En semanas pasadas se llevaron a cabo las “consultas” obradoristas sobre el Tren Maya. En la parte indígena del proceso, no se cumplieron todos los estándares internacionales, según la Oficina de Derechos Humanos en México de la ONU; en la otra parte, la consulta urbana “típica”, hay evidencia de que se repitió lo sucedido en otros casos: simulación y fiasco. Eso es lo que ocurrió con las “consultas populares” sobre los tristemente célebres aeropuertos –tema en sí de impactos nacionales- y sobre el conocido golpe antidemocrático de Jaime Bonilla –del ámbito local con repercusiones no locales. Ambos son casos de lo que llamo “consultas de ratificación protegida”: están protegidas, por el organizador y su clase, tanto la supuesta consulta como (por lo mismo) el resultado buscado con ella: se ratifica, con maquillaje de legitimidad popular, lo que se quiere hacer y ya se había decidido hacer, porque el interesado original, el decisor fundamental y el consultante explícito son en realidad el mismo actor. Vale la pena recordarlo.
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Andrés Manuel López Obrador se presenta como el máximo demócrata de México. De la historia contemporánea del país. Y sus seguidores “rasos” así lo creen (sus colaboradores más cercanos saben perfectamente cuál es la diferencia entre su retórica y su práctica). Uno de los “argumentos” es que el hoy presidente hace consultas populares. Tan demócrata es que no le tiene miedo a consultar al pueblo para decidir, se implica. Pero, ¿son siempre eso las llamadas “consultas populares”? Desde luego que no. Muchas veces no son sino ejercicios para proteger o intentar proteger de otro modo lo que ya está decidido. Las consultas pedidas o consentidas por López Obrador, ¿son ejemplos democráticos? Revisemos dos casos para responder. Uno acaba de cumplir un año y es la “consulta para decidir” sobre la cancelación del famoso aeropuerto de Texcoco, pedida a su mismo movimiento por el entonces presidente electo. El otro caso es uno consentido –no pedido directa y públicamente por AMLO, pero al menos aceptado, tolerado, no realmente cuestionado ni enfrentado por él-, la “consulta para decidir” sobre la extensión del periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California –después de que en el Congreso local se decidió tal cosa.
Del 25 al 28 de octubre de 2018 se llevó a cabo la primera consulta. Según la Fundación Arturo Rosenblueth encargada de ellos, los resultados son: 1,096,990 votos totales, con 319,830 a favor del aeropuerto texcocano/en contra del proyecto de aeropuerto en Santa Lucía, y 766,509 a favor de la opción obradorista de Santa Lucía/en contra de “Texcoco”, es decir, 69.87% a favor de López Obrador. Ese casi 70% podría sonar muy fuerte y muy democrático, si no se relaciona con otros datos como la población total de México y el padrón electoral oficial.
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM
De acuerdo con la Encuesta de la Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, levantada entre el 13 de agosto y el 5 de octubre de ese año, la población de México era de 124,994,556 (en sus cálculos, el límite superior es de 125,721,662 y el inferior de 124,261,713). No es seguro que todas esas personas sean legalmente mexicanas, ni todas son adultos, y las que son adultos mexicanos no necesariamente son electores registrados y potenciales, pero el número nos sirve para darnos una idea certera sobre la supuesta democraticidad de la consulta cuestionada. Así, los 766,509 votos proAMLO-Santa Lucía son 69.87% del .87% de la población de México, es decir, .61 % de esta población total: 1,096,990 votos totales en la consulta serían .87% de la población de México, por lo que el 69.87% de ese .87% o 766,509 votos serían el .61% de la población del país. Ni siquiera se puede hablar de “unos” por ciento respecto a casi 125 millones de habitantes. Obviamente, los mismos porcentajes se obtienen si hacemos los cálculos redondeando a 125 millones.
