Cinque Terre

Óscar Constantino Gutierrez

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Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

Derecho constitucional para Arturo

(Con perdón de Savater)

Primer acto: aclarando los límites

Al presidente de la Corte Suprema no le parece que se descalifique al Alto Tribunal, dice que esa práctica “afecta a las instituciones y afecta la democracia”. Para decirlo suavemente, su discurso es incoherente: por un lado afirma que las decisiones de la Corte se deben discutir y criticar, pero quiere que esa crítica no sea de mala fe, grosera, que no sea por sistema, ni mintiendo. Quiere una crítica… bonita, constructiva, casi pidiendo perdón por tocar con palabras la obra de la toga. El problema es que la jurisprudencia de su curia dice lo contrario:

“… el Estado no puede privilegiar un determinado criterio de decencia, estética o decoro respecto a las expresiones que podrían ser bien recibidas, ya que no existen parámetros uniformemente aceptados que puedan delimitar el contenido de estas categorías, por lo cual constituyen limitaciones demasiado vagas de la libertad de expresión como para ser constitucionalmente admisibles. De hecho, el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia”.

Estas expresiones de la jurisprudencia 1a./J. 32/2013 (10a.) fueron propuestas por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la tesis aislada 1a. XXIV/2011 (10a.), pero ahora considera inadmisibles las críticas corrosivas y desagradables, ya no considera que sean indispensables para la existencia de una democracia auténtica, sino que pontifica: a las instituciones no se les cuestiona.

Segundo acto: la opacidad de la agenda

Por supuesto que nadie con criterio defiende que se use la mentira y la mala fe para atacar a la Corte o cualquier institución. El problema es que el cuestionado es quien califica la intención y veracidad de las críticas. Hay una diatriba de Zaldívar que haría las delicias de Jung o Russell:

“Quien diga que la Corte está atrasando los asuntos, miente, porque esto no es así; quien diga que el Presidente de la Corte los tiene en un cajón, miente doblemente porque no hay proyectos, y quiero ser muy enfático, la agenda de la Corte la fijan los asunto, los temas que llegan la problemática que envuelve a cada uno, la agenda de la Corte no se fija en las columnas de periódico”.

Esta es una confesión de parte: ¿con qué criterios se proyectan unos asuntos antes que otros? ¿Importancia? ¿Complejidad? Si es lo primero, tenemos una decisión política extrañamente alineada con los intereses del Poder Ejecutivo. Si es la segunda, resulta que a las mentes jurídicas más preclaras del país se les dificultan ciertos temas (la verdad, no lo creo). Hay un desprecio evidente de Zaldívar a la opinión pública, ¿cómo se atreven los medios a decirme qué es de urgente atención? ¿Quiénes son ellos para pretender definir la agenda pública? Pues son, nada más y nada menos, los que debaten los temas de interés general, los que deliberan en una sociedad democrática. Hoy Zaldívar exige que los intelectuales, académicos y comentócratas sean expertos en Derecho judicial para descalificar las conductas de la Corte, con lo que excluye a periodistas, comunicadores y sociólogos. Para su mala fortuna, también hay abogados que cuestionan la falta de transparencia en la definición de la agenda judicial y basta con confrontar los criterios del Máximo Tribunal con las ocurrencias de su presidente actual.

Tercer acto: el legado de un abyecto

Zaldívar pasará a la historia como el presidente de la Corte que se alineó con la ideología del jefe del Ejecutivo y salió a defender su proyecto en columnas periodísticas y programas de ocasión. También será recordado como el que se tomó su tiempo para declinar una extensión inconstitucional de su dirigencia y que quiso atenderla con un mecanismo chabacano de dudosa validez constitucional.

Asimismo, será registrado como el que no se atrevió a desechar una consulta absurda para enjuiciar expresidentes y que, para no contrariar al ocupante de Palacio Nacional, reformuló la pregunta para que no dijera nada. Otras partes del legado de Zaldívar son más lamentables, pero escapan al interés del público en general, como que haya reforzado la endogamia judicial, cuando él mismo llegó a la Corte como un externo: era abogado de bancos. Más que ironía, lo de él es incongruencia rampante.

Su invectiva alcanza su cenit con su rechazo exaltado a una supuesta intención de imponerle al Tribunal el estatus de partido de oposición en contra del gobierno. Y define a su instancia: “nosotros somos el órgano equilibrador, lo seguiremos haciendo así”. Nuevamente se equivoca por partida doble. Nadie quiere que la Corte sea un partido de oposición, ni su función consiste en equilibrar: es un órgano de control y, si para cumplir con ese control, diariamente tuviera que invalidar a las 10 de la mañana lo que el presidente determina tres horas antes, estaría cumpliendo cabalmente su función constitucional. Lo preocupante es que Zaldívar crea que le toca hacer otra cosa: no está para mediar, equilibrar o concordar, su trabajo es hacer que los derechos humanos y la Constitución sean cumplidos por todos los detentadores del poder, aunque a esas autoridades no les guste.

Epílogo: fue un jurista de vanguardia, hoy es un lacayo

El juez, además de ser honesto, debe parecerlo. Y Arturo Zaldívar se ha empecinado en no parecer imparcial, su cercanía con el presidente de la República, el funcionario cuyas acciones debe revisar, hace cuestionable la neutralidad exigida por su cargo. Cuando un ministro no debe externar opiniones sobre asuntos que pueden quedar a su resolución, Zaldívar hace lo contrario, respalda las posiciones de la 4T y demerita los señalamientos a esas políticas.

Dado que Zaldívar no es intelectual, en realidad tampoco es un académico y como comentócrata le falta efectividad, resulta necesario definirlo: es, como dijo el comunicador Pablo Majluf, el secretario de Justicia, parece más el encargado de López Obrador para los asuntos judiciales que el titular de un poder del Estado. Sin endulcorantes: es un seudoministro al servicio del Ejecutivo, al menos desde que fue nombrado presidente de la Corte. Y para demostrarlo no se necesita ser doctor en Derecho, basta con ver el comportamiento judicial y darse cuenta que sus resultados no son satisfactorios. Por más que un chef presuma sus recetas, si el resultado es incomible, algo está mal. Y eso es lo que pasa con la actividad de la Corte.

Arturo Zaldívar no solo desaprendió Derecho Constitucional para complacer a López Obrador, también se le olvidó cómo ser justo. Esa es la mayor tragedia de su caso: llegar al más grande cargo público para un jurista mexicano y desperdiciarlo en berrinches. Ya echó a perder su gestión, ahora lo que importa es que concluya su encargo y deje paso a juzgadores emocionalmente estables e intelectualmente brillantes.

Zaldívar es más falso que cualquiera de sus críticos. No es novedad, pero ahora también quiere embaucar a la sociedad con alegaciones que no soportan un cuestionamiento directo. Como en la canción de Paul McCartney, él no es ni la mitad del juez que solía ser. Y eso es culpa exclusiva de él, no de sus críticos.

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