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Gerardo Soria

El hombre y el presidente

Aquel que recibe su autoridad de la ley es el primero que debe soportar su peso. El inmenso poder del que goza Andrés Manuel López Obrador no se deriva de sus ocurrencias mañaneras o de la popularidad que le pueden dar los videos en los que come garnachas; deviene, directamente, de la Constitución y las leyes. El día de su toma de posesión, un ciudadano más bien inepto, ignorante y de lengua larga se transformó, por mandato constitucional, en el presidente de la República, jefe de Estado y del gobierno federal, así como comandante supremo de las fuerzas armadas. Su poder no fue heredado ni producto de un destino divino que lo haya conducido a encarnar a la patria o al pueblo, como sus corifeos en el Congreso y los gobiernos estatales, con magistral abyección, nos quisieron hacer creer. Es, nada más (pero nada menos) que el conjunto de atribuciones que la ley concede, de manera temporal, al ciudadano que ocupe por seis años el cargo de jefe del poder ejecutivo, uno de los tres poderes que constituyen el gobierno de México.

Sé que lo dicho en el párrafo anterior es evidente, pero no está de más recordarlo a la mitad de un sexenio en que las políticas públicas dependen del sistema digestivo del hombre al que la Constitución facultó para hacer cumplir la ley y obligó a ser el primero en acatarla y someterse a ella. Es claro que el ciudadano López Obrador no conoce más límite que sus fobias, manías y caprichos personales, pero también es cierto que el presidente de la República debe circunscribir su actuar a lo prescrito en la ley. Esta dicotomía entre la voluntad caprichosa del hombre y las atribuciones legales del presidente, dará mucho de qué hablar en los años por venir y, sobre todo, acarreará sanciones diversas a aquellos de sus subordinados que cumplieron la voluntad del hombre antes de acatar el mandato de la ley.

Y es que por más caprichoso que sea López Obrador, será muy difícil atribuirle responsabilidad directa en hechos o actos instrumentados de manera personal por sus subalternos. En el servicio público civil no existe ninguna obligación de acatar las órdenes de un superior jerárquico cuando éstas violan la ley, así es que todos los achichincles que cumplen las fantasías de López Obrador serán los únicos responsables de sus actos.

Traigo esto a colación a raíz de la lectura del artículo de Sergio Sarmiento ayer en Reforma, en el que da información precisa sobre las violaciones legales en que han incurrido funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al obligar la desconexión de las plantas 3 y 4 de la central de Dulces Nombres de Iberdrola en Nuevo León. No existe ley alguna que les permita hacer esto y, además, lo hicieron en franco desacato de varias resoluciones judiciales. No, señores de la CRE, las manías del presidente y su aversión por España no sirven para fundar y motivar un acto de autoridad. Los complejos ideológicos y psicológicos de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no forman parte del marco regulatorio del sector. Tampoco la escueta referencia del T-MEC en que se reconoce la soberanía de México para legislar en materia energética les permite violar el resto del tratado y expropiar sin indemnización. Su tremenda ignorancia nos está saliendo muy cara y los costos seguramente se incrementarán conforme su actuación ilícita continúe. A los mexicanos nos tocará pagar sus platos rotos pero difícilmente ustedes quedarán impunes.

En otras materias, el incumplimiento reiterado por parte del presidente López Obrador a su obligación constitucional de proponer al Senado de la República candidatos para ocupar las vacantes de comisionados en la Comisión Federal de Competencia Económica y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha colocado a estos órganos en una situación que difícilmente les permitirá cumplir con sus obligaciones constitucionales. En este caso, la responsabilidad directa es del presidente pero no existe sanción alguna por su incumplimiento. Ante su debilidad institucional, los comisionados actuales habrán de ser extremadamente pulcros en su actuar. A todos ellos, mi solidaridad y mejores deseos.


Este artículo fue publicado en El Economista el 2 de marzo de 2022. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.

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