Cinque Terre

Óscar Constantino Gutierrez

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Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

El caudillo inepto

Me resistí a opinar del fiasco de Culiacán, porque me pareció claro que aquel resultado fue producto de una cadena de pésimas decisiones.

Sin embargo, el afán de algunos de contemporizar con el gobierno y los sentimientos de los electores de López, hace necesario expresar algunas precisiones.

Contemporizar es una palabra interesante: significa “acomodarse al gusto o dictamen ajeno por algún respeto o fin particular”. Este acomodo tiene un amplio espectro: desde la vulgaridad del rastrero que habla de respaldo patriótico, hasta la buena fe —pero errónea— que deslinda a los electores de López de sus resultados de gobierno.

Existe un obstinado empeño en atemperar las culpas y responsabilidades en el caso Culiacán. Aunque sus solicitudes carezcan de credibilidad, se entiende que los secretarios del gobierno de López pidan respaldo para su jefe; pero que las justifiquen en un supuesto deber de unidad, prudencia o ausencia de mezquindad, las hace menos serias aún.

De las peticiones tibias y bobas de cierre de filas, la 4T pasó a la confrontación y ataques torpes, los mismos de siempre, plagados de falacias acrobáticas y enojo poco contenido. La cereza del pastel fue un intercambio entre César Faz y Javier Aparicio, cuyo hilo puede leerse aquí: https://twitter.com/cesarfaz/status/1186056854675296257?s=21

En síntesis, Javier Aparicio hace una consideración muy válida sobre la pobre eficacia de la estrategia lopezobradorista en materia de seguridad y delito. Su pregunta principal es si podemos descartar que el gobierno quiera una nueva versión de la paz narca.

Eso bastó para que el bohemio zuro, de noble cerrazón y gran cabeza, invocara, con furia joviana, los logros de la 4T que en su opinión rebaten las preguntas de Aparicio: “hay más de 5 mil millones de pesos bloqueados a cuentas del crimen organizado con todo y la renuncia del ministro de la SCJN que las desbloqueaba”.

El profesor del CIDE desbarató la maroma de Faz con mucha sencillez. Cuestionó si, con base en esos datos, debe decirse que “vamos ganando” en este tema e hizo una reflexión que pone en duda la efectividad de la medida: “cortar dinero debe ayudar pero mi pregunta es porque en Culiacán me pareció que tenían suficiente liquidez aún para armas y parque”.

Al parecer, a César Faz se le fue el Internet después de que le dieron esa respuesta, porque ya no contestó.

Las preguntas de Aparicio toman mayor pertinencia si se considera que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó hoy una investigación donde sostiene que el SAT de López Obrador canceló adeudos fiscales del narco, la nota puede consultarse en esta dirección electrónica: https://contralacorrupcion.mx/sat-amlo-cancela-deuda-narco/

Aunque los millones que alude Faz se hubieran bloqueado, el SAT (no un ministro de la Corte) le perdonó adeudos tributarios a un operador financiero del crimen organizado. ¿Cuántos casos más, de condonaciones fiscales para delincuentes, han sucedido? Es difícil saberlo de primera mano, ya que la transparencia fiscal no es una característica de los gobiernos mexicanos. Pero, ante la generosidad del SAT con los recursos ajenos, no extraña que los cárteles aún tengan recursos para armas y parque.

Alegar sentido humanitario para suspender un operativo está dentro del campo de lo debatible, no lo es la torpe estrategia que llevó a ese escenario. Tampoco es aceptable que el gobierno bloquee cuentas criminales con una mano y con la otra les perdone deudas tributarias a delincuentes.

Por tanto, una vez más están fuera de lugar los exabruptos y berrinches de los voceros de la 4T, que no solo exigen todo tipo de consideraciones para un gobierno incompetente, sino que amenazan con impedir que los críticos señalen las fallas del régimen (no hay otra forma de entender el “no se los vamos a permitir” de la presidenta nacional de Morena).

La ineptitud del caudillo (y sus secuaces) recuerda mucho al mal gobierno de Echeverría, que era muy bueno para reprimir a los menos violentos y bastante condescendiente con los peores (tan es así, que la Liga Comunista 23 de Septiembre sobrevivió a su sexenio, no así los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren Castiello).

El gobierno de López repite la receta echeverrista: persecución fiscal a los que disienten, suavidad relativa con el crimen auténticamente contestatario. Es la lógica del bully: bravucón con los débiles, cobarde con los que son más fuertes que él.

Los matraqueros y sicarios de la propaganda pueden dar múltiples maromas y proferir amagues, pero la realidad es que la estrategia del gobierno es ineficaz, sobre todo en temas de seguridad: no funciona acusarlos con las abuelitas, ni decir fuchi y guácala, mientras que el combate a la marginación y pobreza sólo mitigará el problema de seguridad en el largo plazo (siempre y cuando sean efectivas las políticas sociales implementadas, cosa que está por verse).

El Estado se justifica en la obtención del bien común apoyada en el monopolio de la coacción legítima. El ejemplo moral no otorga eficacia a la política, esta siempre es un equilibrio entre el consenso (opción) y el poder. Ninguna autoridad gobierna sin ejercer el poder, qué bueno que este régimen antepone (al menos en el discurso) a la vida de las personas, pero el fracaso de Culiacán no fue un acto humanitario, sino de ineptitud que, de hecho, puso en riesgo vidas: de humanitario no tuvo cosa alguna, pero sí se caracterizó por la incompetencia de quienes diseñaron y pusieron en marcha los operativos que ahora tienen a México en el ridículo mundial.

El jueves pasado, López agotó el bono democrático que le dio 30 millones de votos: los 15 reales, los que representan su núcleo duro, pronto serán el remanente de una cadena de hechos desafortunados, marcados por la impericia y la negligencia en el tratamiento de los asuntos públicos.

 

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