En las sociedades democráticas existen siempre cruzados y entrecruzados, diversos puntos de vista, apreciaciones, opiniones, incluso corazonadas que dan pauta a las decisiones individuales y colectivas. Todas las opiniones deben ser expresadas, todas deben ser escuchadas pero no todas son igual de válidas, no todas valen lo mismo.
¿Cómo sabemos que una opinión de la persona “y” o una política del gobierno “z” es correcta? Porque existen monitores, estadísticas y números, esto es existen equipos especializados de personas que saben recoger o recolectar los datos en el terreno, otras que lo saben recopilar, otras que los sistematizan, otras más que los analizan y otras que los hacen comprensibles para el entendimiento y la discusión pública.
Esta es una tarea cada vez más importante en las sociedades que se saben complejas, que son masivas, inevitablemente plurales y tan profundamente desiguales como la mexicana. Si cada quien “tuviera sus datos” (individuos frente a individuos, medios frente a medios, gobiernos frente a oposición) el debate público sería imposible pues nos quedaríamos sin base acreditada para valorar la pertinencia de tal o cual decisión.
Quien recuerde el México de los años ochenta, convendrá conmigo que era un México imposible por la sencilla razón de que el único que tenía datos era precisamente el gobierno, juez y parte, parte y juez, de toda decisión pública. Me recuerdo haciendo los primeros pininos de adjunto en la Facultad de Economía de la UNAM, como esperaba con fruición, no el informe de gobierno del “señor Presidente de la República” sino lo anexos estadísticos de ese informe donde al menos encontraríamos la verdad oficial amplia y ordenada ¡cada año!
Mientras tanto –un año entero- el galimatías económico dominaba el ambiente sin tener certeza alguna sobre los datos relevantes y ni siquiera sobre las fechas en que conoceríamos esos datos.
FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
Lo mismo ocurría con la información política y electoral problema que estalló dramáticamente en 1988 cuando el señor Bartlett anunció a la República que el sistema “se había caído”. Nadie sabía que había pasado, pero tampoco había certeza de quiénes eran los electores, los funcionarios de casilla y prácticamente de nada importante en ese campo crítico-electoral.
En los noventa la gran discusión fue la de la pobreza heredada por la que creímos era “la década de plomo”: la de los años ochentas. Allí tampoco había una medición más o menos convenida y aceptada acerca de la pobreza extrema y de la miseria a secas, aunque todos sospechábamos que era mucha. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los restos de la prolífica y antediluviana Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y el rutilante Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) dieron los primeros pasos, pero sin consolidar un avance que fuese decisivo. En materia de medición de la pobreza, en 1990 arrojaron un libro con la primera cifra, aproximación muy discutida seriamente por un Consejo Consultivo: de los 81.2 millones de mexicanos que habitaban el territorio en 1987, 17.3 estaban en la pobreza extrema, y 24 más en la pobreza. Es decir el 51% de mexicanos vivía en esa precaria condición.
Sería muy interesante reconstruir una historia de la historia-política de la medición de la pobreza en México, pero lo que puedo contarles aquí, es que transcurrió más de una década y nuestro país siguió devanándose los sesos para encontrar datos, fórmulas e instituciones confiables que nos informasen con periódica certeza, del avance o no sobre este problema crítico.
Por fin en el año 2004 surgió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) cuyos pilares fueron depositados en la Constitución con la promesa (ahora sabemos cuán frágil) de una ley propia que le garantizase su autonomía.
CONEVAL no tardó en convertirse en un referente de todo debate sobre la pobreza, la pobreza laboral y la política social en México. De su mano se dibujó la primer medición multidimensional de la pobreza y casi todos los estudiosos estuvieron de acuerdo en esa aproximación, después de horas y horas de estudios, debates y consensos. Por fin, las políticas sociales pudieron ser valoradas por el impacto que provocan en la realidad y no por la ensoñación o los simples dichos de lo gobernantes que las promueven. La cuestión social en México abandonó el esoterismo y se volvió un terreno sólido para comprender seriamente la economía y la sociedad mexicana en nuestro tiempo.
CONEVAL incomodó a los neoliberales, demostrando el alcance microscópico que en realidad tuvo la grandilocuente “cruzada contra el hambre” y resistió las correcciones que los magos de Hacienda quisieron hacer a la medición de la pobreza: ya saben ellos también quería sus propios datos y menos pobres (especialmente el señor Meade).
Ayer me enteré que el principal responsable de estos logros para México fue destituido y que ese grave decisión aún no ha sido explicada.
No es un capítulo más, ni es anécdota.
Junto con el INEGI y el INE, el CONEVAL forma parte de lo que J. Stiglitz ha denominado las “instituciones de la verdad”, las que dan contenido y sentido a la vida pública de un país. Sin ellas, como en las novelas de un viejo polaco, todos los personajes estaremos locos.
