Al fin el subsecretario Luis Miranda puso un alto a los líderes de la CNTE: “no se dialogará con los maestros hasta que estén en sus aulas trabajando”.
Eso lo dijo “el rostro amable” del gobierno. O sea, se acabó el juego de chantajear con la violencia. No tendrán diálogo mientras sigan en huelga.
Y por si hubiera alguna duda, el presidente Peña Nieto les pidió que no se confundan: “la reforma educativa va en todo el país”.
Luego de estar más de un año a la defensiva, contra las cuerdas, amortiguando los golpes de la Coordinadora, el gobierno pasó a la ofensiva y puso las cosas en su lugar.
No podrán decir en la CNTE que no se les escuchó, que no se les atendió. Hubo una paciencia que rayó en la claudicación. Hasta que se acabó.
Cuatro y medio millones de niños no pueden seguir sin clases mientras sus maestros desquician el Distrito Federal y estrangulan la vida de ciudades como Oaxaca y Chilpancingo.
Los líderes de la CNTE creyeron que era posible arrodillar al Estado y por momentos lo lograron, pues había una elección federal de por medio.
Se sintieron poderosos por sus alianzas con la guerrilla y con grupos delictivos, y realmente lo son. Pero no más que el Estado.
La participación ciudadana en las elecciones del domingo, que desafió los amagos de agresión de parte de la CNTE para boicotear los comicios, fue un mensaje al gobierno de que la población quiere vivir en la legalidad y con orden.
No se trata de que las autoridades salgan a repartir garrotazos a los paristas, sino de que regresen a sus aulas o de lo contrario no se les paga el salario.
En caso de que ataquen edificios públicos o incendien vehículos, se les tendrá que aplicar la ley. Ese es el mensaje del gobierno al ponerle un alto a la CNTE.
Para hacer valer el Estado de derecho el gobierno cuenta con un amplio consenso de la población, hastiada del abuso de un sector del magisterio que delinque a la vista de todos y condena a la ignorancia a millones de niños.
Desde luego habrá un sector minoritario, aunque ruidoso, encabezado por Morena y sus acólitos en los medios de comunicación, que van a protestar por la “rigidez” del gobierno o por el “autoritarismo” en caso de que haya que aplicar la ley los líderes magisteriales.
Todos los líderes de la CNTE cuentan con una o varias órdenes de aprehensión, no dan clases, cobran salarios de 60, 150 y hasta 297 mil pesos mensuales (cómo el dirigente de la Sección 22, Rubén Núñez), están adscritos a escuelas inexistentes y sabotean la reforma educativa aprobada por el Congreso.
Si cometen un acto de vandalismo más, tendrán que ser detenidos.
Y si aplicar la reforma educativa implica recibir botellazos y pedradas de la CNTE, que ocurra. Pero que haya consecuencias.
El tiempo apremia y millones de niños en la precariedad educativa no pueden ser condenados de por vida por un grupo de presión, por violento que sea.
Este artículo fue publicado en El financiero el 11 de Junio de 2015, agradecemos a Pablo Hiriart su autorización para publicarlo en nuestra página