Por otro lado, si generosamente redondeamos a 89 millones el padrón electoral y la lista nominal del INE para 2018, la votación total de la consulta (o 1,096,990) representa 1.23%, así que la votación total a favor de AMLO y su proyecto es .86%. Tampoco se llega al 1% de apoyo del padrón oficial de ciudadanos electores y los votantes probables. Obtenemos los mismos porcentajes si sólo hablamos de la lista nominal exacta y sus 89,123,355, pero si no redondeamos el padrón y usamos sus 89,332,031, los porcentajes bajan a 1.22 y .85. En cualquier sentido, se llegó a más del 98% de abstención, casi 99% (98.7%). ¿Cómo puede ser eso el “inicio de la democracia participativa en México” tal y como lo dijeron los voceros del obradorismo?
Es ridículo e incluso tonto presentar como logro e inicio de la democracia participativa una “consulta popular” en la que sólo participa poco más de 1 millón de mexicanos de posiblemente hasta 125 millones, en la que no votan 88 millones de más de 89 millones de posibles votantes y en la que no participan casi de ninguna manera casi 124 millones de personas. Con poco más de 760 mil votos se autolegitimó una decisión que afecta directa o indirectamente a muchos millones de mexicanos que ni decidieron ni participaron.
Pasemos al análisis de los datos de la consulta en Baja California, donde como sabemos Jaime Bonilla intenta extender su gubernatura de 2 a 5 años de manera antielectoral, anticonstitucional y antidemocrática, con el apoyo de una mayoría de legisladores locales y otros actores.
La “consulta popular” se llevó a cabo el 13 de octubre de 2019, organizada por el Congreso local o, mejor dicho, por los diputados bonillistas. Resultado: 84% de los votantes a favor de que el morenista se autoregale 3 años más de poder. Un autoregalo que es un robo. Pongamos los peros estadísticos: ese 84% lo es sólo respecto de un 1.9%. 2,811,075 podían votar con credencial de elector, esto es, la lista nominal que usa el instituto electoral local. Sólo votaron 53,419 que son el 1.9% referido, porcentaje del cual 45,030 votaron a favor de Bonilla (votos supuestamente libres). Esos 45,030 son el 84% mencionado, no son el 84% de los bajacalifornianos ni de los posibles ciudadanos electores entre ellos. Son el 1.6% de esos electores registrados y credencializados. Dicho de otro modo, con el 1.6% de los probables votantes de Baja California –sólo con el 1.6%- el partido obradorista dice y quiere hacernos creer que “el pueblo” decidió que un gobernador electo para 2 años gobierne 5.
Veamos el problema desde otro ángulo: grado de abstención de 98.1%. Sin exagerar, es otra vez casi el 100% de la ciudadanía consultable la que no participó en la “consulta popular”. Sin ninguna relación con el 98% de los bajacalifornianos, Bonilla ha tomado la decisión, coludido con una mayoría de diputados locales, y se atreve a hablar de una decisión de la democracia en Baja California.
98.1% de no-voto y 1.6% de apoyo, ¿eso es una verdadera consulta popular de la democracia participativa?
A la luz de la evidencia, ninguna de las consultas fue verdaderamente popular. Salvo que un requisito democrático-morenista sea no reunir siquiera el 2% tanto de la participación como del apoyo del pueblo… (¿O ese menos de 2% es “el pueblo”? ¿Así como hay “economía del 1%”, hay “democracia verdadera del 1%”?). En ambos casos se trata de una farsa. La organización estuvo en manos del interesado-promovente-convocante-, por lo que tanto la distribución de casillas como las preguntas fueron tendenciosas; el desapego a la legalidad constitucional es mayor; y la abstención fue enorme, casi total. Los resultados todos no son democráticos, y con esas consultas la democracia mexicana no creció.
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La tendencia obradorista es a “consultar” sin Consultar, a fingir democracia hablando de consultas populares y haciendo “consultas populares” que no son democráticas. Ninguna “consulta” hecha por el obradorismo (ninguna) ha sido ejemplar ni suficientemente democrática, y alguna fue aun peor que las demás… Cuando se trate de “Cuarta Transformación” y democracia, no hay que olvidar lo que es, lo que se dice que es pero no es.
Este texto reproduce el artículo publicado por el mismo autor como “La ´democracia´ del menos de 2%. Dos ´consultas populares´ del obradorismo” en el número 49, octubre 2019, de DATAMEX, boletín de análisis sobre México del Instituto Ortega y Gasset.
