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Rafael Hernández Estrada

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Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.

Caso Servidores de la Nación: AMLO al banquillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue puesto en el banquillo de los acusados por cuatro sentencias que dictó el máximo tribunal electoral el último jueves de marzo, a pocos días del inicio de la campaña electoral 2021. A reserva de conocer el texto de dichas resoluciones (que hasta la entrega de esta colaboración no habían sido notificadas ni publicadas), el sentido de las mismas puede significar un viraje de la conducta obsequiosa y servil que ese tribunal había mantenido con el Ejecutivo desde el inicio del actual sexenio.

En la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizada el 31 de marzo,  las magistradas y los magistrados realizaron expresiones y votaciones que, corroboradas después mediante sendos boletines de prensa de la oficina de Comunicación Social de ese órgano, dan pie a considerar lo anterior por el sentido de las siguientes resoluciones.

En el caso “Servidores de la Nación” (expediente SUP-REP-2/2020), la Sala Superior del TEPJF confirmó la sentencia previa de la Sala Regional Especializada (SRE) por medio de la cual ésta resolvió la queja que el Partido de la Revolución Democrática presentó en agosto de 2019.  En dicha sentencia, dictada el 27 de diciembre de aquél año, la SRE señaló a 56 integrantes de esa estructura burocrática, entre superdelegados y coordinadores regionales, como infractores del artículo 134 constitucional por hacer uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada, por desacato a las medidas cautelares del INE y por violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

A la vez que el TEPJF confirmó en lo general esta sentencia, la revocó en la parte en que exime de las infracciones mencionadas al presidente de la República, a la titular de la Secretaría de Bienestar, a la subsecretaria de esa dependencia y al coordinador general de los también llamados “vividores de la nación”.

Esto lo demandó el PRD en el recurso legal que interpuso y que debió esperar, inexplicablemente, un año y tres meses para que fuera resuelto. A consecuencia de esta revocación parcial, la Sala Superior del TEPJF ordenó a su subalterna revisar la responsabilidad de López Obrador y de su círculo cercano en las transgresiones mencionadas, con base en las miles de pruebas que fueron aportadas por el denunciante y que están en el expediente respectivo.

En la sentencia del caso “Informes presidenciales de 2019” (expediente SUP-REP-142/2019 y acumulado), el TEPJF resolvió que el informe de los primeros 100 días de gobierno de López Obrador y el llamado AMLO Fest realizado en julio de 2019, fueron actos de propaganda gubernamental disfrazados de “informes”, por lo que se debe responsabilizar primero a su actor y, después, a los concesionarios que los transmitieron.

En otra sentencia el TEPJF revocó la resolución de la SRE en la que ésta había exonerado al Ejecutivo Federal por el proselitismo electoral descarado que hizo en sus conferencias mañaneras de finales del año 2020 (SUP-REP-69/2021). La Sala Superior invalidó tal absolución y ordenó una revisión exhaustiva del caso.

Finalmente, en los expedientes SUP-REP-139/2019 y acumulados, el TEPJF emitió criterios respecto de las responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios por la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas y hasta el día de la jornada electoral. Al retomar los Lineamientos del INE que hace pocas semanas el propio TEPJF había anulado indebidamente, ahora estableció que la difusión de propaganda gubernamental está prohibida durante las campañas electorales, que la información relativa a educación, salud y protección civil deberá tener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política, personalizada, electoral, logros de gobierno o que emitan información dirigida a incidir en las preferencias electorales.

Estas cuatro sentencias pueden constituirse en una trascendente contribución del TEPJF para que la actuación de López Obrador y la de todos los actores políticos se circunscriba a lo que manda la Constitución. A la vez, representan una importante victoria jurídica de la oposición, principalmente del PRD, pues es éste el que llevó la iniciativa para denunciar las conductas del gobierno federal que transgreden los principios constitucionales de efectividad y libertad del sufragio, de equidad en la contienda electoral y de imparcialidad obligatoria de los servidores públicos.

Cincelada: a Raúl Morón Orozco le falló su contador y le fallaron también los abogados de Morena, que pusieron en la apelación que era candidato de Guerrero y no de Michoacán (¡!).


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