viernes 29 marzo 2024

¿Cuántas leyes viola el decretazo de AMLO?

por Rafael Hernández Estrada

El Acuerdo presidencial que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021 ha sido denunciado por ser contrario a la Constitución. Las críticas al mismo se han centrado en la violación de los derechos de amparo y de la transparencia de la información gubernamental, pero, además de estas dos materias, transgrede, al menos, ocho artículos constitucionales y 23 leyes federales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justifica su Acuerdo en la lucha contra el tortuoso burocratismo, pero desconoce que con su expedición viola los derechos humanos y sociales. Para demostrar lo anterior, se puede ver en particular la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que es uno de esos centenares de “aborrecibles trámites” que pretende eliminar de un plumazo. La MIA está a cargo de las autoridades ambientales y se necesita que éstas la dictaminen antes de que inicie cualquier obra de infraestructura pública. Se trata de 16 requisitos, entre los que destacan el estudio del sistema ambiental regional, de los impactos de la obra y de los riesgos para el ecosistema y los recursos naturales. Al no aplicarse este procedimiento se elimina la prevención de afectaciones al ambiente, daños a la salud y a los recursos naturales, además de que se permitirán proyectos cuyos costos por la contaminación pueden ser mayores a los beneficios generados. Esto redundará en la reducción del capital ambiental del país y pondrá en riesgo su sustentabilidad para la actual y las futuras generaciones.

El Acuerdo declara de interés público y seguridad nacional “la realización de proyectos y obras (de infraestructura) a cargo del Gobierno de México” en 15 materias y, para colmo, abre un amplio abanico al añadir “todos aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. En los artículos segundo y tercero, el presidente ordena a todas las dependencias de la Administración Pública Federal que otorguen de inmediato los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar esos proyectos u obras (cinco días a partir de la solicitud).

De entrada, este Acuerdo viola los siguientes artículos constitucionales: el segundo (derecho de los pueblos indígenas a la opinión informada), el sexto (derecho a la información pública), 72 y 73 (facultades del Congreso de la Unión), 90 (competencias de las secretarías de Estado), 103 y 107 (derecho de amparo), así como el 134, que contiene los principios a que debe sujetarse la administración pública.

Cuartoscuro

Además, al cancelar arbitrariamente las tareas que las diversas dependencias gubernamentales deben cumplir antes de expedir dictámenes, permisos y licencias, López Obrador está ordenando a los funcionarios de su gobierno la transgresión de diversas leyes que regulan esos procedimientos. A resultas de la orden presidencial podrán resultar transgredidas al menos 23 leyes federales: de Amparo, Agraria, de Aguas Nacionales, Aduanera, de Aeropuertos, Caminos y Puentes Federales, de Equilibrio Ecológico, de Desarrollo Rural Sustentable, Obras Públicas y Puertos. También a las que regulan a la administración pública federal (competencia de las distintas secretarías de Estado), Adquisiciones (regulación de los contratos gubernamentales), Transparencia, Planeación, de Extinción de Dominio, de Expropiación, Fiscalización, Austeridad Republicana, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, las leyes de Responsabilidad Ambiental, Mejora Regulatoria, la Orgánica del Congreso General, la General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Estos datos ilustran la afirmación que el maestro constitucionalista Elisur Arteaga escribió en Proceso: se trata de un auténtico golpe al Estado de derecho.

Cincelada: muy bien que las y los perredistas transformen al partido en una organización de izquierda socialdemócrata, de hondas raíces y con una visión moderna y de futuro.


Twitter: rafaelhdeze

 

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