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Gerardo Soria

Efectos secundarios del costo del espectro

Hace ya varias semanas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo llegar a la Secretaría de Hacienda información relevante sobre los efectos que los derechos por el uso del espectro radioeléctrico están teniendo en el sector y su competitividad. El diagnóstico fue preciso: (I) derechos anuales muy altos; (II) pago en licitaciones muy bajos con respecto al costo total, y (III) afectación a la competencia.

Para empezar, las bandas de 800 MHz, 1,900 MHz y AWS (segmentos de microondas que van de 1,695 MHz hasta 2,200 MHz) cuestan lo mismo, la de 2.5 GHz cuesta aproximadamente 1/5 parte y la de 700 MHz 1/10 parte, cuando la práctica internacional consiste en que a las bandas bajas se les asigna un mayor valor y a las bandas altas uno menor. Si en México algo cercano a la lógica imperara, la banda más cara sería la de 700 MHz, seguida por la de 800 MHz y así de manera incremental a través de la de 1,900 MHz, AWS y 2.5 GHz, que sería la menos costosa. Esta lógica parte de un principio muy sencillo: las bandas bajas se propagan por un territorio mayor, por lo que se requiere de mucho menos infraestructura que la que necesitan las bandas altas para cubrir el mismo territorio.

Evidentemente, el territorio no lo es todo. El valor del espectro es distinto en zonas densamente pobladas y con poder adquisitivo que en serranías o desiertos con poca población o en situación de pobreza, por ello los derechos deben tomar en cuenta a la población que puede ser usuaria de servicios de telecomunicaciones y, en cierta medida, así se hace en la mayoría de los casos, aunque para ciertas frecuencias las concesiones son nacionales y tienen un costo uniforme. Es conveniente unificar criterios y uniformar mecánicas de cálculo.

La situación de México es por demás preocupante, ya que si comparamos a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los de América Latina, casi en todas las bandas de frecuencia somos, por mucho, el país que cobra más a los operadores por el uso del espectro radioeléctrico, situación que se ve agravada de manera potencial cuando consideramos la variante del producto interno bruto per cápita y el poder adquisitivo de la población. Esto desincentiva la inversión en el país al constituirse en una barrera de entrada para nuevos competidores, crea una menor demanda de espectro y hace prácticamente imposible que los precios sigan bajando.

El día de hoy, los derechos anuales se calculan en función del número de KHz concesionados a cada operador, independientemente del uso que éste les dé. En un mercado en competencia no cabe duda de que ésta es la forma más eficiente de cobrar por un recurso escaso, ya que es responsabilidad de cada operador hacer un uso eficiente de sus recursos e infraestructura, pero no podemos obviar que con la concentración de 70% que tiene Telcel la carga del costo del espectro sobre sus competidores AT&T y Telefónica es preocupantemente asimétrica en relación con los ingresos totales generados por cada operador. Parafraseando a Agustín Carstens, lo que para Telcel es un estornudo, para AT&T y Telefónica es influenza AH1N1. Poniéndole números, en el 2020 los pagos que Telefónica realizará al gobierno por derechos de uso del espectro radioeléctrico representarán niveles cercanos a 20% de sus ingresos brutos, los de AT&T 18%, mientras que los de Telcel llegarán sólo a 7 por ciento. Si hacemos un ejercicio de prospectiva, el futuro luce aún más sombrío, pues, de no cambiar el entorno tributario, para el 2025 Telefónica destinaría 30% de sus ingresos brutos totales para pagar derechos sobre el espectro, AT&T 28% y Telcel sólo 12 por ciento.

No pretendo insinuar que se deben otorgar privilegios fiscales a nadie, pero sí que el costo de los derechos debe reducirse si queremos aspirar a tener siquiera un mercado de telecomunicaciones inalámbricas. Aunque América Móvil ha hecho todo lo que tiene a su alcance para evadir los efectos de la regulación asimétrica, debe reconocer que ni a Telcel le conviene ser un monopolio en el sentido más clásico de la palabra. Ciertamente no al usuario.


Este artículo fue publicado en El Economista el 2 de octubre de 2019, agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.

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