jueves 28 marzo 2024

¿El Estado contra Javier Duarte?

por Carlos Urdiales

“¡Qué comience el show, cámara, acción!”, dijo el exgobernador de Veracruz al abandonar la prisión de Guatemala y subir al avión que lo trajo a México. Desde su arribo a la CDMX, eso parece, atención mediática y tensión política genera el tercer capítulo del jarocho, “robó, huyó y lo atraparon”.

Sospechas de complicidad, vergüenza ante las primeras ineptitudes mostradas por tres ministerios públicos federales que, ante el juez de Control, Gerardo Moreno, articularon con mucha más pena que gloria argumentos contra Javier Duarte en la audiencia inicial.

El próximo sábado, durante la audiencia de vinculación, los mismos tres tristes MP deberán mostrar que las razones legales que tiene la PGR en contra de Javier Duarte son sólidas, que entretejen esfuerzos institucionales contra la corrupción.

Que el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP aporta mapas financieros sobre desvíos atroces que el imaginario colectivo da por absolutamente ciertos.

Que la Auditoría Superior de la Federación señala fechas, rutas e instancias oficiales vinculadas al exgobernador, prestanombres, con su esposa (en ruta de oportuno divorcio), con aquellos subalternos que lo nombraron heredero en testamentos y con múltiples empresas fantasma.

La defensa legal de Javier Duarte ya obtuvo el amparo de la juez, Sandra Robledo, del Juzgado Primero de Distrito en Amparo Penal de la CDMX contra acciones de la Fiscalía de Veracruz por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

Los abogados de Duarte, los mismos de Elba Esther Gordillo, confían en lo que su cliente dijo cuando fue capturado en Guatemala: que las acusaciones de la PGR y de la Fiscalía estatal son endebles, carentes de pruebas, jurídicamente frágiles, y por eso Duarte sonreía.

El proceso legal en contra de Javidú puede tardar hasta dos años, según expertos, o más, según registros recientes. Lo de justicia “pronta y expedita” queda para el discurso, en la intención de un nuevo sistema penal acusatorio que, tras ocho años de implementación y miles de millones de pesos gastados en capacitar a policías y ministerios públicos, no garantiza su oferta más grave.

El caso de Javier Duarte es crucial en el momento político que vive México, será bandera de tirios y troyanos en la batalla por el 2018.

Para AMLO y compañía demostrará complicidad, simulación de una mafia política que se protege a sí misma, que monta pantomimas legaloides a costa de una nueva justicia que no termina de nacer.

Para el priismo y anexos mostrará al mundo que éste es el gobierno que persigue y encarcela a exgobernadores como nunca antes, que tiene un abogado de la nación capaz y eficiente, que actúa con pericia y sin miramientos electorales.

Así, México observa el nacimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción incapacitado por decisión política de los partidos políticos en el Congreso, sin Fiscal, sin colegio. Trágica comedia en la cosa pública nacional.


Este artículo fue publicado en La Razón el 20 de julio de 2017, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página.

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