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Walter Beller Taboada

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La Constitución contra el populismo (La lógica del interés legítimo)

La decisión personalísima del presidente López Obrador de cancelar el NAIM desanimó a la población ante un acto que en su momento, parecía una situación irremediable. Como si fuera una reflejo condicionado, la reacción resignada se debe principalmente a dos cosas: la presunta fragilidad de nuestras instituciones y la larga costumbre de mirar como irremediable el ejercicio arbitrario del poder político. Una población, pasmada, se dejó arrastrar resignadamente por la sentencia del ¡ni modo!, ¡nada se puede hacer! La cancelación de las obras del aeropuerto, es claramente populista, pero no invencible.

Como se recuerda, se hizo la charada de una consulta donde “el pueblo” expresó –¡oh, maravilla de la identificación masa-líder!– exactamente la voluntad del presidente y este se subió a la escenografía de la palabra empeñada como franciscano oficioso que solo tiene ojos para lo que considera excesos del dispendio las administraciones anteriores. Sin embargo, detrás del místico superficial se esconde el político avieso y pragmático que sabe de la conveniencia de dar un golpe de timón para consolidar su imagen de autoridad. El presidente subrayó la decisión con el gesto del autócrata: ¡para que vean quién manda! Quizá fue un mensaje que buscó hacerlo visible y dirigirlo a los empresarios a quienes semanas antes había dicho –como reafirmó Alfonso Romo– que el NAIM continuaría. Una manera de enfatizar que su compromiso sería con el pueblo y no con los que concibe como anti-pueblo.

NO HAY POPULISMO SIN TEATRALIDAD

Entonces se recuperó la fantasmagoría del “pueblo sabio”, que avala la decisión, aunque en principio no pasaba de ser un recurso retórico. Pero el presidente fue más allá y puso en funcionamiento el aparato gubernamental. Su decisión fue tejiéndose con el uso –irregular– de recursos públicos, recursos que no pueden cambiar su destino sin estar fundados y motivados. Vino la secuencia de voluntarismo sin cortapisas. Se ordenó a la Autoridad Aeroportuaria suspender una obra sin que importara que tuviese más de un treinta por ciento de avance. Se ordenó pagar a quienes –sobre todo en el extranjero– habían invertido en los bonos para la construcción del aeropuerto y se les pagó de más para evitar demandas por incumplimiento. El alud para sepultar la obra se desencadenó, sin que importaran datos, fundamentos, críticas y análisis. Solo populismo, en su máxima expresión.

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2018.
FOTO: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Siempre habrá más pejistas que el Peje. El director general del Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua anunció que se inundará la losa de cimentación del NAIM para desarrollar dicho espacio –nadie sabe para qué– como proyectó el gobierno de López Obrador. ¿Cuál podría ser el fundamento de tan demencial anuncio, más allá de un exabrupto en contra quienes apelan a la razón y la sensatez para defender una obra que tiene todas las posibilidades para el crecimiento económico, social, turístico?

El populismo no quiere saber de leyes y sólo proclama una noción indefinida de justicia. Hasta ahora, justicia es dar dinero “de manera directa” a los sectores de posibles votantes y con el pretexto de la reiterada austeridad eliminar el gasto gubernamental al punto de la ineficiencia. Como si fuera una simple resta de un lado y una suma por otro (ya se sabe que su fuerte no es ni la aritmética básica). Por eso va contra los avances democráticos y constitucionales que se han venido dando fundamentalmente desde el año 2011.

LOS LÍMITES

Recientemente, un tribunal federal otorgó una nueva suspensión que ordena detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su reglamento. Asimismo, mandata que las obras de NAIM se mantengan sin ser alteradas hasta que un juez de distrito revise a fondo todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente. ¿Cómo fue posible esto? Porque, en contra de las apariencias, el país tiene instituciones, leyes y un orden jurídico que limita el ejercicio del poder.

