viernes 29 marzo 2024

Clientelismo electoral y pandemia

por Rafael Hernández Estrada

Si el humanismo de López Obrador es un disfraz retórico, como dijera Isabel Turrent, se debe añadir que detrás del mismo está la operación política clientelar que el presidente emprendió desde la cima del poder. El objetivo del operativo es mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, ganar la mayoría de las gubernaturas en disputa en 2021 y perfilar un nuevo triunfo en las presidenciales de 2024. Las acciones y el discurso presidencial se orientan sin ninguna distracción hacia esas metas, en tanto que se limita a capotear la profunda crisis económica, la violencia incontenible y la pandemia fuera de control. En su lógica, las catástrofes son imponderables que generan nuevas de oportunidades para el proyecto de permanencia en el poder.

Al presidente no parecen preocuparle tanto la tendencia a la baja en la calificación de su gestión, las críticas de la opinión pública, que se pongan en evidencia sus ambigüedades y francas mentiras, que su partido lleve un año de crisis interna ni que entre sus simpatizantes haya algunas deserciones. Lo importante para él es la fidelidad de millones de votantes que creen en su persona y en su proyecto. Para este efecto es secundario si la convicción nace de la simpatía, de la fe o de un cultivado interés.

Los supuestos “informes” presidenciales no se rinden al Congreso de la Unión, en tanto órgano de representación popular, tampoco dan cuenta a la población en general, mucho menos a los sectores más informados, pues son dirigidos en exclusiva a sus fieles seguidores. Personas informadas y con un mínimo sentido crítico pueden ver a un líder aislado en la imagen que captó al presidente solitario en un patio del Palacio Nacional, pero esos “informes” no son para este tipo de personas, sino para los convencidos. Lo que importa es que éstos vean y escuchen a quien se comprometió con ellos, les está cumpliendo con los apoyos prometidos y quien luchará contra los que quieren arrebatárselos.

FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM

Igual función cumplen los sermones matutinos, en los que la prensa y los reporteros no son sino la escenografía en tanto que los patiños, cual Corte de los Milagros, amenizan la puesta en escena. Por eso a López Obrador no le importa el que lo pillen diciendo mentiras, tampoco le preocupa el quedar al descubierto en temas que ignora, ni dar la impresión de que está perdido, pues no aspira a convencer a quienes identifica como adversarios, es más, ni siquiera a quienes le apoyan pero albergan dudas. Se concentra en conectar con quienes creerán todo lo que les diga y su fin es inocularles una vacuna cotidiana que neutralice las críticas de los disidentes y desmienta de antemano toda información que lo ponga en evidencia. Considerando lo anterior, el que recurra a la polarización como forma de su discurso no es producto de una necedad desbocada, sino un recurso que cumple la función constante de refrendar la esperanza de quienes apoyan a la 4T y se consideran beneficiados por ella. La revelación del “Plan BOA”, pese a que incurrió en la ilegalidad y resultó insostenible, cumplió el objetivo central de alertar a los fieles y beneficiarios del lopezobradorismo: cuidado, las subvenciones pueden perderse si la oposición arrebata a Morena la mayoría de la Cámara de Diputados.

El ejercicio discursivo complementa la acción sobre el territorio. Y no se trata de cualquier acción y ni de cualquier territorio: Desde 2018 y durante todo el 2019, un ejército de 17 mil Servidores de la Nación seleccionó a los beneficiarios de 11 programas sociales y entregó los apoyos prometidos (becas, pensiones, créditos) “sin intermediarios”. Contrario a su compromiso de austeridad, el gobierno lopezobradorista dispuso en 2019 de 3 mil 240 millones de pesos tan solo para pagar la nómina de este ejército electoral, aparte de los 220 mil millones de pesos de recursos presupuestales destinados a esos programas.

La denuncia del PRD sobre el descarado proselitismo de los Servidores de la Nación, los acuerdos del INE y el sentido de la sentencia del Tribunal electoral federal derivados de la queja perredista, obligaron a la estructura electoral del gobierno a bajarle un par de rayitas a su campaña ultra anticipada. El gobierno fue obligado a retirar de la indumentaria de los brigadistas el nombre del Presidente de la República, los superdelegados debieron cesar su desaforado despliegue en medios de comunicación y redes sociales, pero la operación continuó y hasta fue reforzada: para este año, el número de los operadores contratados se incrementó a más de 20 mil; el monto de sus sueldos se acercó a los 5 mil millones de pesos; los programas sociales manejados por este el ejército electoral son ya 16, en tanto que el monto presupuestal de los mismos se incrementó en un 33% para alcanzar los ¡292 mil millones de pesos!

En ocasión de la emergencia sanitaria y la crisis, es conocida la omisión del gobierno de la 4T respecto de un programa económico de emergencia para salvar los empleos de los trabajadores y la viabilidad de las empresas, pero sí se ha ocupado de garantizar el presupuesto destinado a sus “programas prioritarios” (que son los programas sociales y sus tres obras faraónicas). Es más, aprovechó la ocasión para ampliar la operación electoral con 50 mil millones de pesos adicionales, destinados a otorgar dos millones de microcréditos. Dichos créditos serán distribuidos, faltaba más, por los Servidores de la Nación. La improbable cobranza les permitirá dispensar favores adicionales.

El territorio sobre el que actúa esta operación no es otro que el de la geografía electoral del país. En cada uno de los 300 distritos electorales federales, sección por sección, los operadores electorales pagados con dinero público trabajan para cubrir metas de compromiso de votos. El objetivo para 2021 es alcanzar los 25 millones de agradecidos beneficiarios con credencial de elector. Si en la elección intermedia de ese año participará más o menos la mitad de los electores inscritos, un caudal electoral de tal dimensión, debidamente identificado, articulado y refaccionado con 342 mil millones de pesos anuales, podría constituir una mayoría prefabricada desde antes de que haya candidatos y antes de que empiecen siquiera las campañas electorales.

Incrementado el desempleo y el número de personas en condición de pobreza a consecuencia de la crisis, con un entorno económico incierto, los subsidios de los programas sociales se pueden convertir en el componente principal del ingreso de muchas familias, lo que para los operadores gobiernistas redundará en una mayor fidelidad electoral. Considerando esto, aquello de que la crisis le venía “como anillo al dedo” debería dejar de verse como un dislate. Es, en todo caso, un desliz que devela la estrategia de López Obrador y lo muestra como un líder que extravió el sentido social de su proyecto, que tiene una limitada noción de la emergencia que sufre la población pero, eso sí, tiene en marcha un plan para mantenerse en el poder.

El que lo consiga, claro, no dependerá solo de su radical maquiavelismo, pues enfrentará la temprana decadencia de su sexenio, las disputas de poder entre los morenistas y la propia podredumbre de los Servidores de la Nación a quienes pretendió dar una aureola épica y heroica, pero que integraron a vividores y politiqueros de baja ralea, sobre quienes pesan acusaciones de fraude contra los beneficiarios y de valerse del cargo para proyectar sus exiguas carreras políticas. Sobre todo, y lo digo desde un reducto de optimismo, ha de enfrentar a los propios beneficiarios de los programas sociales, en tanto se asuman como titulares de derecho y no simples receptores de dádivas, así como la resistencia de una ciudadanía que puede pasar del desencanto y la decepción a la revalorización del sufragio como arma democrática.

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