El apagón analógico es uno de los ejemplos más elocuentes de las politicas públicas fallidas, que implica tanto a la actual administración federal como a las dos inmediatas anteriores, así como al órgano regulador en la materia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
El caso más reciente de esa errática estrategia oficial ocurrió el 24 de septiembre pasado en la ciudad de Monterrey, cuando el cambio de la señal analógica a la digital (que ya había sido pospuesto) dejó sin señal de televisión abierta, según datos del IFT, “solamente” a 472 mil personas, aunque de acuerdo con cifras de Nielsen IBOPE fueron 645 mil personas quienes resultaron afectadas en tanto que la alcaldia de Monterrey se refiere a 400 mil familias, en un aireado documento en donde reclama a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por haber incumplido las pautas para este proceso, que la propia dependencia se había fijado.
La ley se incumple
El asunto es delicado porque estamos hablando de la primera ocasión en que una de las tres grandes ciudades del país, Monterrey, apagaría sus señales para abrir paso a la Televisión Digital Terrestre. El 15 de octubre pasado la alcaldesa de la ciudad regia, Margarita Arellanes Cervantes advirtió que antes del apagón la SCT debió comprobar que el 90% de los hogares de escasos recursos contaban con un televisor digital o con decodificadores –como señala la ley– para recibir la transmisión digital, no obstante, 400 mil familias de escasos recursos no tienen acesos a la televisión digital.
De acuerdo con los más recientes datos del INEGI, en Monterrey habitan un millón 135 mil 550 personas, de las cuales, 244 mil 764 se encuentran en pobreza y pobreza extrema y 429 mil 391 en condición vulnerable por carencias sociales, según los datos de 2010 del Coneval. No obstante, en la capital nuevoleonense sólo se entregaron 48 mil 381 televisiones, por lo cual la alcaldesa reclama a la dependencia 400 mil nuevas televisiones o aparatos decodificadores.
Esto advierte el párrafo tercero del artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:
“El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir la transmisión de señales analogicas de televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez que se alcance un nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, con receptores o decodificadores aptos para recibir las señales digitales de televisión radiodifundida”
Al tener como referente datos de la Sedesol se observa que sólo se atendió el 72% y no al 90% que es lo que mandata la ley, para decirlo de otra manera; las cifras podrían crecer aun más si consideramos que millones de familias no están en el padrón de la Secretaría.
Es decir, más allá de las variaciones en los datos, se está incumpliendo la ley. Incluso en una ruta donde se desdeña lo evidente. Por ejemplo: según el calendario oficial, Cuernavaca será la siguiente ciudad donde se apagará la señal analógica aunque se esté incumpliendo con el supuesto del 90% de cobertura que señala la ley; según datos de Sedesol, sólo se atendió al 65%. Los expertos en la materia advierten que la obcecación del gobierno federal y el IFT en continuar en estos términos la transición digital podría dejar fuera entre 7.5 y 8 millones de personas, y sólo tomando como base a las 24 ciudades que monitorea IBOPE por lo que los efectados serían muchos más, y en partcular, en las zonas con mayores niveles de pobreza, lo cual es justo lo que el mandato constitucional pretendía evitar.
Las justificaciones
A pesar de que todos los indicadores apuntan al fracaso de este proceso, los integrantes del IFT intentan hacer creer que la estrategia para esta transición es eficaz. Y sin contradecir los datos que los desmienten, buscan minimizarlos. Y advierten: “No habrá marcha atrás”. Este es un marcado contraste con lo que sucedió en Estados Unidos cuando en 2008 Nielsen IBOPE, precisamente, informó que seis millones y medio de ciudadanos (o sea, 5.7% de los hogares) no estaban preparados para la Transición de la Televisión Digital Terrestre, lo que determinó que las autoridades norteamericanas pospusieran seis meses el apagón. (Esto último lo apuntó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, en un comunicado del 16 de octubre).
Pero en México las cosas no suceden así. Además de la dificultad que implica el mandato constitucional que establece como fecha definitiva para la transición digital en todo el país el 31 de diciembre de 2015, se encuentra la autocomplacencia de las autoridades.
Sobre las enormes anomalías suscitadas en Monterrey, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras Saldívar, comentó que sólo, o sea que para él es poco, el 10.3% de los hogares de Nuevo León no tiene señal digital, lo que se traduce en 472 mil 635 personas afectadas. Con ese enfoque, el comisionado aseguro que todo el proceso se desarrolla “en tiempo y forma”, por lo que no había razón para retrasar el proceso de transición a nivel nacional. Y fue más lejos: en rueda de prensa junto la subsecretaria de la SCT, Mónica Aspe, Contreras no sólo negó que la deficiencia en la entrega de las televisiones, sino que afirmó que la dependencia entregó televisiones de más. Así, como se lee.
