A nadie sorprende la dureza de las acciones de gobiernos autoritarios como el chino o el paquistaní para castigar a los infractores de la cuarentena provocada por la pandemia de coronavirus, los pueblos de éstas naciones ya están acostumbrados a que la policía ejercite la violencia a discreción para hacer cumplir las órdenes superiores; la censura y la violación a los derechos fundamentales son práctica diaria en esos países; sin embargo, la emergencia sanitaria ha sido aprovechada por todos los gobiernos, incluso los más democráticos, para acrecentar el poder gubernamental sin fundamento legal. Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, entre muchos otros, han impuesto políticas de control policial que resultan lógicas y con apoyo popular, pero sin fundamento legal; puesto que las reglas constitucionales para imponer un estado de emergencia no se han seguido. Incluso la oposición ha denunciado un “golpe blando” en España y una “presidencia imperial” en Estados Unidos, en El Salvador el presidente Bukele ha desobedecido la decisión de la Corte Suprema que le ordenaba terminar con las detenciones y confinamiento forzoso de ciudadanos; por citar algunos de los problemas y reacciones derivados de aquellas acciones.
En el caso de países como Perú y Bolivia, han destacado los videos en las redes sociales donde se somete a castigos físicos a los infractores de la cuarentena, en ellos se observa a la autoridad dar golpes con varas y palos a los ciudadanos que infringen las políticas de confinamiento impuestas por el gobierno.
Milan, Italy February 24, 2020. REUTERS/Flavio
En México, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha anunciado castigos a medios informativos de Chihuahua por la difusión de fotografías de cadáveres; supuestamente víctimas del coronavirus en México, cuando la realidad es que se trataban de imágenes del Ecuador. Estas sanciones se aplican con base en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorga facultades a dicha Secretaría para vigilar contenidos en medios informativos con el objeto de que “se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés de la niñez”.
La secretaria Sánchez Cordero, que se había mantenido desaparecida en la crisis, ahora aparece para imponer sanciones a medios. Desde luego que es discutible que diarios mexicanos difundan fake news pero la autorregulación es el mejor camino para evitar que el gobierno en turno se erija en censor de medios; es por esto que el affaire con Javier Alatorre llamando a desobedecer al Subsecretario de Salud, López Gatell sonó más a una especie de intercambio de mensajes internos dentro del poder que a una defensa del Presidente de la República a la libertad de expresión, más aún si tomamos en cuenta que su carga oratoria contra Leo Zuckerman o el periódico Reforma no han sido precisamente prueba del respeto presidencial a medios y periodistas, sobre todo en aquellos casos en los que éstos no le son afines a su gobierno.
En casi todo el mundo, las sociedades y los medios de comunicación han venido cuestionando el actuar de sus respectivos gobiernos, por su ineficacia e incapacidad de atención oportuna ante la pandemia del coronavirus; desafortunadamente muchos gobernantes han aprovechado esta coyuntura para ganar poder a costa del miedo y la desinformación.
La frágil democracia mexicana está pendiente de un hilo y, como en todo el mundo, el peligro de la tentación autoritaria acecha a una sociedad que asolada por el miedo a la pandemia y sus consecuencias tanto en materia de salud como en las secuelas económicas que ésta traerá consigo, prefiere el despotismo a la libertad.
