Detrás de las acusaciones contra 31 científicos se encuentra el fanatismo de María Elena Álvarez Buylla, la directora del Conacyt y la terquedad vengativa del fiscal Alejandro Gertz.
La doctora Álvarez Buylla desprecia el trabajo de todo aquel que no se someta a sus caprichos y a la lectura que hace sobre cuál debiera ser el desempeño de quienes se dedican a la ciencia. Recuerda, día con día, aquellos empolvados debates entre ciencia burguesa y ciencia proletaria, delirios que causaron daños profundos en los países donde la ideología predominó sobre el conocimiento.
El daño que ya ha causado la titular del Conacyt es severo y está documentado, pero va por más.
Por eso hay que tener presente que lejos de ser solo una ocurrencia, la maquinaria para golpear al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico inició en diciembre de 2019, cuando se cambió la ley para poder proceder a las acusaciones.
Es un asunto perverso. El Foro era un organismo de consulta del Poder Ejecutivo y de la junta de gobierno del Conacyt, con personalidad y patrimonio propio. También se le mandató para que se constituyera en una asociación civil y se estipuló que recibiría los apoyos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento en donde se incluía, por supuesto, los apoyos logísticos y para su operación permanente. Así ocurrió por 18 años, desde su fundación en 2002.
Desde el inicio de la gestión de María Elena Álvarez Buylla se le negaron los recursos y los integrantes del Foro se inconformaron por la vía legal. En primera instancia un juez les dio la razón y ordenó que se les suministraran los recursos. Eso no ocurrió y presentaron un amparo, el 75/ 2021 que atrajo la Suprema Corte por su relevancia, pero que quedó sin materia porque se reformó la normativa del propio Conacyt para que Foro quedara como una instancia de orden interno.
A partir de ahí se procedió a la construcción de las acusaciones en la FGR, al señalar que los presupuestos que se habían recibido en el pasado eran ilegales, justamente porque se constituyó una asociación civil, lo que, como señalamos anteriormente, estaba estipulado en la propia normatividad.
Es decir, se reformó para luego acusar, lo que contraviene el derecho y que en última instancia liberará a los implicados de cualquier culpa, pero mientras esto ocurre se siembra el terror en la comunidad científica y se muestra hasta donde pueden llegar las venganzas por motivos ideológicos y hasta personales.
Con la lógica que quieren establecer los que ahora mandan en Conacyt y en la FGR se terminaría con la seguridad jurídica y el estado mismo de derecho. Es poco probable que prosperen las próximas solicitudes de órdenes de captura contra los 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt, pero todo esto refleja como los prejuicios afectan al desempeño mismo de los gobiernos.