“En el caso de Monterrey, la SCT tenía que entregar a 185 mil hogares en total o al menos a 166 mil, pero las entregas que se hicieron fueron 180 mil, además se instaló una ventanilla donde ya se entregaron mil 100 televisores más”.
Según el comisionado se entregaron más de 119 mil televisores. Independientemente de que todos los datos disponibles contradicen esa afirmación, si lo que dice Contreras fuera cierto, estaríamos en presencia de otro tipo de anomalía, aunque en realidad sea un exabrupto que se explica, precisamente, por la presencia en los medios del fracaso de todo este proceso en donde, como incluso han dicho directivos de Televisa, las empresas de televisón de paga han resultado ganadoras porque segmentos significativos de usuarios han contradado servicios de cableras, SKY y Dish. En contraste, vale la pena subrayar, los grandes perjudicados han sido los sectores sociales con menos recursos.
Pero hay otras consecuencias perniciosas en materia de radiodifusión, particularmente en los medios públicos. El mismo órgano regulador difundió que 33 medios públicos no están listos para las transmisiones digitales y estos mismos expresaron su preocupación mediante una carta abierta, el 20 de octubre pasado, dirigida al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza y al comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras Saldívar, así como a los presidentes de las comisiones involucradas de las Cámaras de Diputados y Senadores, Lía Limón García y Zoé Robledo Aburto, respectivamente.
#NoMatesTVPública
En aquella carta, las televisoras públicas afiliadas a la RED de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, advierten que a la mayoría de las estaciones “no nos fueron asignados los recursos suficientes, oportunamente, para llevar a cabo de manera exitosa la transición a la televisión digital”.
La RED puntualiza que para este proceso se necesita cambiar toda la infraestructura de las televisoras, para que estén en condiciones de transmitir la nueva señal digital y por ello piden el apoyo de la SCT y el IFT, porque la interrupción de su señal “implicaría dejar a millones de personas sin su derecho a información objetiva”. Y fija su postura contundente: “De cumplirse el plazo constitucional previsto para el apagón, varios medios públicos afiliados a la RED seríamos afectados”.
Para valorar la centralidad de las televisoras públicas, la carta de la RED subraya que dichas televisoras transmiten contenidos distintos que ninguno de los medios comerciales considera, como son “programas culturales en lenguas originarias, de derechos humanos, discapacidad, igualdad de género, prevención de la violencia, entre muchos otros, cumpliendo así con la responsabilidad que tiene el Estado a través de los medios públicos de fomentar valores democráticos e incluyentes. Dejar a los mexicanos sin acceso a estos contenidos afecta el desarrollo de nuestro país”.
Por ello las televisoras públicas solicitan que les sean otorgados, de manera extraordinaria, recursos suficientes “para enfrentar los altos costos de la digitalización” y, además, que se les prorrogue transmisiones en nuestras señales análogas hasta finales del 2016”. La RED advierte que, de no ser así, se “estaría dejando a las audiencias mexicanas sólo a expensas de la televisión privada y comercial y de sus intereses”.
Políticas públicas fallidas
Este es un asunto donde el trayecto errático comenzó desde el principio, cuando el entonces presidente Vicente Fox estableció el año 2012 como plazo máximo para el apago y años más después el exmandatario Felipe Calderón definió al 31 de diciembre de 2015 como la fecha fatal. Y de ahi en adelante, lo mismo para definir los recursos necesarios para la repartición de televisores o decodificadores, que para registrar al menos 14 mil hogares que, en 2013, se quedaron sin señal de televisión abierta debido al apagón analógico en Tijuana, la primera ciudad en América Latina en realizarlo. Hasta el fracaso de este proceso en Monterrey, así como los datos preocupantes sobre lo que sucederá en las ciudades que faltan, de seguirse esta ruta.
El apagón analógico trata de políticas públicas fallidas, no de la calidad de los contenidos de la televisión (por muy criticables que éstos sean). También trata de al menos ocho millones de personas que podrían quedarse sin la señal de televisión abierta debido a una estrategia errática que inició con el presidente Fox y que llega hasta nuestros días con un reparto insuficiente y clientelar de televisores. Esto no trata de visiones paternalistas que determinen qué sí y qué no deben ver (u oir o leer) los ciudadanos. Alude a derechos de los usuarios a consumir lo que les de la gana, y también remite a la pluralidad de los contenidos, pues por lo menos 33 televisoras públicas no tienen la infraestructura ni los recursos para arribar a buen puerto el 1 de enero de 2016. El fracaso de la transición afecta a los sectores menos favorecidos y a los medios de comunicación marginales, en contraste, beneficia a las televisoras comerciales porque éstas sí tienen los recursos para enfrentar el apagón, porque su sistema de televisión de paga se ve fortalecido y porque sus contenidos serán aún más consolidados en el país.
