Pocas perspectivas tan reveladoras sobre el impacto que destruye la confianza social que mirar al interior de los hogares. Observar los entornos familiares, protegidos naturalmente por el derecho a la intimidad, es el valor más importante de la Encuesta Nacional de Cohesión Social (Ecopred 2014), para diseñar políticas públicas eficaces contra el delito y la inseguridad. En casi la mitad de las casas, donde viven jóvenes de entre 12 y 29 años, los ambientes se caracterizan por la violencia, la falta de oportunidades o los efectos de la desigualdad.
Los datos de la encuesta, elaborada por la Segob y el Inegi, confirman que los jóvenes -con frecuencia estigmatizados en el combate contra el delito- son las primeras víctimas de la violencia, tanto en sus casas como en el exterior. Esto tendría que servir para replantear políticas públicas que eleven la confianza social y las preocupaciones institucionales, al menos, por dos razones. La primera, porque el efecto disgregador de la violencia obstruye la cooperación y el compromiso cívico de una sociedad integrada y vigorosa. Si, como suele afirmarse, la cultura de la participación en el país es débil, la desconfianza o la amenaza en el seno del hogar es un obstáculo para involucrarse en la solución de los problemas de la comunidad.
La segunda, porque la violencia en los hogares refleja la falta de arreglos institucionales que atiendan la distribución de recursos y de oportunidades. La desigualdad y la pobreza, asociada a la merma de la confianza social, es una consecuencia de políticas públicas erradas, como, por ejemplo, las que permiten que se desperdicie el bono demográfico; otra base de esta desconfianza es que se priorizan causas alejadas de los verdaderos problemas de la gente. Ahí, otra pista de la distancia que existe entre la sociedad y las instituciones, que revela la falta de puentes de diálogo. Y si algo revela la Ecopred es la falta de condiciones para generar cohesión social, digamos, en casi cinco millones de hogares, es decir, en casi el 50% de los que albergan a jóvenes menores de 30 años. Según estos mismos resultados, hay en el país más de 6.5 millones de personas que aceptan las dinámicas de conflicto en sus casas, y que incluye casi, 40% “violencia verbal o física”.
En entornos con esa carga de violencia es complicado producir confianza social o, incluso, asociaciones efectivas. Ya no se diga sobre la capacidad para sancionar a los que quieran sacar ventajas indebidas o de la corrupción.
En un ambiente semejante, ¿cómo confiar en alguien externo si, en el 22.3% de los casos, la población joven reporta que en sus hogares se les grita, insulta, humilla o, incluso, hasta se les golpea como medidas disciplinarias o de “corrección de conductas”? Y aunque el 15.6% de los entrevistados afirma haber usado la violencia física para defenderse en sus propias casas, pese a ello, ésta suele ser el espacio de inclusión y pertenencia por excelencia.
Pero ¿cómo recuperar la seguridad si la mayor enemiga a vencer es la pérdida de cohesión social? La encuesta muestra, en su esencia, que la política pública está mal dirigida tratando de reducir la inseguridad, fundándose en acciones punitivas contra el delito, como lo sería la guerra contra las drogas. En todo caso, recuperar la convivencia debería partir de acciones contra la violencia en el círculo más cercano e íntimo. Esta es la conclusión más práctica de la encuesta y, acaso, la más importante, ya que podría evitar que la juventud en el país fuese aplastada antes de llegar a ser el relevo generacional.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 20 de Agosto de 2015, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
