Cinque Terre

Luis de la Barreda Solórzano

De lesa majestad

El fiscal general de la República tendría que desechar sin más dilación, por notoriamente improcedente, la grotesca denuncia presentada contra seis consejeros y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

La presentación de esa denuncia —aunque el denunciante ha asegurado que no la ratificará— tuvo claramente el propósito de intimidar a los miembros del organismo a cargo de las elecciones federales, que ha defendido su autonomía en una atmósfera adversa en la que ha sido objeto, como los demás organismos autónomos constitucionales, de permanente hostigamiento por parte del Presidente de la República y sus secuaces.

En virtud de que los delitos enunciados en la denuncia se persiguen de oficio, mientras la carpeta de investigación no se concluya con la declaratoria inequívoca de que no hay delito que perseguir, los denunciados estarán sujetos a una investigación que por sí misma resulta una pesada carga por la razón que advertía Francesco Carnelutti en Las miserias del proceso penal: la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables, sino también cuando se indaga si lo son.

La vía penal se está usando perversamente. Se persigue penalmente a Ricardo Anaya en lo que parece una venganza porque en el debate entre candidatos a la Presidencia apabulló al actual Presidente; a 31 distinguidos científicos a quienes no se perdona su independencia de criterio; a una mujer de casi 70 años a quien se acusa de homicidio por omisión del hermano del fiscal general, muerto ya muy viejo y enfermo, respecto de quien ella no tenía la calidad de garante porque no estaba a su cuidado.

¿De qué se acusó a los consejeros denunciados? Del peor de los delitos a juicio de la corte que nos gobierna, un crimen de lesa majestad: haber tomado una decisión que no fue del agrado del primer mandatario. Esa osadía debía ser cobrada, a juicio del denunciante, con el castigo más severo que contempla el ordenamiento jurídico: la pena de prisión. Nada menos que cárcel para quienes, no comprendiendo que su deber es estar al servicio de la gran transformación prometida —que incluye la concentración de todo el poder en el líder incuestionable—, se atrevan a desafiar la voluntad del mandatario que interpreta la voluntad sacrosanta del pueblo bueno, y para quien todo el que se oponga a sus designios es un conservador que forma parte del antipueblo.

El INE acordó que la consulta de revocación se pospusiera hasta que la Suprema Corte resolviera sobre la entrega de los recursos indispensables para llevarla a cabo. Ese el gravísimo crimen por el cual el presidente de la Cámara de Diputados, confiando en la obsecuencia del fiscal general de la República, solicitó prisión para los consejeros cuyos votos hicieron mayoría para que el acuerdo se aprobara.

Curiosa situación: los incondicionales del Presidente no quieren que se vaya el Presidente, pero quieren que se les pregunte si quieren que se vaya para responder que no quieren que se vaya. Ese sainete, además de inútil, tendría un costo estratosférico. Sin embargo, el más interesado en que se efectúe es el propio Presidente. Como la madrastra de Blanca Nieves, anhela que el espejo de sus feligreses le responda: “Sí, como tú no hay otro”.

El presidente de la Cámara de Diputados se exhibió por partida doble. Con el afán de complacer a quien considera su jefe, al denunciar mostró su vocación tiránica y su servilismo. No habiendo obtenido su denuncia el visto bueno de quien considera su jefe, enseñó que su sometimiento llega al extremo de hacerlo actuar como una marioneta.

Finalizo este artículo como lo inicié: es preciso que el fiscal general de la República, si aún no lo ha hecho al publicarse estas líneas, cierre la carpeta de investigación declarando que no hay delito que perseguir.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 06 de enero de 2022. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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