Con el enfrentamiento entre el fiscal Gertz Manero y el ex consejero presidencial Julio Scherer ocurre como en los pleitos rateros: si uno de los dos tiene la razón, malo; si es el otro, malo; si ambos tienen la razón, peor. Cualquier alternativa evidencia que la cúpula gubernamental chapotea en la corrupción, ya que los hechos que cada cual alude para atacar a su contrincante se identifican con, al menos, diez delitos graves tipificados en el Código Penal Federal.
Además, el cochinero del Palacio Nacional generó ondas expansivas que impactan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ante el cisma que derrumbó la lucha contra la corrupción de la 4T y la mostró como simple palabrería demagógica, resultan intrascendentes las frases de “no me voy a meter en ese tema” o “que resuelvan los tribunales” de quien ha dicho varias veces, con su pañuelito blanco, que no hay corrupción en su gobierno.
No es el primer escándalo que tiene en el centro a la Presidencia de la República, pero lo curioso es que esta revelación no fue producto de una denuncia de la oposición ni de una investigación periodística, de aquellas que disparan la bilirrubina presidencial. Los difusores de esta trama son Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y Julio Scherer Ibarra, ex Consejero Jurídico de la Presidencia, integrantes ambos de la más alta cúpula del gobierno cuatroteísta. En la revista Proceso que circula a partir del 19 de marzo, Scherer denunció la utilización de la FGR para extorsionarlo a él y a acusados de graves delitos, algunos de los cuales se encuentran tras las rejas. Denunció, además, que la senadora Olga Sánchez Cordero se confabuló en esas trapacerías con Gertz Manero, desde que tuvo a su cargo la Secretaría de Gobernación. Quizá no por coincidencia, esta publicación se dio días después de que se conociera, mediante una conversación telefónica de Gertz Manero, cómo éste utiliza a la FGR para sus litigios personales, interviene ilegalmente en asuntos de la Corte y controla para sus fines a cuatro ministros.
CIUDAD DE MÉXICO, 05SEPTIEMBRE2019.- Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, durante la inauguración del XLII Congreso Nacional de Tribunales Superiores (CONATRIB). FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
La dependencia encargada de procurar justicia había filtrado a los medios investigaciones ministeriales contra Scherer, en la que éste y sus socios son acusados de manipular a la UIF, de aprovecharse de casos penales para ofrecer asesoría a los sospechosos o imputados y convertirlos en testigos protegidos a cambio de jugosos pagos.
Si las acusaciones de Scherer contra la FGR implicaron a la SCJN y a la Secretaría de Gobernación, los ataques de Gertz Manero contra aquél salpican a la UIF, a jueces y hasta a la dependencia que él mismo dirige. El denominador común en ambos escenarios es el influyentismo y el abuso perpetrado con toda la fuerza de la Presidencia de la República.
En los artículos 214 al 224 del Código Penal Federal se puede leer que se configura el delito de ejercicio ilícito de servicio público cuando los funcionarios utilizan indebidamente la información a que tienen acceso. También, que la negativa a despachar un asunto de administración de la justicia se tipifica como delito de abuso de autoridad. El contubernio entre servidores públicos para tomar medidas contrarias a la ley está tipificado por el Código como delito de coalición y el de concusión lo comete el servidor público que exige pagos ilegales. El ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito son los delitos en que éstos incurren cuando realizan actos jurídicos para obtener beneficios económicos para sí, sus familiares o para terceros, como lo pueden ser los despachos de abogados afines. Además, incurre en delito el servidor público que omita proceder en casos delictivos o los manipule para interferir en contra de la administración de la justicia.
De comprobarse al menos en parte el rosario de conductas delictivas que se han cruzado, Gertz y Scherer, además de los otros implicados, serían acreedores a decenas de años de cárcel, multas millonarias, destitución del cargo o inhabilitación para ocupar otro en la administración pública. ¿En qué papel quedan el presidente Andrés Manuel López Obrador y su lucha contra la corrupción?
Cincelada: El doble discurso del gobierno mexicano respecto a la invasión rusa de Ucrania tiene una posible explicación: el capitalismo de cuates de AMLO y la 4T es transnacional.
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