al funcionario por nombre– en Milenio, y después concedió una entrevista al respecto a Gabriela Warkentin y Javier Risco en W Radio. Estos datos no son irrelevantes, y habrá que desmenuzarlos.
Al momento de sus pronunciamientos, Arriaga y Hernández eran servidores públicos. El primero es un académico y un funcionario que acudía en dichas capacidades a una escuela pública a ofrecer a una conferencia: su alocución, por tanto, buscaba inculcar a un público especializado en un entorno académico unas presuntas buenas prácticas que, dado el contexto, cabe equiparar con la visión del Estado mexicano.
Arriaga acudía a un espacio institucional en una capacidad institucional y por tanto cabe comprender lo que expresara como visión institucional, lo que avala el silencio que guardaran sus superiores tras el comprensible escándalo derivado de sus dichos y resulta enormemente preocupante para quienes pensamos que la única manera de formar lectores –y por tanto ciudadanos que ejerzan el pensamiento crítico– es hacer que las personas hagan suya la lectura, la vean como un estímulo deseable y no como una obligación escolar o, peor, como un proceso encaminado a una suerte de purificación espiritual… o acaso ideológica.
A diferencia de Arrriaga, Hernández no sólo no dijo en un espacio institucional sus piensos –por cierto más tendientes a las buenas prácticas docentes y a la construcción de ciudadanía que debería promover un gobierno democrático, aun cuando no fuera esa su intención– sino que no concurrió a ellos como funcionario: en ambos espacios no sólo se ostenta como escritor sino que en momento alguno aborda asuntos inherentes a su competencia pública. A Milenio, a W Radio, Hernández concurrió como escritor y, más aún, como ciudadano, derecho al que ninguna Ley obliga a los funcionarios públicos a renunciar.
Es aquí donde pende una discusión, que podría servir para analizar casos que van del de Jorge F. Hernández al de Pedro Salmerón hace unos meses… al mío propio hace unos años: la pregunta por los derechos a la libre expresión del funcionario público, y particularmente del que tiene una voz autoral construida en los libros y/o los medios de comunicación con antelación, y cuyo ejercicio sigue cultivando de manera paralela.
A mi juicio, un ciudadano no puede ni debe abjurar del derecho a la libre expresión que le corresponde al momento de asumir un cargo público. Esto, sin embargo, entraña una delimitación clara de los espacios en que la ejerce. A mi juicio, tanto Hernández como Salmerón –con quien, por cierto, disiento en casi todo casi siempre– como yo así lo hicimos cuando proferimos ideas que resultaron provocadoras para un sector de la opinión pública, o aún del poder –todos en espacios no institucionales y a título personalísimo–, que redundaron en nuestros ceses. No es éste, en cambio, el caso de Arriaga, quien sigue empleado por un gobierno que comparte su perniciosa visión.
Mi juicio, sin embargo, es insuficiente: queda un debate por dar, y mucho me temo que es no sólo ético sino también jurídico.
IG: @nicolasalvaradolector
