Cinque Terre

Ricardo Becerra Laguna

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Economista. Fue subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad luego de los sismos de 2017. Presidente del Instituto para la Transición Democrática.

Volver a lo (más) básico: El financiamiento público a los partidos políticos

En 1994 había un país llamado México. En esa nación se celebraban elecciones presidenciales cada seis años y desde hacía 65 años ganaba siempre, puntualmente, el mismo partido. En aquellos comicios de 1994, se habían hecho un montón de cambios organizativos para lograr algo muy básico: que los votos se contarán y se respetaran escrupulosamente. Y eso ocurrió, felizmente.

No obstante en ese país un solo partido podía disponer y gastar de un montón de recursos prácticamente sin límites. En ese México, en el que siempre ganaba el PRI, el financiamiento público a los partidos políticos era muy bajo y el régimen de fiscalización de sus dineros, muy débil. Y pasaban cosas como esta.

El PRI gastó 2.5 veces lo que todos los demás partidos juntos, 4 veces más que el PAN y casi 12 veces lo que el PRD y todo esto fue meticulosamente documentado por el IFE recientemente renovado en esos años. Podía decirse que fue la primera elección limpia, sin alteración de la voluntad popular, pero en modo alguno fue una contienda pareja, equilibrada, justa.

¿Qué pasaba en las demás elecciones? Cosas peores. El PRI desembolsó 77 por ciento del gasto en la campaña para senadores, el 81.2 por ciento para diputados y el 77.7 por ciento en la campaña de la Asamblea del Distrito Federal.

Los reformadores de entonces discutieron e idearon una fórmula, entonces tan polémica como ahora: como la estructura nacional del PRI no podría asimilar una reducción y “hacerse chaparra” para parecerse a la de los demás partidos (equivalía a trozarlo en la mesa) entonces se incrementarían los recursos transparentes y públicos al resto de los partidos, bajo el mandato de un formulario matemático preestablecido de antemano:

Se produce una bolsa de dinero = número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral X el 65 por ciento del valor UMA.
Esa bolsa se divide. El 70 por ciento se entrega a cada partido conforme a la votación anterior (a diputados). El 30 por ciento de manera igualitaria.

Lo básico: la Constitución produce una bolsa grande y luego la reparte mezclando dos criterios: el proporcional (a los votos) y el estrictamente igualitario. A esa mezcla se le conoce como “criterio equitativo” en la jerga electoral mexicana. Pero veamos su primer efecto, allá en el año de 1997.

El PAN recibió más de doce puntos porcentuales del financiamiento público, el PRI cinco puntos menos, el PRD más de nueve y el PT casi siete puntos más, siempre de una bolsa mucho mayor. ¿Lo ven? Ya en el comienzo de las campañas electorales de 1997, los partidos políticos contaban con unos recursos mucho mayores y mucho mejor distribuidos que en la contienda anterior inmediata de 1994. El objetivo estaba allí: dinero suficiente para la política, recursos fiscalizables, transparentes y mejor distribuidos.

¿Es casual que después de esta reforma en las condiciones materiales de la competencia, haya sobrevenido la alternancia en la Presidencia de la República y que México haya entrado en su etapa de mayor competitividad política, en todos los órdenes de gobierno? No lo creo.

La democratización de ese país y la distribución efectiva del poder político, ocurrió en gran parte, porque la pluralidad y las oposiciones tuvieron recursos legítimos para hacer su trabajo y competir en un plano razonable donde no aparecen apabulladas de antemano.

Pero el financiamiento público tiene otra virtud indiscutible: se puede rastrear, peso por peso, es fiscalizable y en esa medida, obliga a que las actividades de los partidos sean comprobadas y conducidas dentro de la ley. El dinero privado tiene, exactamente, el efecto contrario: es el que se usa para ejecutar lo que la ley NO permite.

Olvidar esta historia, olvidar porque las cosas han llegado a ser lo que son, es entregarse a una amnesia autoritaria.

La reducción del financiamiento tiene un efecto obvio: beneficia solamente a un participante, al partido que está en el gobierno y que todos los días aparece y usa los recursos públicos del conjunto del Estado mexicano. Reducir con una guadaña al financiamiento público de los partidos es regresar a un escenario abusivo y desequilibrado del que escapamos después de 1994. Todos los asistentes a la competencia democrática serían afectados, todos, menos uno: el que detenta el poder público. Sería la primer reforma regresiva, contra la equidad electoral en más de dos décadas de historia política de México.

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