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Luis de la Barreda Solórzano

Exterminar al INE

¿Alguien hubiera podido imaginar que el líder de Morena, el partido en el poder, llegara al extremo, en la espiral de autoritarismo y arbitrariedad con que se nos está gobernando, de amenazar con exterminar (ésa fue la palabra que utilizó) al Instituto Nacional Electoral (INE) y someter a los consejeros a juicio político a fin de que se les destituya y se les inhabilite?

El Presidente ha atacado al INE en reiteradas ocasiones, a pesar de que llegó a la Presidencia en elecciones organizadas y calificadas por ese instituto, patrimonio de la democracia mexicana. Recientemente expresó su molestia por dos de las decisiones del INE: hacer respetar la disposición constitucional que prohíbe que un partido tenga una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados mayor al 8% de la votación obtenida y aplicar la ley retirando la candidatura de varios aspirantes a cargos de elección, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, porque no reportaron gastos de precampaña.

Estamos ante una situación insólita: la zafia amenaza de aplicar la pena de muerte al INE y cortar las cabezas de los consejeros está motivada precisamente en que el instituto está cumpliendo con los ordenamientos jurídicos que rigen su actuación, incluida la Ley Suprema del país. ¿Cuándo habíamos visto que se amagara públicamente a servidores públicos por observar su deber?

Porque, hay que subrayarlo, Mario Delgado, al lanzar su amenaza, no señaló qué normas jurídicas estaría incumpliendo el INE. No lo hizo porque no podía hacerlo: el INE no ha transgredido norma jurídica alguna con las decisiones que tanto irritaron al Presidente. El amago de desaparecerlo es una advertencia del propósito del gobierno y su partido de dar jaque mate a la democracia mexicana.

El exabrupto de Delgado no tiene otro sustento que el afán de avasallar a la oposición. La cantidad de escaños de acuerdo con el porcentaje de votos es un principio evidentemente democrático. Las oposiciones siempre han defendido ese principio, el cual supone que cada partido tenga el número de sitiales parlamentarios que le otorgan los votantes. La Constitución no permite que esa proporcionalidad se exceda más allá del 8 por ciento.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisará las resoluciones del Consejo General del INE. Puede actuar como un poder apegado a la legalidad, profesional y autónomo, o plegarse sumisamente a la voluntad de un Presidente que ha mostrado desprecio por la ley y los procedimientos democráticos. Como previene el doctor Sergio García Ramírez: “En el Tribunal se hallan algunos temas de primer orden. De la solución que merezcan depende el primado del derecho y la razón. Conciernen a la preservación del orden democrático” (El Universal, 3 de abril).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no dejan lugar a dudas sobre cuáles deben ser las resoluciones del Tribunal Electoral, cuyo deber es aplicar las normas jurídicas en todos los casos que se le plantean.

El artículo 54 base V de la Constitución ordena: “En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios (el de votación mayoritaria y el de representación proporcional) que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

El artículo 229 de la Ley General citada establece: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña… no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

Más claro, ni el agua. Las decisiones del INE están fundamentadas estrictamente en la ley. El Tribunal Electoral está obligado a dictar sus resoluciones con apego estricto a la legalidad. No tiene para dónde hacerse… salvo que sus magistrados opten por el deshonor y la tiranía. Dejaría de ser un tribunal de derecho para convertirse —me estremezco al pensarlo— en una instancia de convalidación incondicional de los designios del poder por ilegales que sean.

Como advierte Timothy Snyder (Sobre la tiranía, Galaxia Gutenberg): “La mayor parte del autoritarismo le ha sido otorgada libremente. En tiempos como éste, los individuos se anticipan a lo que querrá un gobierno más represivo, y después se ofrecen sin que nadie se los pida”.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 08 de abril de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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