Cinque Terre

Óscar Constantino Gutierrez

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Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

El tirano con toga

Que el diablo está en los detalles es algo particularmente cierto cuando se habla de la actividad judicial, tanto en la emisión de sentencias como en la formulación de propuestas para reformar la regulación de los tribunales. La historia del derecho constitucional nos recuerda que el juez Marshall utilizó el caso Marbury contra Madison para abrir la puerta trasera de la revisión constitucional en Estados Unidos, algo que no estaba aceptado previamente y que, en un juego de prestidigitador, pasó desapercibido porque el ojo del público estaba en la negativa del jefe de la Corte Suprema a una petición de un compañero de partido. En otras palabras, hecha la sentencia, hecha la trampa. A pesar de lo mañoso de la conducta de Marshall, el resultado fue benéfico para las libertades: la revisión judicial de los actos de autoridad abrió una era de mayor democracia constitucional. Sin embargo, el caso de Marshall es la excepción a la regla: un magistrado tramposo no suele tener buenas intenciones ni busca los más altos valores con sus argucias. La regla es la opuesta: se hace el juego de espejos y humos para lograr algo que, de forma directa y transparente, sería inadmisible para la sociedad. La reforma judicial propuesta por Arturo Zaldívar entra en ese supuesto: una enmienda que intenta desviar la atención hacia algunos temas, para esconder, en realidad, una serie de medidas autoritarias que profundizan algunos de los peores vicios del poder judicial mexicano.

La falta de origen y las de fondo        

Zaldívar no consultó con el resto de los ministros la iniciativa que acordó con López y que el Ejecutivo presentó como propia. Desde ese primer momento, el ministro presidente de la Corte pasó por encima de la voluntad de sus compañeros de banca. No hay inocencia en ese comportamiento: alegar urgencia o eficiencia para presentar una iniciativa no consensuada con el poder judicial al que pertenece, sólo demuestra que Zaldívar es un fiel seguidor de la ley de hierro de las oligarquías: el problema es que él no dirige un partido político, sólo es el primero entre pares de un poder del Estado que es colegiado: el resto de los ministros no está de adorno.

Además de esa ilegitimidad de origen, como si Zaldívar aspirara a ser titular de un poder unitario, como el de su aliado López Obrador, el tejemaneje de la iniciativa pone el foco de atención en algunos puntos «buenos», para ocultar seis medidas autoritarias que, de aprobarse, concentrarían poderes sin control en manos del presidente de la Corte:

  1. La supresión del llamado «amparo soberanía» (amparo por invasión de esferas de competencia), alegando que para ese tema ya existe la controversia constitucional, implica que sólo por mayorías calificadas de ocho votos se podrán obtener sentencias que invaliden con efectos generales las invasiones de competencias cuando las partes sean órganos de gobierno. Hay que recordar que el bloque obradorista (Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos-Farjat, el mismo ministro Zaldívar y a veces, como aliada, Norma Lucía Piña Hernández) puede bloquear o controlar esa mayoría calificada, ya que cuenta con al menos cuatro votos de los once posibles.
  2. La iniciativa propone que la Corte ya no pueda revisar los actos del Consejo de la Judicatura. Dado que Zaldívar también es el presidente de ese órgano, la enmienda implicaría que sus decisiones quedaran exentas de control. Debe recordarse que, en ese consejo de siete integrantes, el obradorismo también tiene mayoría: además de Zaldívar, están nombrados Loretta Ortiz, Verónica de Gyvés y Bernardo Bátiz.
  3. Establecer a la carrera judicial como camino único para acceder a ser juez o magistrado, implica barreras de entrada para todo otro profesionista que sea apto para el cargo. Aunque se presente como una bondad absoluta, en México no implica un beneficio, considerando que existe un serio problema de corrupción en el ingreso, permanencia y promoción de los integrantes del poder judicial. Desde la sociedad civil se ha señalado que existe una endogamia gravísima hacia dentro de los tribunales, por la que, para llegar a ser un oficial judicial, para luego estar en posibilidad de ser secretario o juez, se necesita un padrinazgo o parentesco. ¿Necesitamos jueces más capacitados y personal judicial apto? Por supuesto, pero la carrera judicial pura no garantiza que los haya, sobre todo con los altos índices de corrupción y compadrazgo que tiene México y con los mecanismos de combate a la corrupción vigentes, que son notoriamente inútiles;
  4. A pesar de que es una buena idea que se tenga un sistema de precedentes para construir el derecho judicial, en lugar del viejo sistema de jurisprudencia por reiteración, la mayoría calificada de ocho votos implica, en los hechos, que para lograr un precedente se necesitarán obligatoriamente los votos de los adeptos de López Obrador que hay en la Corte. La reiteración de esa mayoría calificada, presente en la actual Ley de Amparo, cancela en los hechos cualquier oposición a un bloque que ni siquiera supera la mitad del pleno, porque ni siquiera tiene seis votos: en la práctica, cuatro votos inutilizan a siete;
  5. Al establecer un mecanismo de mayor discrecionalidad para que la revisiones de amparo sean atendidas por la Corte, lo que se está logrando es que exista una menor rendición de cuentas respecto a qué asuntos atiende el máximo tribunal del país, cuando México necesita mejores controles del poder y no mayores márgenes autoritarios de decisión: esa propuesta es una mala noticia;
  6. El principal defecto que Saúl López Noriega —el experto en la Suprema Corte de Es la hora de opinar— le encontró a la reforma propuesta por Zaldívar, es que ahora el Consejo de la Judicatura podrá designar directamente a un juez para los casos que afectan derechos fundamentales o tocan temas de importancia nacional, lo que rompe el modelo aleatorio que garantizaba que no se teledirigieran los asuntos: huelga decir que es sumamente grave que Zaldívar haya propuesto esto.

Esta versión maligna de Marshall, que, en su narcisismo, quiere establecer la Décima primera Época del Semanario Judicial de la Federación, sólo confirma la ingenuidad de los que sostuvieron que Arturo Zaldívar sacrificó la autonomía discursiva del poder judicial para garantizar una autonomía normativa en los hechos. Eso es falso: lo que Zaldívar acordó, como resultado de su sumisión al poder ejecutivo, es una reforma que le entrega al aparcero del obradorismo casi todo el poder del máximo tribunal del país, así como de los tribunales inferiores. Es decir, el modelo tiránico que los gobernados sufren con el Ejecutivo se replicaría en un poder judicial al servicio del presidente de la república. La iniciativa, presentada con un rostro bondadoso, en realidad esconde a un pequeño tirano que amenaza la constitucionalidad democrática: la rama del poder en donde los tribunales deberían garantizar las libertades, se pretende reformar para proteger los caprichos del gobierno.

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