Cinque Terre

Luis de la Barreda Solórzano

El aborto, un derecho cancelado

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado una resolución con la cual se abandona la jurisprudencia adoptada hace casi 50 años, en 1973, en el caso Roe versus Wade, y se echa abajo el derecho constitucional de las mujeres a procurar o consentir un aborto, dejándose a cada uno de los estados de la Unión la facultad de legislar sobre la penalización o la despenalización y, en su caso, los supuestos y los plazos en que se permitiría la interrupción del embarazo.

La sentencia del máximo tribunal ha causado conmoción no solamente en las mujeres que se ven privadas de un derecho que parecía inamovible, sino en buena parte de la sociedad estadunidense. El mismo presidente Joe Biden ha anunciado que prevé presentar una iniciativa de ley federal en virtud de la cual se devuelva ese derecho a las mujeres.

El tema del aborto procurado o consentido por la mujer embarazada es de los más delicados ética y jurídicamente. Nadie puede razonablemente poner en duda que, como dice el conocido eslogan, el cuerpo de una mujer es solamente suyo y sólo ella, nadie más, está legitimada a tomar decisiones sobre él. Pero no puede soslayarse que en el cuerpo de la mujer en estado de preñez se está formando una vida.

Ésa es la razón por la cual un importante segmento de la sociedad, en los diferentes países, se opone a la despenalización del aborto voluntario. Esa oposición no es sólo de los fanáticos de los grupos provida. También numerosas personas razonables argumentan que no debe sacrificarse una vida en formación, así sea en aras del derecho de las mujeres a decidir no sólo sobre su cuerpo sino, al hacerlo, sobre un asunto de la mayor relevancia: tener o no un hijo.

Es obvio que si se quiere evitar la maternidad lo mejor es evitar el embarazo, pero el tema de si se debe o no permitir el aborto se plantea cuando la mujer ya está embarazada. Por tanto, lo que los legisladores han de decidir es si la mujer que aborta voluntariamente y quienes le auxilian deben ser castigados.

Dos años antes de que se me propusiera para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se había publicado mi libro El delito de aborto: una careta de buena conciencia, en el que sostuve que: a) las normas que penalizaban el aborto jamás habían disuadido a las mujeres que querían abortar; b) esas normas hacían del aborto una práctica clandestina y orillaban a las mujeres sin recursos económicos a abortar en lugares sórdidos, atendidos por personas sin la capacitación adecuada, lo que ponía en riesgo su salud e incluso su vida c) en cambio, las mujeres con posibilidades económicas abortaban en clínicas u hospitales que contaban con condiciones idóneas, y d) las únicas averiguaciones previas eran contra mujeres pobres que habían llegado a un hospital público por las complicaciones de salud de un aborto mal practicado.

Por tanto, era evidente que las normas que penalizaban el aborto resultaban ineficaces y clasistas. Además, un hijo debe ser profundamente deseado, parte importantísima del proyecto de vida de quien lo tiene, y de ninguna manera la consecuencia no querida de un descuido o de una mala jugada del sino. Concluía el ensayo aclarando que no era partidario del aborto, sino de su despenalización.

Ese libro fue la causa de que mi candidatura irritara a obispos, determinadas asociaciones civiles y al líder nacional del PAN, Carlos Castillo Peraza —un hombre culto e inteligente—, que instruyó a los legisladores panistas a no votar por mí. Tuve la gran satisfacción de que las legisladoras de ese partido, si bien no votaron por mí, tampoco lo hicieran en contra: una vez que escucharon mis argumentos, su voto fue de abstención. El grupo Provida, de Jorge Serrano Limón, acudió a la escalinata de la Asamblea Legislativa el día de mi toma de posesión con pancartas en mi contra y canastas de huevos que amenazó con arrojar contra mí y mis invitados a la ceremonia, amenaza que no fue cumplida.

La resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos es regresiva: va a contracorriente de las leyes y la jurisprudencia más progresistas del mundo al cancelar un derecho constitucional conquistado por las mujeres.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 30 de junio de 2022. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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