jueves 28 marzo 2024

Fe en Chile y su destino

por Pedro Arturo Aguirre

Chile está a punto de emprender un sensacional e inédito experimento político el cual podría desembocar en una renovación a fondo de su democracia. Alienta saber que en estos tiempos de resurgimientos autoritarios hay un país que en lugar de caer en el embrujo de algún caudillo mesiánico prefiere optar por la deliberación ciudadana y el consenso para tratar de corregir los defectos de su sistema político. Los resultados de las elecciones para elegir al Congreso Constituyente fueron espectaculares: casi un tercio de los escaños (48) serán ocupados por ciudadanos independientes, los partidos tradicionales fueron notablemente castigados en las urnas, con la derecha consiguiendo solo 37 escaños y la centroizquierda (engloba aún en la llamada Concertación, último bastión de la socialdemocracia en Chile) solo 25, superada por la izquierda antiliberal de Partido Comunista y el llamado “Frente Amplio” (28). Las listas de independientes tienen en común su origen en los movimientos sociales de octubre 2019 y su éxito mucho habla de la marcada distancia que prevalece entre los electores y la clase política. También, por cierto, cabe destacar la pobre participación electoral, la cual supuso apenas un 41 por ciento del padrón, la “piedrita en el frijol” de la jornada.

La presencia de tantos independientes despierta la esperanza de que la redacción de la nueva Carta Magna se vea beneficiada por un aire fresco y de genuina renovación, pero también conlleva ciertos riesgos. Varios países del mundo han sido testigos del fracaso de organizaciones meramente “ciudadanas” que terminan en caos por carecer de un mínimo de rasgos identitarios o programáticos comunes. Para los defensores de la política tradicional el exceso de independientes obstaculizará el arribo a los necesarios consenso en la ardua tarea de elaborar una Constitución. También se teme que, por influencia de tanta gente con poca “experiencia política”, el nuevo texto caiga en la tentación de tratar de ser demasiado “garantista”. Toda constitución tiene fundamentalmente dos partes, una sección dedicada a la organización del poder y otra relativa a las declaraciones de derechos. Esta segunda parte ha experimentado cambios muy significativos en todo el mundo desde comienzos del siglo XX. Los listados de derechos son cada vez más amplios y generosos, tanto que llegan a convertirse en irrealizables. Pero por mas que le pese a algunos, el constitucionalismo mundial comenzó a adoptar, de forma más o menos explícita, más o menos rotunda, significativas listas de derechos sociales, económicos y culturales. Ahora bien, se trata de evitar que las declaraciones de derechos se conviertan en un desiderátum interminable, largas enunciaciones de fantasías y buenas intenciones. Sucede con las constituciones demasiado garantistas que al crear expectativas difíciles o imposibles de cumplir terminen por agravar la insatisfacción ciudadana con la democracia.

Los electores esperan cerca de una mesa de votación durante la jornada para seleccionar a los miembros de la asamblea que redactarán una nueva Constitución en Santiago, Chile // ESTEBAN FELIX – AP

En Chile hay un amplio consenso para incorporar de forma más explícita derechos en temas como la educación, salud y seguridad social. También estarán presentes derechos humanos considerados “de segunda generación”, como los relativos al medio ambiente, la no discriminación y las poblaciones originarias. Este último renglón será axial en los trabajos de la Convención Constitucional, la cual incorporará a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10 pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas. Demandarán la creación de un Estado plurinacional, como el vigente hoy en Bolivia y Ecuador, que acepte su autonomía y sus derechos. Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento manifiesto de los pueblos indígenas en su Carta Magna. También los pueblos originarios, sobre todo los mapuches, demandarán algunas reparaciones históricas. Tienen reclamos centenarios sobre tierras. Obviamente será un renglón complicado, pero llegar a un arreglo en este tema será indispensable. Casos parecidos como los que presentan de Canadá y Nueva Zelanda podrían servir de inspiración.

No menos trascendental será la definición de la forma de gobierno. Como en el resto de América Latina, en Chile el presidencialismo constantemente demuestra su disfuncionalidad. Sin embargo, si algo ha caracterizado a las reformas constitucionales recientes en Latinoamérica (además de ampliar de demagógicamente la lista de garantías) es fortalecer aun más el presidencialismo y ensanchar las posibilidades de reelección presidencial. Polvos de los lodos populistas. Pero Chile tiene la oportunidad de ponerle fin al presidencialismo exacerbado. Hay en el país una amplia corriente favorable a adoptar un sistema parlamentario. Chile ya tuvo una breve experiencia en este sentido. Tras la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891 se impuso en el país un incierto régimen político semiparlamentario, el cual perduró hasta 1925. Pero no se piense que fue un sistema “a la inglesa”, ni siquiera se instituyó la figura de primer ministro, solo se limitó el poder presidencial. Por ejemplo, si bien el Presidente de la República podía designar a sus ministros libremente, estos debían rendir cuenta de sus actos ante el Senado y la Cámara de Diputados, en las llamadas “interpelaciones” y podían ser destituidos por los congresistas. Ello se tradujo en constantes cambios en los gabinetes, en inmovilismo gubernamental y en falta de acción ante la denominada “cuestión social”. La realidad política actual en Chile se caracteriza por un agudo multipartidismo y la experiencia comparada demuestra que éste funciona mejor en sistemas parlamentarios que en presidenciales. Pero, por otro lado, la elección directa del Presidente de la República se encuentra fuertemente arraigada en Chile. Asimismo, y como sucede en otras latitudes, el Congreso suele ser impopular. No hay varitas mágicas en esto de garantizar gobernabilidad y buen gobierno, pero quizá la adopción de un sistema semipresidencial como el que funciona en Francia puede aparecer como una alternativa digna de explorar por los constituyentes chilenos.

Chile está en una magnifica encrucijada de su historia de la cual puede salir con su vida demócrata reforzada, pero también podría ser que el experimento acabe en desconcierto y desencanto si no se construyen los consensos políticos necesarios. ¿Ganará la voluntad democrática conducida con realismo y responsabilidad, o todo lo estropearan los populistas, mesiánicos, imprudentes y oportunistas? Hay que ser optimistas y, parafraseando el último discurso de Salvador Allende, tener fe en Chile y su destino.

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