Cinque Terre

Nicolás Alvarado

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Periodista

Cavilaciones y vacilaciones de un demócrata

El objetivo, me digo, es frenar la destrucción activa de la democracia, entendida como Estado de derecho, observancia de la Ley, división de Poderes, instituciones fuertes y condiciones de equidad en la competencia electoral con un árbitro electoral autónomo e imparcial. Lo que queremos es vivir en un país donde no sea un solo hombre quien decida quién puede contender y determine si el árbitro electoral es confiable, en que un presunto delincuente no pueda postularse a una gubernatura, en que los contendientes estén obligados a observar de manera irrestricta la Ley. El objetivo es claro. Pero los caminos que conducen a él son múltiples.

Cavilo.

Vacilo.

Existen problemas de origen en la legislación electoral vigente, que han quedado de manifiesto con la polémica por la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Es reprobable que una persona que enfrenta acusaciones penales pueda presentarse a un cargo; el asunto se agrava cuando no puede ser juzgada por causa de la inmunidad constitucional que le garantiza la serie de investiduras de que ha gozado a lo largo de los años. Es asignatura pendiente, y seguirá siéndolo pues resulta inconcebible promover una reforma electoral cuando ese candidato no sólo pertenece al partido del presidente sino que goza de su apoyo irrestricto, y cuando éste y sus aliados cuentan con mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Doug Thompson / ShareAmerica

Resulta, sin embargo, que el candidato en cuestión ha violado una disposición legal: la que lo obligaba a reportar gastos de precampaña, a la sazón por poco menos de 20 mil pesos. La sanción que prevé la Ley no hace distingo del monto y supone la cancelación de la candidatura. ¿Me parece una buena Ley? No: pero es la que hay, toca cumplirla, y toca en suerte al Consejo General del INE determinar si procede su aplicación.

Aquí se abrían dos vías para proceder:

  1. El INE habría podido hacerse de la vista gorda, no aplicar la Ley, y permitir que la candidatura de Salgado Macedonio siguiera adelante. El costo habría sido doble: en lo moral, permitir que ese presunto delincuente contendiera; en lo legal, violar una disposición que, por absurda o desproprcionada que resulte, hoy es Ley. El beneficio habría sido uno, pero no menor: cuando el presidente y su partido buscan argumentos para destruir el INE, hacer inargumentable la supuesta parcialidad del árbitro electoral, dejarlos sin municiones, reducir la presión política.
  2. La que, en efecto, sucedió: aplicar la Ley y retirar la candidatura. En este escenario, lo doble son los pros: no sólo la legalidad fue observada sino, que en términos prácticos –y, otra vez, morales– un presunto violador se quedó sin vía para ser gobernador. El costo, sin embargo, es gigantesco, como se ha visto en las últimas horas: el partido del presidente llamando a la “resistencia pacífica” –cualquier cosa que ello pueda significar en el léxico de los artífices del plantón de Reforma–, el presidente mismo calificando la observancia de la Ley como “atentado a la democracia” y amenazando con (ab)usar (de) su mayoría legislativa para renovar el Consejo General del INE, la mesa puesta para la construcción de una narrativa de descalificación del árbitro que abra paso al cuestionamiento de todo resultado electoral que no beneficie al partido en el poder y posiblite su destruccción institucional.

Cavilé. Vacilé. Y resolví. Si lo que defendemos es la legalidad, el INE hizo bien en aplicar la Ley, por adverso que esté resultándole ese acto. Lo hizo con la legitimidad que le da basarse en una legislación que –¡oh, paradoja!– es iniciativa de Morena, como bien lo advierte Sergio López Ayllón en su columna “El Toro contra el INE”, publicada en Milenio este 14 de abril.

Entre la espada de la política y la pared de la Ley, el INE fue congruente y apostó por la legalidad que debe constituir su esencia. Toca salir en su defensa hoy. Y tocará hacerlo con vehemencia aún mayor a partir del 7 de junio.


IG: @nicolasalvaradolector

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