No ha sido fácil construir un Estado Constitucional. Un Estado para la más amplia defensa de los derechos que, por consecuencia, limita el poder y sus abusos mediante recursos constitucionales, como es el caso de la ley de Amparo en materia del interés legítimo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa un gran avance institucional; desde su fundación puso en el centro de las cuestiones nacionales el tema de las libertades y derechos de las personas. La reforma en el año 2011 al artículo 1o constitucional, transformó el tema de los derechos en un asunto de salvaguarda de los derecho pro persona y con ello un enriquecimiento de los derechos sociales y colectivos con mejores instrumentos que innovan los alcances del juicio de Amparo.

Ha llevado décadas la construcción de los mecanismos que regulan y orientan la administración pública. No puede haber planeación estatal donde priva la autoridad de una persona ni de un partido o de un grupo. Por ende, no puede haber ejercicio del poder gubernamental sin respetar el orden legal establecido. Desde luego, la Constitución, la Ley de Planeación y las normas de rendición de cuentas y transparencia gubernamental. Nuestra vida institucional, producto de una larga historia de esfuerzos en favor de acotar al poder, se cimbró estrepitosamente con la decisión de clausurar el NAIM y de las otras decisiones que siguieron, afectando severamente los derechos de mujeres, niños enfermos de cáncer, trabajadores al servicio del Estado, así como la seguridad pública, la ciencia, la cultura, las artes…

Las evidencias apuntaban a la resignación. Hasta que un grupo de ciudadanos, en pleno ejercicio de su calidad ciudadana –valga la aparente reiteración–, formó un frente bajo el lema y proyecto #NoMásDerroches, conformado por organizaciones de la sociedad civil, grupos de abogados y ciudadanos libres.

PESE A TODO, HAY INSTITUCIONES

Los juristas diferencian el interés legítimo, el cual supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Así por ejemplo, cuando una decisión como la edificación de Santa Lucía, se hace sin tomar en cuenta la afectación a derechos de múltiples personas en cuestiones de seguridad (pilotos, viajeros), de Medio Ambiente (agua, ruido), comunidades (habitantes alrededor), etcétera, que no fueron tomados en cuenta con la decisión y se violenta un interés legítimo.

El interés legítimo fue invocado por #NoMásDerroches en contra de diversas instancias e incluye a la Cámara de Diputados que modificó el Plan Nacional de Desarrollo para dar cabida a los gastos del NAIM, del proyecto de Santa Lucía, entre otros. El interés legítimo sobrepasa los límites de los derechos subjetivos y se adentra a la tutela de los derechos difusos y colectivos. Hace tiempo se hablaba de los derechos difusos, es decir, derechos que no pertenecen estrictamente a ninguna persona física o moral alguna. El ejemplo que se ponía era la defensa de un templo en deterioro y abandono en una cierta comunidad. ¿Quiénes pueden legítimamente emprender su defensa legal? Respuesta: cualquiera. Es un tema constitucional y ese está en el centro del tema de los aeropuertos.

FOTO: ILSE HUESCA /CUARTOSCURO.COM

Olga Sánchez Cordero –la actual titular de SEGOB– escribió sobre el interés legítimo en un libro publicado en 2017 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: “El juicio de amparo como medio de control constitucional tiene la aptitud de proceder contra leyes […] El denominado amparo contra leyes reconoce el derecho de las personas a oponerse a las mayorías legislativas cuando estimen que han sobrepasado los límites de lo decidible en una democracia constitucional como la nuestra”. Hoy en día, la ex ministra guardará silencio o quizás dirá que ya tiene “otra opinión”.

INCOMPRENSIÓN Y RECRIMINACIÓN

El populismo no entiende de razones y derechos, solo de fuerzas, chantajes y amenazas. El presidente advirtió recientemente, sin consultar a Sánchez Cordero, que si “sus adversarios” logran a través de amparos que se frenen las obras del aeropuerto de Santa Lucía, evidenciará a los responsables, así como sus intereses. La amenaza va dirigida no solo contra los que han promovido los amparos, sino contra los jueces y magistrados. Si las amenazas se cumplen, habrá que decir: ¡Adiós México!, ¡Bienvenida Venezuela!

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