La iniciativa sobre el Mando Único policial está destinada a repetir el mismo fracaso de otras veces en el Congreso. Los intereses del rejuego político son los mismos que en 2010 detuvieron ese “golpe de timón” de Calderón contra la inseguridad y que hoy el PRI reclama para evitar un nuevo caso Iguala. La esterilidad del debate enseña lo poco aprendido en una década de violencia, la persistente tentación de los partidos de lucrar con la muerte y tomar la seguridad como rehén de sus confrontaciones.
¿Qué hacer para evitar otro Ayotzinapa, Tierra Blanca o cientos de fosas clandestinas con cuerpos anónimos? La principal propuesta ante la crisis policial de gobiernos panistas y priistas, desde que Calderón inició la “guerra contra las drogas”, es la unificación de mil 800 corporaciones bajo el mando de 32 policías estatales. Fue también la respuesta de Peña Nieto a la crisis de derechos humanos en su gobierno. En diciembre de 2014 envió un paquete de reformas sobre seguridad y justicia al Congreso, pero ahora, como antes, la oposición se niega a aprobarla por afectar el federalismo y argüir falta de información sobre la mejor salida a la impunidad de la policía.
A esa pregunta, Miguel Ángel Osorio Chong advierte que el Mando Único es imprescindible para evitar nuevas desapariciones de estudiantes como en Veracruz. Si es así, ¿por qué no se incluyó en el Pacto por México para facilitar el acuerdo? ¿No era la seguridad y la protección de los derechos humanos una prioridad junto a las reformas estructurales? ¿Puede quedar, otra vez, la seguridad en segundo plano tras la agenda económica?
Aunque en el caso Iguala se comprobó la intervención de la policía municipal, los presuntos responsables de la desaparición de los cinco jóvenes en Veracruz apunta a la policía estatal. Osorio Chong y la Conago empujan la aprobación de la iniciativa de Peña Nieto con argumentos como la incapacidad e incumplimiento de controles de confianza de la policía municipal, pero corporaciones estatales como en Veracruz u otros estados tienen niveles tan bajos como aquéllos. Los siete agentes presuntamente involucrados en el caso Tierra Blanca habían reprobado los controles.
La insubordinación de alcaldías, como la que abrió una crisis institucional en Morelos, y la oposición conjunta del PAN y el PRD, refleja que no hay consensos sobre el Mando Único. Hay estados con policías municipales fuertes y otros donde la debilidad municipal lo haría útil. Pero, sobre todo, es un debate que implica quitar a los municipios responsabilidades en seguridad pública en un país federal, así como dejar de disponer de cinco mil 952 millones del nuevo subsidio federal, de siete millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y otro relacionado con la prevención de delitos por 2.6 millones de pesos.
A la oposición en los estados no le conviene el Mando Único, como ocurrió cuando el PRI se opuso con el gobierno de Calderón, ahora lo hacen el PAN y el PRD. Creen que se politizará y dará lugar a la confrontación. Es decir, a la utilización de la seguridad como parte de la lucha electoral. Más que el problema de la falta de consensos, el temor al uso del combate al crimen y a la delincuencia con tintes partidistas es el mayor problema de la persistencia de la violencia, el delito y la impunidad.
Por eso la perspectiva de que este debate fracase otra vez sin ningún nuevo planteamiento para revertir la crisis de seguridad. O peor, deja ver que el acuerdo para una política de Estado como condición para impedir otro Iguala y Tierra Blanca está más lejos que la resolución del debate sobre el Mando Único.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 04 de Febrero de 2016, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
