Un texto de: Mónica Amilpas García y Tania Roque Medel, académicas de la FCPyS / UNAM

Las mujeres y las niñas estamos expuestas en nuestro día a día, a diferentes tipos de violencias. Ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en nuestras comunidades, en la política, en las instituciones y hasta en el ciberespacio, sufrimos agresiones que tienen consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales. Cualquiera de estas manifestaciones constituye una grave violación a nuestros derechos humanos.

Estas violencias no sólo son perpetradas de manera física, emocional, sexual y económica por parte de nuestras parejas sentimentales, sino también, por las organizaciones en las que trabajamos, al discriminarnos o negarnos el acceso a puestos de toma de decisiones por nuestra condición de género y por consiguiente a salarios igualitarios; y por las instituciones gubernamentales que minimizan o niegan en sus discursos y políticas públicas, la existencia estructural de dichas violencias.

En México, si bien existe un amplio marco normativo que protege los derechos de las mujeres y las niñas al buscar garantizar su acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, la falta de perspectiva de género de quienes integran las instituciones gubernamentales y de quienes elaboran las políticas públicas, ha hecho difícil alcanzar este objetivo e incluso, se han incrementado los casos de violencia en todas sus modalidades y en todos los ámbitos.

Los estereotipos y roles de género, dan origen a desigualdades estructurales que ubican a las mujeres, adolescentes y niñas, en condiciones de alta vulnerabilidad, reforzando la idea de que existen en minusvalía respecto a los hombres. La sociedad ha normalizado y por ende invisibilizado, las distintas modalidades de violencia que se ejerce contra las mujeres.

La violencia feminicida se ha agudizado en los últimos años, y en la coyuntura actual con la Pandemia por el Virus COVID-19, ha habido un incremento, tanto en el número de denuncias, como en la cantidad de feminicidios.

De acuerdo con información del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género¹ de la Cámara de Diputados en los últimos 5 años, la tendencia nacional de delitos de feminicidio, se incrementó en 139.17%.

Para tener la referencia actualizada, si comparamos las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso reportadas en 2015, tenemos que en aquel año se reportaron 2 mil 146 muertes de mujeres y en 2019, esta cifra se incrementó a 3 mil 805, pasando de seis, a más de diez víctimas diarias.

En tanto que en esta pandemia, las llamadas de emergencia al 911, de entre febrero a abril de este año, comparadas con el anterior, se han incrementado en más del 60%.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades?

Desde las instancias de gobierno se ha negado esta realidad. Hemos escuchado al titular del poder Ejecutivo Federal, señalar que el 90% de las llamadas recibidas en el 911, son falsas. Y recientemente se ha desplegado la campaña nacional #CuentaHasta10, con la que se demuestra que, desgraciadamente, no sólo hay falta de sensibilidad, respecto de la realidad que sufren millones de mujeres violentadas, sino que, en el gobierno no existe personal capacitado con perspectiva de género, capaz de desarrollar una adecuada política pública que conduzca a la prevención, atención, sanción y erradicación, de las distintas modalidades de violencias en razón de género.

La propuesta Cuenta Hasta 10, retoma una vieja campaña que saliera en la última década del siglo pasado. La campaña presentada por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, minimiza el grave problema de la violencia de género, con lo que las autoridades invisibilizan, una vez más, esta realidad que acaba con la vida de miles de mujeres, adolescentes y niñas.

Cuando se niega la existencia de las llamadas de auxilio y se minimiza la violencia estructural contra el género femenino pensando que, con respirar y contar hasta 10, se resuelve el problema, lo que en realidad se hace es empatizar con los violentadores, generando irremediablemente una modalidad más de violencia contra las mujeres: la institucional.

La gravedad de esto radica en que, cuando se destinan recursos millonarios a la implementación de campañas de comunicación, que nos invisibilizan, en realidad nos condenan a morir en silencio. Y la violencia institucional es tanta, que las muertes por feminicidio ni siquiera son contabilizadas como tal, sino como homicidios dolosos. Es decir, ni estando muerta, se le reconoce a la víctima que sufría violencia en razón de su género.

Ya ni hablar de la desaparición presupuestaria para apoyar a refugios, estancias infantiles o casas de atención a mujeres indígenas y afromexicanas, que originalmente fueron etiquetados en el PEF 2020.

Las expectativas no son nada halagüeñas, a las mujeres no nos resta más que organizarnos y elevar la voz, para exigir el respeto pleno a nuestros derechos humanos, y por lo pronto, exigir que salga del aire la campaña #CuentaHasta10, y que los recursos de la Nación se utilicen en el diseño e implementación de verdaderas políticas públicas, que sean eficaces y eficientes para prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas violencias de género que sufren miles de mujeres en México.

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1 “Violencia contra las mujeres en cifras”, CELIG, Cámara de Diputados, 25 de mayo de 2020.