miércoles 27 marzo 2024

El chayote en tiempos de la 4T

por Antonio Medina

Ahora resulta que una manera de cooptar a los medios por parte del gobierno actual, será dejar de usar los tiempos oficiales en los espacios de comunicación electrónicos, que permiten el uso diario de 18 minutos en televisión y otros 35 minutos en radio, como una manera de pagar los impuestos en especie, que al no ser ingresados a la Hacienda pública con dinero, son usados por las instituciones del Estado mexicano para informar sobre temas educativos, culturales y de interés social.

Esta estrategia de López Obrador, que informó el pasado viernes 2 de abril en su conferencia mañanera, a todas luces busca congratularse con los empresarios de los medios y contener la crítica a su gobierno. Es una forma de darles chayote o embute, no a los periodistas o reporteros de a pie, ni a quienes opinan en los medios, sino directamente a las familias que han lucrado históricamente con concesiones de radio y televisión sin desembolsar pago alguno por el usufructo del espacio radioeléctrico.

El beneficio que tendrían los monopolios como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Multivisión, La Octava y otras cadenas de radio vinculadas a las televisoras, sería que esos tiempos los podrán comercializar las empresas, y una vez puesto en marcha el decreto del presidente, además, todos los spots que difunda el gobierno federal los pagará a las empresas como cualquier otro cliente.

Es decir, el gobierno, que antes no pagaba por la difusión gracias a los tiempos fiscales, ahora deberá invertir grandes cantidades de dinero para ello, favoreciendo a los abusivos concesionarios de la radio y la televisión que siempre han salido beneficiados sexenio tras sexenio sin importar el signo partidista o ideológico de quien ocupe la silla presidencial.

Como ejemplo de esta medida, un spot de 30 segundos en Radio Fórmula cuesta 830 mil pesos de acuerdo a sus tarifas vigentes difundidas en su página de Internet. El gobierno federal usa en promedio 7 minutos diarios en su estación de mayor impacto. Es decir, si se ejecuta el generoso obsequio del presidente a los medios concesionados, sólo esa radiodifusora en su estación más popular tendría una ganancia diaria de 11 millones 620 mil pesos por 14 spots de 30 segundos del gobierno federal.

En el caso de la televisión comercial con impacto nacional, en promedio un punto de rating está cotizado en 200 mil pesos, es decir, si un spot de 30 segundos se difunde en horario triple A, que es cuando se transmiten los noticiarios nocturnos de TV Azteca o Televisa (que en promedio tienen 20 puntos de rating), el gobierno federal pagará de nuestros impuestos 4 millones de pesos sólo por ese spot.

Esta decisión unilateral del presidente, a decir de expertos en medios de comunicación, es totalmente anticonstitucional debido a que no puede ser ejecutada mediante un decreto desde el Ejecutivo, ya que esos beneficios fiscales están precisados en la Ley Federal de Radio y Televisión desde 1969 y es el poder legislativo quien debe reformar, en todo caso, si se deroga o se modifican los criterios de dicha ley. Pero el presidente, que ya hizo costumbre sacarse de la manga decretos autoritarios y desconocer a los otros poderes del Estado, no dimensiona los efectos económicos de su propuesta en un momento en que hay una emergencia nacional en salud, desempleo desbordado y cero crecimiento económico que se agudiza con el desplome del costo internacional del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar.

Ahora bien, si el presidente sí dimensiona el costo de su propuesta, seguro ponderó la conveniencia personal de tener contento al empresariado de los medios para que dejen de criticarlo y mantengan su imagen en positivo lo que resta de su gobierno. Los cálculos matemáticos y financieros valieron menos al presidente que los cálculos políticos, electorales y clientelares que significará ese dispendio económico.

Con esta acción, Andrés Manuel López demuestra que no se ha conformado con que algunos comunicadores hayan sido corridos por ser hostiles a la 4T en televisoras, radiodifusoras y periódicos, como Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo (Brozo), Carlos Marín, que fue destituido de la dirección editorial de Milenio, o Sergio Sarmiento que fue corrido de Radio Centro. Han tenido la misma suerte periodistas que osaron cuestionar al presidente en periódicos como El Universal y La Razón.


El presidente desea que los medios comerciales concesionados sigan la misma lógica de medios públicos como Canal Once, Canal 14 o Canal 22, en los que su postura editorial está enfocada a vanagloriar al presidente con “intelectuales” y “periodistas” orgánicos de la 4T como Fabrizio Mejía Madrid, Jonh Akerman, Sabina Berman, Epigmenio Ibarra, Estefanía Veloz, Hernán Gómez, Lorenzo Meyer, Gibrán Ramírez Reyes y algunos moneros liderados por Rafael Barajas, El Fisgón, de La Jornada, quienes sin pudor alguno son leales promotores de la imagen del presidente y defensores a ultranza de todo lo que la 4T haga o proponga.

Esta medida del presidente, opina la Asociación Mexicana de derecho a la Información (AMEDI), afecta la libertad de expresión al limitar la pluralidad de voces en los medios concesionados. Y tiene razón la AMEDI, pues al estar cooptados los dueños de los medios comerciales, se verá limitada la posibilidad de que accedan al espectro radioeléctrico voces plurales y críticas al gobierno; como resultado de ello, la sociedad sólo verá y escuchará voces favorables que defiendan sin cuestionar las decisiones del presidente López Obrador y su gobierno.

Es de esperarse que esta iniciativa sea detenida por el poder legislativo y judicial, en beneficio de la libertad de expresión, la defensa de las finanzas públicas y a favor de tener medios plurales, que este gobierno quiere limitar autoritariamente a como dé lugar.

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