La CIDH es uno de esos organismos internacionales donde es un vacilón trabajar para combativos luchadores latinoamericanos: vivir en Washington, D.C; salarios en dólares, viajes por todo el mundo, viáticos que permiten ahorrar todo el salario.
Un sindicato de amigos y colegas que se pagan favores con “conferencias”, “becas”, “monitoreos”, “reuniones de trabajo”, “coordinación de medidas”… pagados por la OEA y donaciones de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y la UE.
Por eso gasta en trabajo real únicamente 18 por ciento de los recursos que recibe y… 82 por ciento en salarios para su plantilla, de la cual deberá despedir a 30 en julio porque se encuentra en quiebra, para quedarse con 45 funcionarios. ¿Por qué? Porque ningún país de la región confía en la CIDH.
Tanto así que, en 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron 13.7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional y apenas 199 mil dólares para la CIDH, a pesar de que la CPI no está llevando ahora ningún caso de la región. ¿Por qué le pagan entonces a la CPI y no a CIDH? Porque la CPI tiene más credibilidad.
Y la CIDH es una sucursal de juristas con fines de lucro, creada por Washington en 1959, justo cuando triunfó la Revolución Cubana, como un instrumento para golpear al naciente satélite de la URSS instalado a 167 kilómetros de Cayo Hueso. Cuba jamás la reconoció ni le permitió entrar.
Con la Revolución Cubana convertida en capitalismo de Estado y sin representar amenaza para Washington, la CIDH cayó en desuso en los años 90. Intentó revivir con el surgimiento del bloque bolivariano, pero Hugo Chávez la echó de Venezuela y sus países acólitos también la rechazaron.
La CIDH estaba desaparecida del mapa regional hasta que México la reflotó metiéndola en el caso Iguala, con un trato de pagarle un millón de dólares cada seis meses. Pero para un caso de asesinato a tiros e incineración de 43 personas, la CIDH mandó cuatro abogados y un sicólogo.
Sin conocimientos balísticos, forenses ni de incendios, se dedicaron a estirar el caso con un par de informes políticos para prorrogar su estancia y el millón de dólares, en lugar de coadyuvar a la solución del caso. ¿Resultado? México le tuvo que dar las gracias. No como Chávez, pero sí… las gracias.
El informe de 2015 de la CIDH, cuyo secretario ejecutivo es el mexicano Emilio Álvarez Icaza, indica que recibió de la OEA cinco millones 427 mil 900 dólares de presupuesto: 18 por ciento se fue a “casos” y el resto a “salarios”. Es decir, a mantener un sindicato de amigos y colegas.
Entre ellos, el mexicano Álvarez Icaza.
Este artículo fue publicado en La Razón el 27 de mayo de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
