El gobierno federal está convocando a participar en una consulta popular para juzgar a los ex presidentes de México el próximo 1 de agosto, no obstante, el ejercicio corre el riesgo de convertirse en una farsa, pues si se desea enjuiciar a quienes han gobernado el país, esto se puede hacer aplicando las disposiciones contenidas en los artículos 108 y 11 de la Constitución en materia de fuero.
Sin embargo, tanto el gobierno como su partido están empecinados en utilizar uno de los mecanismos de democracia participativa que tenemos y con ello desplegar una campaña de difusión que les permita tener presencia en todo el territorio nacional y hacer proselitismo.
La ventaja es que dicha consulta no se realizará junto con una jornada electoral, sin embargo, está claro que el objetivo del gobierno y su titular es utilizar “a modo” un mecanismo de la democracia participativa.
Desde hace 30 meses se nos ha presumido la austeridad de este gobierno, así como el uso escrupuloso del dinero público, sin embargo, hoy vemos que ese mismo gobierno no tiene problemas en que la citada consulta cueste 500 millones de pesos, dinero que bien podría destinarse a la compra de medicamentos para niños y niñas con cáncer o para mujeres que también padecen la enfermedad y han visto interrumpidos sus tratamientos.
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 23JUNIO2021.- Integrantes de las Brigadas Informativas y del Comité Toluqueño Promotor de la Consulta Popular de Juicio a ex presidentes la cual se realizará el 1 de agosto del 2021, el fin de esta consulta es someter a investigación y en caso de que así se decida, proceso judicial a los últimos 5 ex presidentes de México; el diseño e impresión de la papeleta fue aprobada por el INE. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
La citada consulta popular ha sido polémica desde su inicio. Primero porque el partido en el gobierno no logró conseguir el número de firmas necesarias para hacer la petición al presidente, razón por la cual tuvo que ser presentada como una iniciativa del ejecutivo federal. Después vino la polémica por la pregunta, y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ajustar el texto.
Si la consulta popular pudo tener algún sentido al inicio del sexenio, hoy lo ha perdido completamente, ¿la razón?, hoy el país se encuentra en medio de una pandemia y las consecuencias de año y medio de confinamiento. Las y los ciudadanos de a pie, quienes no están involucrados en política, tienen como preocupación principal no contagiarse, mantener a sus familias sanas, tener empleo, apoyos con sus negocios y decenas de problemas, antes de llevar a juicio a los ex presidentes.
La consulta sólo refleja el nulo pulso que tiene la autoridad frente a las necesidades y problemas de la gente, no es tema de interés porque no está vinculado a la vida cotidiana.
Al aferrarse a una consulta para demostrar que el titular del Ejecutivo es un demócrata, sólo se demuestra lo lejos que este se encuentra de las necesidades de la gente. Por todo lo anterior, resulta previsible que la consulta tendrá una escasa participación, aunque, eso sí, se habrá satisfecho un capricho más de quien encabeza el gobierno.
