Imagina, sólo imagina: la vida de ella se ha transformado, en poco tiempo, en una pesadilla. Su día comenzó con los síntomas característicos, después el virus empezó a causar estragos en su cuerpo. En cuestión de horas su familia tuvo que buscar atención médica urgente en diversos hospitales públicos. Ella siente asfixiarse. La jaqueca es intensa, el cuerpo le duele intensamente. Sus posibilidades de sobrevivir se redujeron drásticamente. Algo dentro de ella le advierte de un colapso. Su mente se aferra a la vida. Un agente dañino está en su cuerpo; a sus anchas ataca su estructura.
El personal de salud da lo mejor de sí, pero el ataque de la enfermedad por coronavirus, la COVID-19, ha resultado sorpresivo y devastador. La estructura social sufre su propio embate, la economía sufre sus dolores.
La pandemia ha puesto de relieve otras tantas deficiencias del sistema de salud; una de ellas: la salud mental. Como una sombra agazapada, va creciendo hasta alcanzar su propia denominación, se le ha nombrado La pandemia silenciosa. La ansiedad, la depresión o la angustia que ya padecían un buen número de mexicanos desde antes de la declaración oficial del problema global de salud. Las condiciones resultantes han propiciado que un número cada vez mayor de personas desarrollen este tipo de enfermedades.
De acuerdo con La Encuesta Nacional de Salud Mental (2020), el 18 por ciento de la población en edad productiva sufre de algún trastorno en su estado de ánimo, y el problema puede agravarse: las complicaciones en la salud mental pueden conducir al suicidio que, según el INEGI, se ha incrementado: de 3.5 casos registrados en 2018 a 4.9 en 2020 por cada cien mil habitantes. Los trastornos mentales pueden traducirse también en lesiones autoinfligidas como cortaduras, quemaduras o intoxicaciones; además, pueden ser detonantes de la violencia intrafamiliar: la condición de vulnerabilidad de las mujeres, los niños y los ancianos ha ido en aumento.
Con el confinamiento se recrudeció esta problemática. La falta de contacto social, la pérdida del empleo o del ingreso familiar han contribuido a ello. Adicionalmente, los problemas familiares y de ansiedad en el hogar se agravaron en aquellas familias que viven en condición de hacinamiento.
El panorama es pesimista. A pesar del impacto de la pandemia en la salud física y mental de las personas, no existe una política pública que le haga frente. Tampoco se tienen los recursos suficientes para atenderla de manera eficiente. La situación de salud no está entre las prioridades de los encargados de este rubro. Hay silencio al respecto. Las personas que hacen fila durante horas o días para obtener una prueba diagnóstica de la COVID-19 padecen por la incomprensión de sus autoridades. Temen perder su trabajo, la prueba es requisito para seguir laborando y así garantizar el sustento de sus familias. Todo se torna en angustia, en depresión, en ansiedad.
Martha “N” es alcohólica. Quiere dejar de beber. El sueldo de su madre como cocinera es insuficiente para pagar el tratamiento para tratar su adicción.
Alejandra “S” está en recuperación de su alcoholismo. El tratamiento tuvo un costo aproximado de doscientos mil pesos en una clínica privada.
En México, la Carta Magna establece que la protección de la salud mental es un derecho humano fundamental. Así también, la Ley General de Salud incluyó desde su expedición en 1984 un capítulo sobre salud mental, y varias entidades de la república tienen leyes específicas al respecto. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. La legislación carece del acompañamiento de los recursos necesarios para el tratamiento de este tipo de trastornos. Se soslaya el impacto global que tiene la mala salud mental de sus ciudadanos. Se comprueba que la planeación deficiente amenaza los cuerpos, las mentes, las finanzas públicas, todo en conjunto.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental (2020), el 18 por ciento de la población urbana en edad productiva (15 a 64 años) sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Tres millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y más de 400 mil son adictos a sustancias psicotrópicas.
La Organización Mundial de la Salud señala que de las diez enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial (lo mismo aplica para México), al menos cuatro de ellas afectan la estabilidad mental de las personas: epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar. La depresión es la cuarta enfermedad incapacitante; se estima que debido al impacto de la COVID-19, la depresión ya ocupa la segunda posición en este rubro.
De acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), solo una de cada diez personas que sufre de algún trastorno mental recibe tratamiento y atención médica eficaz.
Aún no hay estadísticas sobre el impacto de la pandemia en la salud mental, pero las voces de los especialistas coinciden en que las consecuencias negativas se han incrementado significativamente. Debido a ello, la ausencia del tema en el discurso y política oficiales han promovido que un número creciente de voces exijan a las autoridades que se pongan a trabajar de manera efectiva en las estrategias que hagan frente a los problemas de salud pública, que afectan particularmente a niños, niñas, mujeres y adolescentes.
De ahí la insistencia en que la prevención y promoción de la salud mental, la detección oportuna, el tratamiento y la rehabilitación salvan vidas. Es urgente que enfrentemos a nuestros enemigos silenciosos.
Ahora imagina, sólo imagina que ella continúa en estado crítico. En tanto sus familiares se angustian ante la incapacidad de conseguir una cama de hospital para que ella reciba la atención a la que tiene derecho… Tristemente, la realidad ha superado la ficción.
