Cinque Terre

Luis de la Barreda Solórzano

Claudicación de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia claudicó en su misión de tribunal de control constitucional y contrapeso del Poder Ejecutivo, misión indispensable y de la más alta relevancia en un régimen democrático.

Capturados el Poder Legislativo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte era ya el único bastión contra el autoritarismo de un Presidente de la República que pretende que todo lo público se someta a sus designios y anatematiza cualquier crítica a sus medidas.

Los planteamientos del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para defender la constitucionalidad de la consulta popular propuesta por el Presidente de la República son insostenibles jurídicamente. Como lo argumentó sólidamente el ministro Luis María Aguilar, la materia de la consulta constituía un concierto de inconstitucionalidades. Junto al ministro Aguilar, otros cuatro votaron en contra de la constitucionalidad de la consulta: Fernando Franco González, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández, quienes así procedieron con dignidad admirable. Sus argumentos fueron soslayados, no rebatidos.

En un Estado de derecho no puede someterse a consulta popular la aplicación de la ley, sobre todo en un área tan delicada como la justicia penal. Si hay pruebas de que cualquier persona es probable responsable de un delito, lo procedente es presentar la denuncia correspondiente ante el órgano de la persecución punitiva para que inicie las investigaciones pertinentes. Ése es un deber indeclinable del Ministerio Público, no sujeto al voto de los particulares.

Si por votación se sometiera a procedimiento penal a cinco mexicanos por el mero hecho de que fueron presidentes de la República y llevaron a cabo políticas públicas con las que no ha estado de acuerdo el actual Presidente —contra los cuales no se han exhibido pruebas ni mencionado de qué delitos son probables autores o partícipes—, eso sería un linchamiento de los vencidos, inaceptable en un país de leyes y en una democracia. Sería un acto de venganza resentida, no de justicia. Es evidente que esa consulta habría producido un efecto corruptor sobre el debido proceso, violatorio del principio de presunción de inocencia.

Lo sabían al momento de votar los seis ministros de la Corte que aprobaron por mayoría apretadísima (6-5) la consulta. Su deber era, entonces, declararla inconstitucional sin más. En vez de eso, cambiaron la pregunta de tal manera que lo que se estará consultando es algo totalmente diferente de lo que se sometió a su consideración. La pregunta que se les envió sufrió una metamorfosis que la distorsionó como los espejos deformantes de las ferias.

El presidente de la Corte ha pretendido justificar la maniobra señalando que en la nueva pregunta ya no se mencionan nombres ni se habla de procedimientos penales, sino de actores políticos, decisiones políticas y esclarecimiento de los hechos, pero en la mente de todos los votantes —¡y en la del Presidente de la República!— estará presente que el propósito de la consulta es la pretensión de juzgar a los expresidentes, por lo que el resultado de la votación podrá interpretarse en ese sentido para “legitimar” la persecución.

La consulta será insultantemente onerosa: 8 mil millones de pesos que bien podrían emplearse, por ejemplo, en materia de salud. Y también insultantemente ridícula. Como advierte Raúl Trejo Delarbre, al preguntarse si se está de acuerdo en que se lleve a cabo un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas de los años pasados, el periodo de esas decisiones puede abarcar desde la caída de la Gran Tenochtitlán hasta la corrupción y la negligencia en el gobierno de López Obrador; al referirse a los actores políticos, es de advertirse que todos lo somos por el solo hecho de votar, por lo que podría desatarse una persecución indiscriminada, y al indicarse como objetivo garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, la justicia y los derechos quedarán sujetos a votación popular.

Como señala el diario británico Financial Times, Andrés Manuel López Obrador es el nuevo líder autoritario de América Latina. Por eso nos hace falta más que nunca una Suprema Corte digna y autónoma. Es muy triste que nuestro máximo tribunal haya cedido a la voluntad del Presidente.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 08 de octubre de 2020. Agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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