El Presidente volvió a acusar al juez Juan Pablo Gómez Fierro de defender intereses privados. “Es entendible porque son jueces los que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen”, remató el mandatario desde su mañanera. Al Presidente le volvió a enojar que el juez frene otra de sus iniciativas, en esta ocasión la de la Ley de Hidrocarburos.
Incluso, la única diferencia de opiniones entre el presidente López Obrador y el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, la tuvieron por el juez Gómez Fierro, cuando el mandatario dijo que lo iban a investigar, y Zaldívar frenó la andanada gubernamental contra el juez. Es cuando Zaldívar respondió: “El Consejo de la Judicatura tiene sus propios medios de control, y no ha encontrado nada irregular en relación al juez Gómez Fierro, a quien seguiremos garantizando, como a todas las personas juzgadoras federales, su plena autonomía”.
La actuación del juez Gómez Fierro se ha convertido en emblemática para quienes consideran que la 4T está poniendo de cabeza diversos sectores con sus iniciativas. El juez ha otorgado suspensiones provisionales a la Ley de la Industria Eléctrica, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y ahora la Ley de Hidrocarburos.
El juez Gómez Fierro es de los pocos especializados en competencia económica y telecomunicaciones. También lo es otro juez, Rodrigo de la Peza, quien también ganó celebridad por otorgarle a Greenpeace, y otra decena de quejosos, la suspensión provisional contra la reforma eléctrica, que va en contra de la energía renovable.
El juez Gómez Fierro no va solo. Está Rodrigo de la Peza, y la Corte se ha pronunciado por apoyar a los jueces para que actúen con libertad, en plena división de Poderes. El freno de las iniciativas de la 4T ha venido del Poder Judicial.
SECRETARÍA DEL TRABAJO, POR REVISAR CONSULTA EN GM SILAO
Una legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo que saca chispas. La Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, hizo bien: va a revisar la consulta hecha en la planta de Silao, de General Motors, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica (Miguel Trujillo López), por considerar que el gremio sindical actuó con fuertes irregularidades al consultar a los trabajadores el 20 y 21 de abril.
Ahora, la Secretaría del Trabajo pide, 1) un padrón confiable de trabajadores con derecho a votar; 2) difusión de la convocatoria; 3) espacios seguros para la consulta; 4) Vigilancia electoral, y 5) que la empresa no se meta.
El tema ya es binacional. Desde Washington, tres congresistas pidieron a General Motors que responda las preguntas sobre violaciones a derechos laborales en la planta de Silao. Por eso es oportuno que la dependencia federal ataje este tema, máxime cuando sabemos que a los sindicatos no les gusta la democracia.
Por su parte, General Motors, dirigido por Francisco Garza, ha mantenido el respeto a la libertad sindical. Hace bien.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 12 de mayo de 2021. Agradecemos a José Yuste su autorización para publicarlo en nuestra página.
