El 30 de septiembre de 2004 Vicente Fox se reunió, en Los Pinos, con el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
El tema central del encuentro era el predio El Encino y la violación de una suspensión de amparo por la que un juez acusaba a López Obrador.
El encuentro fue tenso y no se avanzó. Para el gobierno mexicano se tenía que seguir la ruta de los tribunales, aunque querían dejar claro que no existía intención de afectar polítitcamente al gobernante capitalino. Además, no acatar la instrucción de los jueces los haría caer en un desacato similar, argumentaron.
López Obrador acachó la falta de resultados a la presencia del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien “defiende intereses políticos propios”.
Meses antes, en mayo, la PGR había solicitado iniciar un proceso de desafuero en contra de López Obrador.
Un año después, el 7 abril de 2005, López Obrador perdería el fuero por una votación, en la Cámara de Diputados, de 360 votos a favor y con la oposición de 127 legisladores.
Iniciaba uno de los periodos más complejos para la democracia mexicana y su futuro. Más allá de discusiones técnicas y de probables o supuestas responsabilidades penales, a nadie se le escapaba que en uno de los pliegues del litigio estaba presente el contexto político y el horizonte de la elección presidencial.
El 20 de abril el Ministerio Público consignó a un juez el expediente y solicitó la orden de captura.
Para ese momento, los seguidores del López Obrador estaban movilizados y habían realizado concentraciones poderosas en el Zócalo de la Ciudad de México.
Siete días después, el entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, renunciaría al cargo. Se hacía a un lado para no estorbar en las decisiones que se deberían tomar una vez que se optó por no impugnar la resolución de un juez de no otorgar las órdenes de aprehensión respectivas.
El presidente Fox se decantó por una solución política, que con el paso de los años resultó afortunada.
Detener a López Obrador por la terquedad de construir un camino en Santa Fe parecía un despropósito.
Con los años, la Suprema Corte de Justicia determinó que el predio no podía ser devuelto a su dueño, pero tenían que indemnizarlo.
La vida da vueltas. Quien ahora enfrenta una indagatoria de la PGR es el entorno del candidato panista a la presidencia, Ricardo Anaya.
Ahora la política se cuela también, pero las acusaciones son de otra índole. Santiago Creel, uno de los operadores más importantes del candidato del PAN, lo sabe.
Además, no se ve el músculo del Frente ni una argumentación sólida de defensa política; quizá porque todos están, de algún modo, pasmados, ante este retorno al pasado, pero al otro lado de la barandilla.
Este artículo fue publicado en La Razón el 5 de marzo de 2018, agradecemos a Julián Andrade su autorización para publicarlo en nuestra página.
