Cinque Terre

Julián Andrade

Escritor y periodista.

Las conversaciones (pendientes) con el señor Abarca

José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, es una de las piezas claves del caso Ayotzinapa.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal es un crimen de Estado, justamente porque participaron funcionarios y policías, quienes se coludieron con la organización criminal de los Guerreros Unidos.

Es una línea de investigación poco recurrida, porque muestra la catástrofe moral de la política en Guerrero y da una idea de cómo se debilitaron, hasta desaparecer, los controles legales y éticos que evitaran que un criminal se hiciera del poder político.

Lo inquietante es que datos había, y de sobra, para oponerse al ascenso de Abarca, quien inclusive enfrenta en la actualidad un proceso por el homicidio del síndico Arturo Hernández Cardona y de tres campesinos en 2013.

La esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, es hermana de dos de los lugartenientes más importantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Los Pineda, Mario “El MP” y Alberto “El Borrado” murieron asesinados, porque al parecer robaron dinero a sus jefes, pero las células que les sobrevivieron son las que forman el grupo de los Guerreros Unidos.

Esto por supuesto se sabía, no era información reservada, pero para las campañas se necesita dinero y el matrimonio lo tenía.

MÉXICO, D.F., 04OCTUBRE2014.- José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda detenidos. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM

El expediente Abarca es la punta de una madeja que, de desenredarse, podría traer muchas sorpresas, pero sobre todo daría un panorama claro de las redes de protección con las que cuentan los bandidos.

Y se tendrían que apurar, para que Abarca no libre la acusación por homicidio, como libró las relacionadas con los estudiantes de le Escuela Normal Isidro Burgos.

Por desgracia esto tampoco se hará, porque ahora los esfuerzos están dirigidos para castigar a los responsables de las indagatorias, porque esto significará un beneficio político en el corto plazo.

Los padres de los estudiantes desaparecidos exigen, y con toda razón, resultados, y como a los partícipes directos del crimen los están liberando, hay que buscar a quienes paguen el plato, y nada mejor que ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

Esta forma de ajustar cuentas, que no es justicia, es uno de los malos hábitos que imperan en nuestro país y que nos colocan en niveles de impunidad casi absolutos, de alrededor del 98 %.

Por lo pronto nos encaminamos más a una operación de venganza, que a una búsqueda en la verdad de los hechos. A la noche de Iguala habrá que sumarle la larga sombra de las indagatorias que apenas comenzaron y que están diseñadas más para causar un impacto propagandístico que para procurar justicia.

Es una especie de placebo, que solo servirá hasta que los agraviados se den cuenta de que les están dando atole con el dedo.

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