En el contexto de la reunión del G7, ayer se dio a conocer que los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron a un acuerdo sobre la disputa que mantienen en torno al impuesto que se estableció en Francia para que los proveedores de servicios sobre Internet o gigantes tecnológicos, como son los emblemáticos casos de Google, Amazon, Facebook y Apple, entre otros, paguen 3% sobre los ingresos que generan en territorio francés.
El acuerdo anunciado consiste en que Francia desistirá de cobrar el impuesto recientemente establecido, una vez que la OCDE alcance un consenso en el 2020 respecto a la mejor forma de gravar las actividades remuneradas de este tipo de proveedores a nivel internacional. En el supuesto de que estos proveedores hubieran pagado en Francia, por la vigencia del impuesto francés, montos por encima de lo que resulte de aplicar la tasa acordada a nivel internacional, entonces Francia reembolsará los montos excedentes a estos gigantes tecnológicos o los proveedores que se encuentren en ese supuesto.
Se trata de una muy buena jugada del presidente Macron, pues si bien provocó la ira en el presidente Trump, lo orilló a sentarse a negociar un acuerdo en torno a la forma de fijar el pago de impuestos a estas empresas, que en muchos casos sacan ventaja de la dificultad para definir dónde se proveyó un servicio, que es esencialmente virtual, y por tanto, se escapan de enterar impuestos en los países donde se generó el ingreso. El acuerdo entre Francia y EU además serviría de presión a la OCDE para que en el 2020 resuelva de una vez por todas este desafío tributario.
De manera indirecta, se trata de una salida muy conveniente incluso para México, donde el presidente López Obrador en una aparente confusión ha declarado que no se establecerán impuestos para este tipo de proveedores de servicios, porque va a cumplir su compromiso de no establecer nuevos impuestos. Digo confusión, porque, por lo menos hoy, la idea no es que se les establezca un nuevo impuesto, sino que paguen en México el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal como lo hace cualquier otro proveedor que realiza una venta en territorio nacional. De esta forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría mejorar ligeramente la recaudación, sin que se hubiera violado el compromiso del presidente López Obrador.
Señalo que es una salida conveniente para México, porque en el supuesto de que la OCDE determine que lo ideal es establecer un impuesto específico para este tipo de servicios, con sus reglas específicas desde luego, el presidente López Obrador tendría un argumento a prueba de balas para que no se le acuse de haber incumplido un compromiso de no proponer nuevos impuestos al Congreso de la Unión, pues en este caso, se trataría de un acuerdo entre todos los integrantes de la OCDE, de la que México es miembro. Así que habrá que estar atentos y seguir de cerca las discusiones que ocurran en el seno de la OCDE sobre el impuesto digital más propicio para la naturaleza de estos servicios que borran las fronteras geográficas.
Pemex y sus complicaciones para elevar la producción de crudo.
El viernes pasado, Pemex dio a conocer sus indicadores de producción correspondientes a julio. Se reportó que, durante ese mes, la empresa productiva del Estado produjo en promedio 1 millón 671,000 barriles diarios, mismo volumen promedio que en junio, algo verdaderamente inusual. Es verdad, no cayó la producción, pero tampoco se incrementó, lo cual genera serias dudas sobre la capacidad de Pemex para cumplir con la meta de su muy reciente plan de negocios, de 1 millón 707,000 barriles diarios en promedio para el 2019, pues al día de hoy, el promedio para el año es de 1 millón 670,000 barriles diarios. ¿Un nuevo desencanto muy pronto?
Este artículo fue publicado en El Economista el 27 de agosto de 2019, agradecemos a Gerardo Flores Ramírez su autorización para publicarlo en nuestra página.
