Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el caso de los “lineamientos sobre derechos de las audiencias”, asunto que provocó durante 2017 una discusión en la que intervinieron concesionarios de radio y televisión, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica, empresas de consultores y académicos.
Lineamientos
Recordemos que dentro de la reforma en telecomunicaciones se incluyó en el artículo sexto constitucional, fracción VI, la siguiente disposición: “La ley establecerá los derechos (…) de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”. En atención a ello, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluyó esos derechos en su artículo 256. Algunos de ellos son: a) “recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación”; b) que la programación responda “a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”; c) “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta”; d) “que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”; e) evitar toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra…”.
El 21 de diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en uso de sus facultades, publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, que previamente puso a consulta pública.
Reacciones
En enero de 2017 empezaron las reacciones contra los lineamientos del Ifetel: sus detractores los consideraron “excesivos” y atentatorios contra la libertad de expresión. Algunos conductores de noticiarios impugnaron principalmente el lineamiento relativo a diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión se quejó de que sus objeciones durante la consulta pública que precedió a la publicación de los lineamientos “no fueron escuchadas” por el Ifetel y hasta la jerarquía católica entró al debate: el 29 de enero de 2017, la Arquidiócesis de México impugnó en su órgano oficial Desde la fe los lineamientos: afirmó que el Ifetel “pretende asumir facultades extralegales y cuasinquisitoriales”.
Puestos de acuerdo
El 31 de enero, la Presidencia de la República tomó partido: presentó ante la SCJN una controversia para impugnar “ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión” por considerarlos “inconstitucionales”; según la Presidencia, al publicar los lineamientos sobre los derechos las audiencias el Ifetel “invadió facultades que corresponden al Ejecutivo Federal”.
Ese mismo día, como si se hubiera puesto de acuerdo con el gobierno, Pablo Escudero del PVEM, entonces presidente del Senado, presentó ante la Corte otra controversia en contra de los lineamientos porque, a su juicio, el Ifetel excedió sus facultades e “impuso medidas excesivas a la radio y la televisión que son contrarias a la Constitución”. La Corte no ha resuelto sobre esas controversias.
Última palabra
Para cerrar la pinza, el diputado Federico Döring presentó el 14 de febrero una iniciativa para modificar 10 artículos de la LFTR con el fin de limitar las facultades del Ifetel en materia de contenidos, publicidad y defensoría de audiencias y dejarlo incapacitado para emitir lineamientos sobre derechos de las audiencias. La iniciativa de Döring fue aprobada el 27 de abril en la Cámara de Diputados por 208 votos a favor, 192 en contra y 9 abstenciones.
El 26 de octubre fue aprobada también en el Senado por 72 votos a favor (55 del PRI, 11 del PAN, 5 del PVEM y uno “sin grupo”), 13 en contra (12 del PAN y uno del PRD) y tres abstenciones. Solo participaron en la votación 88 de los 128 senadores porque los legisladores del PRD, PT y Morena abandonaron la sesión. Esos senadores y los que votaron en contra lograron formar un grupo de 47 legisladores, suficiente para presentar ante la SCJN, la semana pasada, una controversia constitucional contra las reformas a la ley. Un trabajo más para la Corte.
Este artículo fue publicado en Milenio el 7 de diciembre de 2017, agradecemos a Fernando Mejía Barquera su autorización para publicarlo en nuestra página.
