Por el mundo rondan ya los modelos de ciudadanía digital, cada vez más extendidos y con mayor alcance. En el próximo G20 de Osaka, en Japón, se propondrán los principios de lo que debe ser el Gobierno de Datos. El objetivo es homologar el alcance, responsabilidad, compromisos y limites, que debe tener un gobierno con respecto al manejo de información y datos.

Ciudadanía digital es la forma en que los gobiernos ponen los recursos necesarios y suficientes para que la población ejerza sus derechos y obligaciones plenos haciendo uso de tecnología de la información y comunicaciones. No está limitado a internet, aunque sea el medio con más alcance y formatos de información para cumplir con estas funciones.

Es importante recalcar que no solo es la posibilidad de hacer trámites con validez oficial aprovechando los medios digitales. Es la posibilidad de configurar los recursos que sustenten válidamente la identidad de los ciudadanos y su relación con el gobierno en todas las formas y niveles.

Y además, con tecnología interconectada e interoperante, es decir, que las plataformas tecnológicas de las distintas dependencias e instituciones de gobierno compartan información, estén conectadas y puedan operar sin límites entre ellas.

Donde la relación entre ciudadanía digital encuentra un vínculo con los gobiernos de datos en un área por demás sensible, es en el ejercicio de los derechos y obligaciones electorales. El voto electrónico alrededor del mundo ya ha mostrado sobradamente sus deficiencias.

Los compromisos de un gobierno de datos

En el G20 se presentará la propuesta de los compromisos y obligaciones que debe respetar un gobierno basado en datos:

1. Dar a la sociedad la posibilidad de hacer elecciones informadas acerca de cómo son generados los datos, como son utilizados, y donde, como y con quién son compartidos. Esto no se limita a las instituciones y dependencias de gobierno, sino también con los particulares.
2. La obligación de la protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad, la penalización de su vulneración, y proveer los recursos para su buen resguardo.

3. Ser vinculante con la industria e iniciativa privada de manera que se mantengan dentro de los límites legales en el resguardo, compartición, uso y explotación de los datos que recolectan.

Además, el gobierno de datos debe considerar que el mundo interconectado no conoce fronteras, por lo que los nuevos riesgos deben evaluarse a partir de la jurisdicción que le compete, pero con alcance global.

Es por eso que los marcos jurídicos, legales y operativos de un gobierno de datos deben prever las formas en que la información digital fluye libremente más allá de las delimitaciones geográficas.

Y así como para el gobierno local al proveer los recursos para sustentar un modelo ciudadanía digital debe considerar tecnología interconectada e interoperante, se debería tener la visión para además participar del gobierno de datos global y que a su vez esta tecnología cumpla con estándares internacionales.

¿Y los derechos?

Es aquí donde se concibe el acceso a internet como un derecho humano, para el ejercicio de la ciudadanía digital. Es así, que los gobiernos se comprometen a proveer los recursos para ello, aunque eso implique la creación de una empresa de internet del estado, lo cual no es precisamente lo ideal.

De otra forma, solo se estaría creando una nueva forma de discriminación.

El gobierno debe garantizar a los ciudadanos digitales transparencia y precisión en la información y el manejo de datos. Pero especialmente se deben marcar claramente a los responsables de la seguridad e integridad de la infraestructura de los sistemas que lo hagan operar, porque la privacidad debe ser un derecho de alta prioridad de un gobierno basado en datos, sobre todo con los datos personalmente identificables de los ciudadanos.

Si el responsable, proveedor de tecnología e infraestructura es un privado, se debe tener pleno conocimiento con apego a la transparencia, sobre sus accionistas y participaciones en otros países.

Todo, claramente manifestado en los marcos jurídicos y legales que se formen para reglamentar su operación. La formación de estos marcos jurídicos y legales que rijan a un gobierno de datos deben tener alcance y visión con referencia a leyes y regulaciones nacionales e internacionales, pero además con el reto de la formación de nuevas leyes y regulaciones aun no existentes.

¿Y México?

Escrito lo anterior, en el contexto local actual ¿parece lejano? Tal vez. En parte porque México enviará al G20 una comitiva en representación que solo llevará una carta, perdiendo la posibilidad del dialogo entre pares con los líderes de los países asistentes.

Pero es apenas oportuno empezar a tomar conocimiento de estos temas, su alcance, e implicaciones, considerando que ya hay una iniciativa de ley de ciudadanía digital en el congreso mexicano.

De otra manera, aquello que resulte de esta iniciativa ¿cómo se distinguirá entre un ejercicio de gobierno de datos y ciudadanía digital, de un ciberregimen? De esto, la próxima semana.

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