La semana pasada tuvo lugar en el Senado de la República un foro sobre Telecomunicaciones e Internet, un interesante esfuerzo auspiciado por el senador Ricardo Monreal, en el que la discusión giró en torno a dos grandes temas, por un lado, las plataformas digitales como detonadoras de crecimiento económico en México, y por otro, sobre marcos jurídicos y regulatorios dinámicos y flexibles, acordes con la evolución tecnológica.
Por lo que hace al primer tema, obligar a las plataformas digitales que proveen servicios en México desde el exterior, para que paguen IVA en México por los ingresos que obtienen por la prestación de sus servicios, que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el lado del Ejecutivo, pero también el propio senador Monreal, por el lado del Legislativo, fue muy acertada, pues es evidente que, hasta hoy el erario mexicano no se ha visto beneficiado por esas transacciones que ocurren de manera permanente y creciente, entre esas plataformas y usuarios en nuestro país.
Esto se inscribe en el contexto en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reconoció recientemente que los servicios de distribución de contenidos audiovisuales a través de Internet, mejor conocidos como OTT y que sin duda son un signo de la innovación y el avance tecnológico, son ya un sustituto cercano de los servicios de televisión de paga que tradicionalmente han explotado en México las redes cableadas —que han venido modernizándose a un ritmo vertiginoso— o las redes vía satélite. Es una buena noticia que enfrenten cargas fiscales similares.
Hay otros temas que eventualmente deberán discutirse en torno a estos servicios, como la clasificación de los contenidos o la protección de los derechos de los usuarios que, en el caso de los OTT, bien puede afirmarse que hoy no existe claridad sobre cómo pueden hacer valer sus derechos.
También ameritan atención especial temas como el precio que hoy se cobra por las frecuencias del espectro radioeléctrico en México, así como el esquema bajo el que se paga por su uso, que es un esquema híbrido, se debe pagar, en una exhibición, lo que se ofrezca en las licitaciones que convoque el IFT; pero después hay que pagar, año con año, las cuotas que SHCP propone al Congreso de la Unión, y que en los hechos han permanecido en niveles elevados que hoy ya no se justifican, y que se traducen en una carga onerosa para los concesionarios de bandas de frecuencias. Esto podrían resolverlo IFT y SHCP con un replanteamiento sobre qué es lo que buscan.
Otro tema que requiere especial atención tiene que ver con la diversidad de requisitos que imponen los municipios en nuestro país para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, ya sean radiobases para redes móviles, o tendido de fibra óptica, para las redes cableadas, que impiden que México cuente con la infraestructura que se requiere. Esto bien podría abanderarlo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mientras no se resuelvan satisfactoriamente estos dos temas, el precio del espectro y la facilidad para desplegar infraestructura, México verá muy complicada su incrustación en el ecosistema 5G del que hoy en día todos hablan en el ámbito de las telecomunicaciones.
Este artículo fue publicado en El Economista el 12 de noviembre de 2019, agradecemos a Gerardo Flores Ramírez su autorización para publicarlo en nuestra página.
