Las campañas electorales están en curso y con ellas una serie de características únicas. No sólo serán las más complejas, debido al número de candidaturas, sino que se tiene previsto que la violencia política en razón de género tenga un aumento considerable dado el clima que se tuvo previo al proceso de selección.
Esto se deberá a una razón muy sencilla: por primera vez el 50% de los más de 21 mil cargos que se disputan, tanto de gubernaturas, como de diputaciones locales, federales, ayuntamientos y concejalías corresponderá a mujeres, y quienes hacemos vida política, sabemos lo que eso representa.
Si bien es cierto que se han dado pasos importantes en contra de la violencia política de género, a lo que en realidad aspiramos es a contar con una sociedad cimentada en la paridad y la igualdad sustantiva, es decir, debe existir correspondencia entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la vida cotidiana y el ejercicio real de los derechos.
Sin duda, este es uno de los grandes retos que la agenda feminista enfrenta este año, porque venimos de un proceso de confinamiento en que la humanidad lleva un año, situación que ha incrementado la violencia de género frente a la inmovilidad del gobierno en los temas relacionados con la igualdad y la justicia.
Coincido con lo expresado por la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, en el sentido de que la violencia política aumentará, porque surge desde el interior de los partidos y porque durante años la tradición era que a las mujeres se les postulaba por distritos perdedores o no competitivos
Por eso, acciones como la del Colectivo 50+1 que presentó e instaló la Comisión de Violencia Política en razón de Género, son buenas noticias, pues su objetivo es dar acompañamiento político y asesoría jurídica para todas las mujeres, de manera particular en el marco del proceso electoral que tenemos en proceso.
