En México existe una preocupante confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, pero no sólo eso. Con la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que era una entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y su reemplazo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la tutela de la flamante Secretaría se Seguridad y Protección Ciudadana, la inteligencia estratégica fue desmantelada a favor de la inteligencia táctica y operativa. En consecuencia antes de la pandemia, los aparatos de seguridad del Estado mexicano estaban desprovistos de instrumentos para salvaguardar, por un lado, la seguridad nacional y por el otro, para hacer frente a una rampante delincuencia organizada -la cual, aunque parezca redundante, está muy bien organizada.
Así, la delincuencia estaba ahí, antes de que la pandemia generada por el SARSCoV2, agente causal del COVID-19, irrumpiera en nuestras vidas. Claro que la enfermedad, el confinamiento, el desempleo, la necesidad de insumos médicos y de acceso a servicios médicos ha generado enormes oportunidades para la delincuencia organizada, la cual muestra en plena pandemia su resiliencia -a diferencia de las capacidades de las autoridades de México y también del mundo para hacerle frente.
Foto: Oswaldo Ramírez / Forbes México
Ante el declive del Estado como garante del bienestar social, se han generado oportunidades para que las organizaciones delincuenciales se empoderen y hagan de las suyas. La pandemia ha exigido la atención al aprovisionamiento de servicios de salud, camas de hospital, insumos médicos, medicamentos, vacunas y hasta protección física de los hospitales y centros de salud y del personal médico y de enfermería que ahí opera. Las fuerzas armadas, quienes cuentan con personal profesional en tareas médicas, también han sido requeridas para responder a la emergencia sanitaria reconvirtiendo sus instalaciones a favor de pacientes COVID-19 y también coadyuvando a la vacunación. Los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) se contagiaron y en el caso del Almirante José Rafael Ojeda Durán, dos veces contrajo la temida enfermedad. Hacia finales de noviembre de 2020 se estimaba que en el país 13 mil 997 policías federales y miembros de fuerzas armadas y otras corporaciones se habían contagiado en tanto 298 habían fallecido. Las corporaciones afectadas por contagios y defunciones incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y el Instituto Nacional de Migración (INM). Esa es sólo una de las aristas que revela apenas una arista del impacto del SARSCoV2 en los cuerpos de seguridad del Estado mexicano.
Personal de la marca el Chapo 701 entrega comida a personas de la tercera edad durante la cuarentena por Covid-19 en Guadalajara, Jalisco. EFE/ Francisco Guasco
Si a ello se suma el desafío que una delincuencia organizada cada vez más resiliente plantea a la sociedad mexicana, el panorama se antoja complejo. Baste mencionar que la delincuencia ha venido incursionando en áreas donde los Estados no se dan abasto ante la avalancha de problemas que genera la pandemia. En Centroamérica y diversos países sudamericanos se sabe que las pandillas y organizaciones delincuenciales forzaron al confinamiento a las personas. En algunos casos se encargaron del abasto de alimentos para las comunidades. Ello, sin duda, abona a su aceptación social. El fantasma de vacunas adulteradas o robadas y traficadas en el mercado negro es una posibilidad analizada por diversos gobiernos.
Otro aspecto de suma importancia es el boom de productos apócrifos ante la necesidad de cubrebocas o barbijos, instrumental médico, gel desinfectante, pruebas, etcétera, que las personas requieren y a las que no pueden acceder tan fácilmente en la economía formal, sea por precio o por otras razones. Asimismo, la salud mental que se ha visto profundamente afectada por el confinamiento, la ansiedad, el duelo ante la pérdida de seres queridos, en fin, ha llevado a que las personas incrementen el consumo de alcohol y también de sustancias psicotrópicas que son demandadas y la delincuencia puede abastecer.
El aumento de las actividades en línea, por ejemplo, transacciones bancarias, pagos de servicios y el comercio electrónico, entre otros han favorecido que la ciberdelincuencia haga de las suyas y robe identidades, cometa fraudes y acceda a datos personales de los usuarios con fines de extorsión, secuestro u otros. Una actividad que ha proliferado en la pandemia es el secuestro virtual de la mano del ramsonware, que desafortunadamente ha hecho estragos en hospitales. Los delincuentes “secuestran” las bases de datos de los hospitales, mismas que contienen información esencial sobre los pacientes, sus historiales clínicos, sus terapias, tratamientos, etcétera y cuyo acceso es esencial para el personal que los atiende. Es un tema de vida o muerte. Como en los hospitales no necesariamente hay un expertise en temas cibernéticos, generalmente hay softwares y hardwares viejos, no necesariamente hay protección antivirus y la delincuencia fácilmente puede impedir a los usuarios el acceso a la información, cobrando un “rescate” o ramsonware para liberarla. Los hospitales suelen pagar el “rescate” dado que el delincuente amenaza no sólo con bloquear, sino también con destruir la información.
El lienzo ‘Spring Garden’ (Jardín de Primavera), pintado por el maestro neerlandés Vincent van Gogh. © Museo Groninger vía EFE
El patrimonio cultural se encuentra amenazado como una suerte de víctima colateral de la pandemia. Los museos del mundo debieron cerrar sus puertas por meses ante la emergencia sanitaria, pero no sólo eso. De ellos han sido extraídos, por ejemplo, un Van Gogh en Holanda, entre otros muchos casos reportados y con toda impunidad. En sitios arqueológicos y monumentos históricos, la vigilancia de los cuerpos de seguridad se redujo dado que la prioridad ha sido atender la emergencia en espacios urbanos, hospitales, etcétera, dejando en el abandono al patrimonio. Así en el marco de la pandemia, se ha reportado el auge de ofertas de bienes culturales en línea -incluyendo en redes sociales como Facebook y hasta en eBay- muchos de ellos de procedencia ilícita. Asimismo, en zonas en conflicto como Siria, Irak, Afganistán y Yemen, el saqueo de su patrimonio ha sido sistemático y más durante el confinamiento.
Como se ve, se han generado oportunidades para la delincuencia en el confinamiento que su suman a las que ya existían previo a la pandemia. Para responder a estos desafíos se requieren políticas de largo plazo que atiendan a las causas que los originan, recordando que no basta con criminalizarlos y que hay una evidente correspondencia entre seguridad y desarrollo. El combate de la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones y la cooperación internacional ante una delincuencia transnacional y globalizada muy bien organizada resultan indispensables, aunque claro, todo depende de la voluntad política de capa país.
