Una de las causas del descrédito de las leyes deriva de nacer con dobles intenciones y objetivos contrapuestos. Con agendas ocultas, cómo controlar el explosivo crecimiento del endeudamiento en estados y municipios, a la vez que querer limpiar, por ejemplo, deuda no registrada u oculta en fideicomisos opacos y de origen ilegal. Si el primer objetivo ofrece mayor transparencia, el segundo apuntala impunidad. Esta dinámica somete a fuerte tensión a las instituciones y socava la confianza. Los artilugios legales para borrar historiales, independientemente de plausibles objetivos, son aliados del sospechosismo y la cultura de la conspiración.
En comisiones del Senado se aprobó la minuta de la Ley de Responsabilidad Financiera de Estados y Municipios, que ya avalaron los diputados, para establecer candados a la discrecionalidad y trasparentar la contratación de créditos de estados y municipios. Nada que objetar hasta ahí. Salvo que la iniciativa abra la puerta para que el gobierno federal pueda entrar a refinanciar deuda estatal no registrada y que, por tanto, no haya pasado desde su origen por los controles institucionales como la autorización de sus congresos.
Preocupa que la ley no sólo sirva para ordenar las finanzas locales, sino para limpiar un mugrero de deudas ocultas a través de fideicomisos ilegales, que se podrían haber creado en los estados para pagar servicios y proveedores, como muestra el caso de Evercore, en Puebla. De acuerdo con el Imco, el CEEY, México Evalúa y Fundar, la iniciativa contiene elementos favorables para la sostenibilidad de las finanzas estatales, pero también previsiones para absorber un nuevo Fobaproa ahora de los estados.
El dictamen ofrece elevar el techo de la deuda estatal garantizada hasta 3.5% del PIB. Ese porcentaje recoge la modificación central a la minuta de los diputados para incrementar de 10 a 15% los montos a los estados “sanos” como incentivo a su comportamiento. Precisamente, algunos de los que presumen finanzas sanas son en los que se han detectado fideicomisos para ocultar deuda no registrada y, paradójicamente, serían los candidatos a buscar más créditos para limpiarlos.
Cuando una iniciativa se hace para tapar procedimientos inadecuados o francamente inconstitucionales, la ley nace con el sabor de la desvergüenza en el mentir ante la impunidad, independientemente de sus beneficios. Las iniciativas de doble agenda, en efecto, pueden servir como microcosmos para observar la mecánica de intereses partidistas para blanquear operaciones fraudulentas con la ley en la mano. Impunidad en asuntos suficientemente graves y peligrosos para las finanzas públicas que, por igual, afectan a todos los partidos.
En un rastreo preliminar de entidades que, como en Puebla, haya legislaciones que permitan contratar deuda sin pasar por el Congreso y fideicomisos fuera de la administración pública, podrían estar tres cuartas partes del país. Aquellas organizaciones advierten altos riesgos de deudas ocultas o no registradas en Durango, Guanajuato, Hidalgo, Edomex, Michoacán, Chiapas, Aguascalientes, B.C, BC Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Tabasco.
Tampoco parece coincidencia que varios están entre los estados que incumplen con las reformas de la Ley General de Transparencia o cuyas reformas han sido impugnadas por el INAI por no respetar el espíritu de la reforma constitucional.
Como se puede ver en esta ley de “responsabilidad financiera”, la transparencia avanza, aunque jaloneada, por tapar el pozo del niño ahogado. Los senadores deben tener cuidado de dobles intenciones que erosionen la credibilidad de la lucha contra la corrupción e impunidad.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 10 de Marzo de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
