Los ataques constantes del presidente López Obrador en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son del todo infundados y de mala fe. Miente con la impunidad que le da la ignorancia de aquellos que él llama “el pueblo”. Al IFT no lo controlan los preponderantes; no se creó para darles un escudo protector a las empresas privadas; no tiene como finalidad entorpecer los programas de política social, cobertura y asequibilidad, ni restringe el acceso a concesiones para uso social, comunitario o indígena. Todo lo contrario. Cada una de las supuestas quejas del presidente fueron expresamente atendidas y resueltas por la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica de 2013, promovida por el ex presidente Peña Nieto y consensuada en el Pacto por México. Al escuchar la diatriba del presidente, uno pensaría que Villamil o cualquier otra de sus focas le entregaron una nota elaborada antes del 2013. El presidente se sigue quejando de lo que se quejaban sus borregos hace diez años, como si la reforma de Peña Nieto no hubiera resuelto todos y cada uno de esos planteamientos. Evidentemente, su intención es destruir a los órganos constitucionales autónomos para concentrar el poder y la verdad le importa un comino. Él no va a cambiar, pero sí podemos desenmascarar sus mentiras.
Al IFT lo controlan siete comisionados, que son nombrados por el senado a propuesta del presidente. El presidente sólo puede proponer a aquellos que hubieran obtenido las calificaciones más altas en un examen elaborado por el Banco de México y el Inegi. Para poder hacer el examen, los interesados deben probar su independencia frente a las empresas reguladas. El principal objetivo del IFT es fomentar la desconcentración del sector y alcanzar un entorno de competencia efectiva.
Con la creación del IFT se han licitado concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como nunca antes. Ahora, cualquier empresario que quiera participar en el sector puede hacerlo a través de una licitación transparente y obtener una concesión. Antes, se tenía que ser amigo de algún político o mocharse con el secretario en turno para poder aspirar a ello. Esto es lo que López Obrador quiere revivir. De igual manera, nunca antes se habían otorgado tantas concesiones para uso social, comunitario o indígena, como las que ha otorgado el IFT desde su creación. Los trámites son simples y transparentes.
Evidentemente, los comisionados y funcionarios del IFT han cometido errores y, en algunos casos, su imparcialidad parece cuestionable. No han sido estrictos en la supervisión del cumplimiento de las medidas de preponderancia o las mismas han sido inútiles, por lo que la concentración del sector sigue muy por encima del 50%. Han sido muy tibios en la defensa de su autonomía, de sus facultades constitucionales para establecer las contraprestaciones por uso del espectro radioeléctrico y del ámbito de su atribuciones frente a la Comisión Federal de Competencia Económica. Pero nada de esto justifica la desaparición del Instituto ni la serpentina de mentiras que el presidente arroja sobre temas de los que ignora todo.
Sin un gramo de autocrítica, López Obrador calla como momia ante los altísimos derechos que por el uso del espectro radioeléctrico pagan las empresas a su gobierno (de los más altos del mundo) y que se reflejan en el precio final “al pueblo”. Ni por asomo menciona el impuesto “de lujo” que su gobierno cobra por los servicios de telecomunicaciones y que paga directamente “el pueblo”. Ahora, en lugar de bajar los impuestos para fomentar la asequibilidad y la cobertura, al presidente se le ocurrió la brillante idea de que una paraestatal ineficiente y quebrada se encargue de llevar Internet “a todo México”. De sobra sabemos que al presidente le preocupan los centavos pero le tiene sin cuidado tirar a la basura miles de millones de pesos. Su nueva ocurrencia será tan exitosa como su aeropuerto sin aviones, su refinería que no refina o su tren que destruye selvas y cenotes. Seguramente Bartlett comprará más casas y “El Movimiento” recibirá miles de sobre amarillos y gordos con “aportaciones”. Lo del “Internet para Todos” es sólo un pretexto más para saquear al erario público.
Este artículo fue publicado en El Economista el 17 de agosto de 2022. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
