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Enoé Uranga

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La disculpa vacía

Por Enoé Uranga y Pável Uranga

El pasado 23 de septiembre, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, actual Secretaria de Gobernación, ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza “por las transgresiones a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado, en el periodo histórico conocido como Guerra Sucia… por la violación a su derecho al acceso a la justicia y a conocer la verdad sobre los hechos… así como del paradero del cuerpo del señor Alapizco Lizárraga y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia…”

Pero ¿y todo el proceso anterior que debe acompañar esa disculpa? El gobierno se quedó muy corto respecto de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano. Para nosotros, terceros perjudicados de la guerra sucia, hijas e hijos de presos, perseguidos y exiliados políticos, que padecimos en cuerpo propio las atrocidades cometidas por el régimen en contra nuestra y de nuestras familias, por el simple hecho de ser hijas/hijos de quienes fueron torturados, presos o expatriados por oponerse a las políticas del gobierno, no deja de ser peculiar que precisamente sea una ex juez quien se haga cargo de esa marginal disculpa.

CIUDAD DE MÉXICO, 23SEPTIEMBRE2019: Acto de la Disculpa Pública a Martha Camacho Loaiza, sobreviviente de la Guerra Sucia. 
FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La ex ministra sabe que está en falta. La normativa internacional de Derechos Humanos, reconocida en la Constitución como mandato en México, establece que para poder llegar al feliz término de la disculpa pública de manos del Estado, antes debe establecerse la verdad histórica y jurídica de los hechos -para saber de qué se va a procesar a los culpables-; se debe impartir justicia -es decir, procesar y sentenciar a los culpables, y atender a las víctimas, incluyendo la localización de quienes se encuentren desaparecidos-; para poder dar paso a la reparación del daño -que debe incluir el resarcimiento y compensación en lo posible de los daños ocasionados por el Estado a sus víctimas, sus familias y quienes hayan resultado perjudicados-; y, finalmente, el Estado debe establecer medidas jurídicas, políticas, culturales, y las que sean necesarias para garantizar la no repetición de los hechos. El final del procedimiento, según la norma, es que como parte de una sentencia jurídica, el Estado debe disculparse públicamente, bajo la certidumbre de que no volverá a actuar en contra de sus ciudadanos.

Nada de lo anterior ha ocurrido.

Ya antes, hace años, Carlos Salinas de Gortari, bajo la mesa, ofreció y pagó indemnizaciones económicas en privado a varios ex guerrilleros para contar con su silencio. Tampoco hubo procedimientos jurídicos previos ni posteriores. Desde esa misma oficina, en Bucareli, Jesús Reyes Heroles tendió la mano con la reforma política, la amnistía y el “perdón”, mientras sostenía a la Brigada Blanca en la otra mano. O Chuayffet, quién firmó los acuerdos de paz, ofreció disculpas y luego llegó Acteal. Todos, incluyendo a la ex juez, en la misma silla que el Capitán Gutiérrez Barrios, fundador de la DFS, la Brigada Blanca y beneficiario de la negligencia institucional en procurar justicia. Nada nuevo bajo el sol.

Las resoluciones de los jueces, en los casos de la guerra sucia, han vacilado entre dictámenes de “cosa juzgada”, o de prescripción del delito, o simplemente de inaplicabilidad de la ley, lo que ha promovido una permanente complicidad del poder judicial con las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. La ex ministra Sánchez Cordero conoce la norma y sabe que está incumpliendo cuando “ofrece disculpas” en un proceso incompleto, pretendiendo una declaración política inadmisible sobre un hecho jurídico negligente y omiso, por decir lo menos.

A nosotros, a quienes nos arrancaron a nuestros padres, nos arrebataron la infancia, nos persiguieron, nos amenazaron de muerte, nos robaron hasta los juguetes y la memoria, nos detuvieron extrajudicialmente, expulsaron de escuelas, comunidades, familias. A nosotros, que no cometimos delito alguno, que aún hoy padecemos las consecuencias de las agresiones del Estado, entre la estigmatización, la victimización, la diáspora y el exilio, ¿Cuándo, cómo y dónde se hará justicia para nosotros o para nuestros padres y madres?

Las disculpas serán aceptadas cuando tengamos certidumbre jurídica de nuestra suerte, cuando sepamos dónde están nuestros desaparecidos (nosotros participamos en la fundación del Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos y Desparecidos Políticos, hoy Eureka), cuando sepamos quiénes fueron los responsables y cómo fueron sancionados, cuando tengamos alguna forma de compensación ética, social, cultural, emocional, y política para poder reconstruir nuestros proyectos de vida en un país transitable, seguro, y sin asesinatos y desapariciones políticas, entonces tendrá sentido la disculpa. Eso, en México, no ha ocurrido aún.

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