Un sueño dorado tanto del fascismo como del comunismo: la purga de científicos, intelectuales y académicos. En la Camboya de los jémeres rojos quienes usaban anteojos eran sospechosos de dedicarse al estudio y, por tanto, de ser enemigos del régimen. Las gafas eran un motivo para detener a los que las usaban. El estudio resulta peligroso: es enemigo de los dogmas y del fanatismo, fomenta el pensamiento critico, genera mentes libres. No hay tal cosa como una ciencia neoliberal: la ciencia se rige por un método objetivo y contrasta continuamente sus hipótesis y sus teorías.
En el actual gobierno federal se ha manifestado una mayúscula animadversión a las actividades científicas y académicas. A pesar del compromiso de asignar a ciencia, tecnología e innovación el uno por ciento del PIB, la asignación ha sido del 0.4%; se ha privado a los académicos de prestaciones tan importantes como el seguro de gastos médicos mayores; se quitaron los estímulos económicos a los investigadores del SNI que trabajan en universidades privadas; se eliminaron por orden presidencial 65 fideicomisos que aliviaban la escasez de recursos; se disminuyó en 84% el presupuesto del Programa de Estímulos a la Innovación.
Las agresiones han escalado a la represión punitiva. Si en las dictaduras a los científicos, intelectuales y académicos críticos se les ha internado en campos de concentración, aquí se les quiere encarcelar prácticamente de por vida en una prisión de alta seguridad —como si fuesen delincuentes de altísima peligrosidad— donde las condiciones de vida son extremadamente severas.
La acción penal de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos es inaudita y jurídicamente insostenible, razón esta última por la cual en dos ocasiones la autoridad judicial ha denegado la orden de aprehensión solicitada. El doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó la acusación como inconcebible y un despropósito. La comunidad científica y académica ha protestado contra ese ejercicio abusivo del poder.
No obstante, el fiscal general ha anunciado que intentará por tercera vez que le sea concedida la orden de captura. Ningún juez que rija su actuación por la ley y actúe con autonomía y valor podría ceder a esa pretensión, que parece sustentada en el resentimiento, el sectarismo y la sed vindicativa. El verdadero delito de los inculpados es dedicarse a la ciencia y mostrar una mentalidad libre, ajena a todo catecismo ideológico, a toda adhesión incondicional.
La acusación ignora la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que fue perfectamente legal la entrega de fondos del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Además, muestra una saña rabiosa al incluir entre las imputaciones la de asociación delictuosa, que procedería contra delincuentes que se coordinan en una estructura jerárquica para cometer delitos propios de la delincuencia organizada tales como los relacionados con el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y otros de gravedad similar, en los que los autores se valen de la violencia, el soborno a la autoridad y la intimidación.
Raúl Trejo Delarbre advierte que un país que persigue a sus científicos no tiene más rumbo que el despeñadero: “Defender a nuestros científicos es negarnos al oscurantismo” (La Crónica de hoy, 27 de septiembre). Todas las voces libres deben sumarse a esa defensa. El miedo, la indiferencia y el silencio abren la puerta a las dictaduras.
Defender a nuestros científicos, como afirma Trejo Delarbre, es negarnos al oscurantismo. En efecto, y no sólo eso: es también negarnos a que el poder punitivo estatal, el instrumento más devastador del Estado cuando se utiliza abusivamente, se siga convirtiendo en una inquisición.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 30 de septiembre de 2021. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
